La denuncia presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en contra del expresidente Horacio Cartes motivó todo tipo de reacciones en redes sociales, entre ellas burlas, críticas y análisis de la situación planteada.
En este último grupo, la directora de la Justicia Electoral (TSJE), María Teresa Peralta, expuso un análisis en varias publicaciones seguidas (hilo) en su cuenta de Twitter y se basó en que el expresidente es hoy un ciudadano más en la República del Paraguay y la denuncia de Giuzzio se basamentaría en información relacionada a las actividades financieras del señor Cartes y sus empresas, todas ellas protegidas bajo el secreto bancario.
Explica la señora Peralta que esto constituiría una grave violación de derechos individuales y, lo más grave, por motivos políticos, por lo que esta acción ejecutada por Giuzzio estuvo precedida de una reunión secreta entre él y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien se encuentra en plena campaña electoral de su precandidatura presidencial.
Abusos de órganos de seguridad y control financiero
“Esto es terrorismo de Estado y persecución política, mediante el abuso de los órganos de seguridad y de control financiero del Estado, por lo que la denuncia penal respectiva deberá requerir el cruce de llamadas entre el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro del Interior y el titular de Seprelad, y así mismo que Giuzzio revele el origen de la información”, publicó.
La directora del TSJE agregó que “la utilización de los organismos de control estatal para persecución de adversarios políticos amerita activar el mecanismo del juicio político”.
Profesionales del derecho y otras áreas, así como políticos señalaron el desatino de Giuzzio al no realizar la denuncia ante el Ministerio Público y hacerlo ante un organismo más administrativo que investigativo como la Seprelad. Esto llamó la atención de todos, ya que supuestamente el ministro del Interior debería estar al corriente de estos procedimientos por haber sido agente fiscal antes de asumir como director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).