La bancada de Honor Colorado de la Cámara de Diputados adelanta su apoyo a la Ley de Emergencia Sanitaria, pero no así a la contratación de personal de salud de forma excepcional en año electoral.
El diputado Basilio Núñez, líder de la bancada, explicó que siempre estuvieron de acuerdo con la compra de vacunas y la cobertura de los pacientes con COVID-19 en los hospitales públicos y privados. Sin embargo, se niegan a que el Ministerio de Salud tenga la discrecionalidad para contratar a personal de salud.
“Estaríamos aprobando pero con modificaciones”, indicaba el diputado en contacto con la 1020 AM. Esta postura ya se venía manejando, ya que en ningún momento se negaron a la idea de apoyar esta legislatura.
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Los puntos principales que van a aprobar son “el tema del pago a los sanatorios privados y también el tema del pago a suspendidos de IPS”, añadió. Esta normativa fue compuesta en la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo no presentó ningún proyecto formal o un plan estratégico para esta crisis sanitaria.
En su momento desde la bancada oficialista recriminó el retraso en el tratamiento, porque alegaban que sin la normativa no se podría adquirir más vacunas. A esta postura, el diputado respondió que “acá ningún legislador va a ser culpable de que falten vacunas. Tengo información de que en el Ministerio de Salud hay vacunas”, añadió.
La ley tiene como finalidad la compra de vacunas y la extensión de los convenios entre Salud Pública y los sanatorios privados. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, de fecha 13 de enero del 2022.
Otro de los puntos del proyecto autoriza al Ministerio de Salud y al Instituto de Previsión Social (IPS), Hospital de Clínicas, Hospital Militar y al Hospital Rigoberto Caballero de la Policía Nacional a realizar contrataciones para reemplazos en caso de renuncias, muertes o jubilaciones del personal de salud (de blanco y de apoyo), también hasta el 31 de marzo del 2022.
El proyecto de ley es tratado esta mañana en sesión extraordinaria de la Cámara Baja junto a la iniciativa que declara emergencia por sequía.
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