El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, adelantó que se implementarán cambios “radicales” en la institución el próximo año. El legislador mencionó que estos cambios tienen que ver con la disminución de las direcciones generales y la reestructuración de recursos humanos.

“Va haber cambios radicales para el año que viene en el Senado de la Nación, estamos trabajando para reestructurar los recursos humanos para que desaparezcan las casi 250 direcciones y nos quedemos con 30 direcciones generales, apartar los que tienen oficio, los que tienen profesiones”, dijo en conversación en la 1020 AM.

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Sostuvo que están trabajando con otros legisladores de diferentes bancadas para presentar un proyecto en el cual se pueda establecer una carrera legislativa, esto teniendo en cuenta la superpoblación en la institución legislativa.

“Estamos trabajando con varios senadores de diferentes bancadas y queremos eso ofrecer después en el marco de una ley de carrera legislativa o un reglamento de una carrera legislativa, nosotros no nos vamos a quedar atrás”, adelantó el senador.

Por otra parte, ya en conversación con diferentes medios de comunicación, informó que propondrá a sus colegas eliminar cupos de combustible y seguro médico VIP del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Adelantó además que la bancada de Honor Colorado estudiará eliminación de estos beneficios.

“El sentir de la mayoría de los colegas de diferentes bancadas es dejar sin efecto lo que había aprobado la bicameral con respecto al seguro para los parlamentarios y el aumento que se tenía previsto, y también los combustibles”, sentenció.

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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

• Unidad de Investigación Nación media

“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

“La ciudadanía necesita saber que pasó. Dejemos que la Justicia haga su trabajo y que el Ministerio Público pueda dilucidar qué pasó”, manifestó el presidente de la República, Santiago Peña, este viernes, consultado por los medios de comunicación durante un acto oficial en el Palacio de López, sobre el caso del diputado Eulalio Gomes, quien falleció durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.

“Esto se encuentra en el campo judicial, acá hay una investigación fiscal. Todos queremos saber qué pasó. Él nos acompañó en este periodo, no fue electo por el movimiento Honor Colorado, pero trabajamos juntos, fue una persona que colaboró mucho con la gestión del Poder Ejecutivo”, indicó el mandatario.

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De similar manera se había manifestado el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, respecto a la importancia de esperar los resultados de la investigación judicial en curso y evitar sacar conclusiones prematuras respecto al procedimiento realizado en agosto pasado.

El jefe de Estado había expresado, hace tres meses, su plena confianza en las instituciones de seguridad afirmando que los protocolos policiales se cumplieron. El caso volvió a ser noticia ayer jueves debido a las dispari­dad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investiga­ción Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas prac­ticadas a Gomes.

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