El abogado Carlos Palacios, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, consideró que la denuncia presentada por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es un verdadero desatino, porque la citada institución no tiene entre sus funciones recibir denuncias penales de particulares.
Agregó que “la Ley 1015 y sus modificaciones solo le otorgan a la Seprelad la función de recibir reportes de operaciones sospechosas por parte de los denominados sujetos obligados, entre los que se cuentan a las instituciones bancarias, financieras, casas de cambio, inmobiliarias y otras, pero no están incluidas las personas físicas, salvo las que se dedican habitualmente a la intermediación financiera”.
En ese sentido, el profesional de Derecho comentó que sin embargo Giuzzio aclara en su escrito que formula la denuncia ‘a título personal’, lo cual de entrada descalifica su presentación por su notoria improcedencia, revelando así su fin puramente político y mediático.
También indicó que la labor de la Seprelad no es recibir denuncias de particulares sobre supuestos hechos punibles. “Su función consiste en analizar, a través de su unidad de inteligencia financiera, los reportes de operaciones sospechosas recibidos de los sujetos obligados y solo cuando determine que existen indicios vehementes de hechos relacionados con el ámbito de aplicación de la ley, eleva los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie la investigación correspondiente”, explicó.
Seguidamente, el abogado acotó que en su escrito Giuzzio reitera las mismas consideraciones que había mediatizado sobre la supuesta falta de consistencia de las DDJJ presentadas por el expresidente Cartes, pero la Seprelad tampoco es el órgano competente para realizar el examen de correspondencia de las declaraciones patrimoniales presentadas por los funcionarios públicos, porque esto compete exclusivamente a la Contraloría General de la República.
“Pedir a la Seprelad que analice si los ingresos del expresidente se compadecen con su crecimiento patrimonial es tan absurdo y desacertado como solicitar que la Contraloría audite las operaciones sospechosas reportadas a la Seprelad por una entidad financiera. No tiene competencia para hacerlo”, expresó el abogado Carlos Palacios.
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Asimismo, sostuvo que el expresidente responderá, como es su obligación y la de todo exfuncionario público, a todos los requerimientos que reciba de los órganos competentes respecto a sus DDJJ, presentando las documentaciones que le sean requeridas.
“Como se explicó, todos sus ingresos provienen de inversiones financieras y de capital en sociedades comerciales absolutamente transparentes y preexistentes a su incursión en la política y son perfectamente verificables”, enfatizó el representante legal del exjefe de Estado.