A fines de noviembre del año pasado, el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, se encontraba inmerso en una frenética y extemporánea campaña electoral, intentando posicionarse como precandidato presidencial oficialista para el 2023 y con mucho de populismo realizaba promesas que difícilmente podría llegar a cumplirlas.
Entre tantos reclamos sociales que, casualmente Velázquez comenzó a notar, luego de años de indiferencia como vicepresidente, apareció un compromiso de destinar recursos del Estado para el pago de las indemnizaciones a un grupo de exobreros de Itaipú, asegurando que él mismo se encargaría de las gestiones que fueran necesarias. “¡Tráiganme la lista!”, expresaba Velázquez en aquel entonces.
Comunicado de Itaipú
Un comunicado de la administración de la Itaipú Binacional aclaró que los extrabajadores de empresas contratistas y subcontratistas de obras, así como los locadores y sublocadores de servicios, nunca formaron parte del cuadro propio de empleados de la binacional, descartando de esta manera cualquier vínculo laboral con este grupo de personas.
Se recordó además que este mismo pedido fue rechazado en ambas cámaras del Congreso Nacional en el 2013, cuando fue presentado un proyecto de ley que intentaba lograr ese reconocimiento.
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Pedido rechazado en la CSJ
La entidad binacional siempre sostuvo una misma postura institucional con relación al tema de extrabajadores de empresas que prestaban servicios tercerizados a Itaipú y todas las demandas presentadas en su contra, sobre este tema en particular, fueron rechazadas una y otra vez por la Justicia en todas las instancias, incluso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Estas resoluciones, a la fecha, tienen el efecto jurídico de cosas juzgadas”, explica parte del comunicado hecho público por la binacional, por lo que mal podría un integrante del Poder Ejecutivo torcer estas decisiones legislativas y judiciales al solo efecto de cumplir promesas de campañas políticas.
El monto de lo reclamado por los extrabajadores tercerizados ronda los 960 millones de dólares americanos, aunque inicialmente el monto solicitado era cercano a los 2 mil millones de dólares americanos.
Velázquez tendría que saberlo
“La Itaipú ratifica cada uno de los puntos mencionados, aclarando que se puede proceder a ningún pago en forma unilateral por parte de la Margen Derecha de Itaipú, según la legislación nacional y la normativa binacional, algo a lo que los representantes de la entidad deben ajustarse”, concluye el comunicado, que, además, desnuda las intenciones puramente proselitistas de Velázquez al realizar promesas que en su carácter de vicepresidente de la República tendría que haber sabido.
Palabras que se lleva el viento
“Acá con el compañero Gerardo Soria vamos a comenzar a buscar la reivindicación, que es una deuda que tenemos con los compañeros de Itaipú, yo me voy a encargar de que a partir de este momento vamos a comenzar a buscar la reivindicación porque de verdad estamos en deuda, pero que lo vamos a pagar, no se preocupen, muchachos”, dijo Velázquez en un video que se viralizó en redes sociales.
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Gerardo Soria es un conocido operador político de San Pedro que fue designado en setiembre del 2020 como jefe de escritorio de Itaipú, lo que generó polémica en redes sociales por tratarse de una designación completamente politizada.
Puras promesas
Como nunca antes, desde agosto del 2018 Hugo Velázquez estuvo tan preocupado por hacer recorridos por el país y de improviso llenó sus viajes con promesas y asistencias del Gobierno Nacional, que a su vez iban pegadas a la oferta de su candidatura, algo que finalmente le jugó en contra, a juzgar por las opiniones vertidas por la ciudadanía y por los magros resultados en su contra cosechados en todas las encuestas realizadas hasta ahora.
La promesa imposible de cumplir que hizo a los extrabajadores tercerizados de Itaipú se sumó a la promesa de “la ruta de la banana” en Tembiaporã, en Caaguazú, obra que debería concluir en el 2023, año totalmente electoral, o las autofelicitaciones en redes sociales por la conclusión de obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).