Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

Te puede interesar: Gobierno libera peajes del MOPC este Miércoles Santo y Domingo de Pascua

Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Leé también: Congreso Nacional declara asueto para el Miércoles Santo

En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

El proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, cuenta con el dictamen a favor de su aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados. Además de la declaración de emergencia, también se amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, el pasado jueves se incluyó en el orden del día de Diputados, fue debatido y tuvo una mayoría a favor, sin embargo, al momento de la votación la sesión extraordinaria quedó sin quórum por lo que el proyecto no pudo ser sancionado.

Te puede interesar: Nueva ley de patentes espera definición del Ejecutivo: “Hicimos una ley previsible”, afirma diputado

El documento podrá ser analizado recién después de la Semana Santa, ya que en estas fechas no se realizará la sesión ordinaria de los días martes, y se aguarda que al momento de ser tratado ya quede sancionado y pase al Poder Ejecutivo.

“Estos eventos climatológicos han causado daños económicos y sociales significativos; y han impactado severamente en las familias y comunidades indígenas, especialmente, según refieren los impulsores de la normativa. Entre los principales aspectos impactados se menciona la infraestructura vial; el comercio; la agricultura; la ganadería; así como otros rubros productivos”, refiere la mención de la Cámara Baja.

De sancionarse la declaración de emergencia, con el respaldo de ambas Cámaras del Congreso Nacional, dentro del marco de la Ley N° 2.615/2005, se podrá coordinar de manera eficiente y rápida las acciones necesarias para mitigar la situación descrita, según informó el organismo asesor.

Leé también: Diputada paraguaya acompaña elecciones en Ecuador

El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.

“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.

Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.

Te puede interesar: Venta de asfalto: afirman que Ostfield ignoró hechos de corrupción de Mario Abdo

“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.

Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.

“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.

Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.

Leé también: Oposición reducirá listas para la junta capitalina, dice diputada

La campaña agrícola 2024/2025 se desarrolla en un contexto complicado, marcado por la sequía, y el panorama incierto se mantiene para los cultivos de segunda (zafiña) y los alternativos. Esto coloca a los productores en una situación difícil para cumplir con sus compromisos y continuar invirtiendo en sus campos, es por eso que el desarrollo de instrumentos y herramientas de apoyo financiero se vuelve fundamental, manifestaron desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

“El acceso a soluciones financieras adecuadas representa un paso crucial para incluir plenamente en el sistema productivo a quienes alimentan el país y el mundo”, señalaron. Además de ofrecer herramientas para enfrentar crisis y planificar el futuro para el sector, resulta necesario trabajar en la eliminación de barreras estructurales como las altas tasas de interés, los trámites complejos, falta de garantías y el escaso conocimiento financiero que aún limitan la capacidad de inversión y modernización en el rubro.

Unos G. 30,3 billones alcanzó la cartera de créditos para el sector agrícola en el año 2024, según mencionaron, ocupando la mayor cuota el 17,7 % y la morosidad bajó al 1,1 %. Asimismo, G. 13,8 billones registró la cartera crediticia del sector ganadero y la morosidad se situó en 1,4 %.

Puede interesarle: Semana Santa: posadas turísticas ya reportan reservas del 70 %

El gremio recordó que a finales de enero, el Banco Central del Paraguay (BCP) adoptó medidas transitorias de respaldo al sector productivo, tales como la renovación, refinanciación o reestructuración de préstamos, sin que estas operaciones afecten negativamente la calificación crediticia de los beneficiarios.

Además, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) puso en marcha el programa de renegociación agropecuaria, el cual está orientado a asistir a los productores agrícolas y ganaderos afectados por la sequía. “Esta iniciativa contempla un financiamiento de hasta USD 500.000 por prestatario final, con un plazo de hasta siete años y un período de gracia de hasta un año”, indicaron.

Dicho programa estará vigente hasta el 31 de julio de este 2025 y los productores interesados podrán acceder a los planes través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) habilitadas por la AFD. Para calificar, no deben registrarse operaciones vencidas por más de 60 días al 31 de diciembre de 2024.

Lea más: Alianza entre supermercados y bancos en rebajas por Semana Santa genera doble beneficio