El diputado Saúl González presentó el proyecto de ley que establece la creación del Programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos graves y manifiestos. La propuesta será remitida a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Baja para sus dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.

La iniciativa estipula una pensión mensual equivalente al 70 % del salario mínimo legal vigente, financiado por el Estado, con una duración de 10 años. En casos en que hayan quedado con un grado de discapacidad del 33 % o más, el beneficio se extendería de por vida.

En la exposición de motivos, el legislador colorado refiere que el proyecto surge como respuesta a las graves secuelas físicas y psicológicas que sufren estas mujeres, “las que muchas veces quedan en condiciones de vulnerabilidad, con discapacidades permanentes, y enfrentando barreras significativas para su reinserción laboral y social”.

A diferencia de la normativa 7349/2024, Que establece pensiones para hijas, hijos y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio”, la iniciativa apunta, directamente, a las víctimas sobrevivientes. “Muchas de estas mujeres quedaron con las manos amputadas, con rostros desfigurados, con dificultades motrices severas. Son secuelas físicas graves y manifiestas que afectan, profundamente, su calidad de vida y su derecho a una vida digna”, refirió González.

Se establece además que el Ministerio de la Mujer será la institución responsable de administrar el programa de apoyo económico, así como de evaluar las solicitudes y verificar los certificados médicos presentados por las víctimas.

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Mientras que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad certificará los casos con discapacidad, y el Ministerio de la Defensa Pública actuará en los casos en que las víctimas no puedan ejercer plenamente sus derechos.

“Esta es una deuda pendiente del Estado con las víctimas directas de una de las expresiones más extremas de violencia de género. No podemos seguir amparándonos solo en discursos: es hora de garantizar apoyo real, integral y sostenido”, comentó González.

En su planteamiento, el legislador expone un estudio publicado en la Revista Jurídica del Poder Judicial, que revela que solo el 24 % de las denuncias de violencia contra la mujer al amparo de la Ley n.° 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, culmina en una condena, lo cual refleja, según entiende el diputado, la fragilidad del sistema de protección actual.

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El diputado Alejandro Aguilera se refirió a la alianza entre el exmandatario Mario Abdo Benítez y el exembajador de Estados Unidos Marc Ostfield para atacar políticamente al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, con la finalidad de impulsar una agenda de alternancia basada en mentiras y arbitrariedades.

“Desde todo punto de vista, es repudiable la siniestra intromisión que ejerció Ostfield en la política interna del Paraguay, poniendo en peligro la democracia en nuestro país cuando quiso alterar el proceso eleccionario paraguayo, querer descabezar al principal líder del Partido Colorado, Cartes, y descabezar al candidato oficialista a la presidencia de ese entonces, Hugo Velázquez”, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Las afirmaciones de Aguilera surgen tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. El informe confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía de Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.

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En el informe elaborado por Ostfield, se puede observar como ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas Aldia S.A. y Createc S.A lograron con el negocio del asfalto, en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19.

“Tanto en el caso de Cartes y Velázquez no hay un solo elemento de prueba de lo que se les acusa. Y puedo afirmar también que los cipayos que apoyaron esa intervención extranjera afectando los intereses nacionales, la historia los juzgará”, arremetió Aguilera.

La gran farsa de Ostfield y Abdo Benítez no solo golpeó a Cartes, sino que también asfixió los ingresos fiscales. Las sanciones económicas impuestas al expresidente de la República terminaron extendiéndose a Tabacalera del Este S.A. (Tabesa). De esta forma, la empresa, de ser la mayor aportante al fisco del sector privado con USD 40 millones en el año 2022, tras las sanciones de la OFAC, redujo su participación a USD 7 millones en el año 2024.

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“El daño al Paraguay con estas sanciones injustas fue en todos los ámbitos, en lo económico, en lo social y a nivel internacional”, señaló el senador colorado Derlis Maidana en relación a la alianza entre Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield.

En comunicación con La Nación/Nación Media Maidana señaló que las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano a Cartes y a sus empresas “cortaron las posibilidades de mayor inversión en el Paraguay, ya que la situación de manipulación generó una inseguridad jurídica a empresarios que miraban al país como apto para la inversión”, expresó.

El parlamentario resaltó que afortunadamente se está recuperando la confianza de los inversionistas extranjeros gracias a la decisiva gestión de la diplomacia presidencial, que actualmente está llevando adelante el presidente Santiago Peña.

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“El daño que tuvo Paraguay se basó en una acusación injusta y temeraria, resultado de una evidente intervención manipulada desde el poder”, remarcó y agregó que las sanciones establecidas por el gobierno norteamericano estuvieron basadas en procesos injustos y sustentadas en documentos con contenidos falsos.

“Han causado un daño inmenso a los empresarios paraguayos que aportaban al fisco y que hacían crecer la economía del país. Dejaron sin empleo a trabajadores honestos que mantenían sus familias”, lamentó.

Finalmente, sostuvo que si no se corrige el rumbo de esta situación, se estará sentando un precedente nefasto para el Paraguay. “Debemos replantear las conversaciones con los nuevos protagonistas, que fuera del odio y la manipulación defiendan a las empresas paraguayas y sus trabajadores, así como la soberanía de la República y el Estado de Derecho”, concluyó.

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“El objetivo de algunos medios y la oposición es la fractura entre la conducción nacional y el Partido Colorado, pero esto no existe”, dijo el senador Silvio “Beto” Ovelar, sobre la campaña de sabotaje que enfrenta el presidente de la República, Santiago Peña. Los ataques no se limitan contra el gobierno del economista, sino que también alcanza a su base de sustento político, la agrupación tradicional y su titular, Horacio Cartes.

“El presidente Peña se ha convertido en un stand de tiros especialmente por parte del grupo Abc. El Comando del movimiento Honor Colorado le sigue dando total respaldo a Peña”, manifestó en una entrevista con los medios de comunicación.

Los ataques sistemáticos son desplegados principalmente por el medio perteneciente a la familia Zuccolillo y Última Hora, según las denuncias realizadas por el entorno político del mandatario, quienes constantemente alegan que no ejercen el papel de una prensa crítica, que señala problemas e impulsan el debate sobre posibles soluciones, sino que falsean con alevosía los hechos de la realidad y permanentemente buscan crear un clima de inestabilidad.

“Mientras Peña responda al cartismo será objeto de todo tipo de ataques, esta es una confrontación abierta. Siempre habrán excusas para que estos medios disparen contra el presidente y esto no lo vamos a poder evitar ya que es una guerra desatada, que no tiene tregua”, comentó.

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Entre las campañas colosales de manipulación de la información lanzada por ambos medios días atrás en forma coordinada guarda relación con un supuesto conflicto de intereses cometido por el jefe de Estado, en su anterior vínculo empresa­rial con ueno Holding.

Esta artimaña es acompañada fuertemente por los parlamentarios de la oposición y del abdismo, quienes plantean someter a Peña a un juicio político. “Las denuncias contra el presidente forman parte de un esquema bien armado”, sentenció Ovelar.

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