La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer de la Cámara de diputados dictaminó favorablemente el proyecto de ley “Que modifica los artículos 64 de la Ley N° 834/1996, que establece el Código Electoral". La propuesta busca fortalecer el control del financiamiento de campañas políticas, simplificar procedimientos, y aumentar la transparencia.

Al respecto, la diputada Rocío Abed, que preside esta mesa asesora, explicó que entre las principales modificaciones que están planteando, destacó el reconocimiento anticipado de movimientos políticos, permitiendo la formalización antes de la inscripción de candidaturas y facilitando la gestión de sus obligaciones financieras.

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“En la propuesta se plantea la digitalización obligatoria de las declaraciones de ingreso, gastos de campaña, e intereses económicos, eliminando el formato en papel y mejorando el acceso a la información por los órganos de control”, precisó.

Señaló, además, otro cambio relevante que es la exigencia de presentaciones individuales por cada candidato, detallando vínculos económicos en lugar del esquema general actual.

“Vale decir que el documento busca introducir sanciones más severas, si se comprueba falsedad en las declaraciones, el candidato podría ser suspendido para participar en elecciones por diez años”, acotó.

Es importante señalar que la iniciativa fue presentada por los diputados colorados Raúl Latorre, Rocío Abed, Miguel Del Puerto, Hugo Meza y Daniel Centurión.

En otro orden de cosas, la presidenta de la mesa asesora indicó que durante esta reunión ordinaria de la fecha, la comisión dictaminó a favor del proyecto de resolución “Que pide informes a la Comandancia de la Policía Nacional”, con respecto a la Ley N° 7.280/2024 - De la reforma y la modernización de la Policía Nacional.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscal adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.

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Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

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El secretario general y jefe de Gabinete de la Junta de Gobierno, Eduardo González, se refirió a las propuestas legislativas existentes en torno a las leyes electorales que fueron presentadas esta semana ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado y que se decidió acompañar su estudio en el ámbito del Congreso Nacional.

En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que, con el equipo de apoderados de la Asociación Nacional Republicana, constantemente están dando seguimiento a todas las propuestas de leyes que afecten al proceso electoral.

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Indicó que por la experiencia pasada es necesario ir corrigiendo algunas cuestiones. Por ejemplo, señaló que acompañan el proyecto de modificación de la ley de financiamiento político en sus artículos 64 inciso A, 66 y 278 con el objeto de facilitar el procedimiento dado que la actual normativa contempla un proceso que demanda un tiempo que hace que las campañas electorales se prolonguen por más tiempo.

“Lo que nosotros pretendemos es que se inscriban los movimientos para la obtención del RUC, porque el movimiento es el que tiene el RUC no los candidatos. Entonces inscribir las candidaturas una semana después de eso. Simplificando el trabajo”, explicó.

Señaló que también analizaron la cuestión de los bancos no solo autoricen a los movimientos internos, sino a los movimientos en general en las internas y en las generales. Además, que no solamente puedan habilitar de la cuenta, sino que también puedan operar, ayudando de ese modo, a que no sean inconvenientes para la participación.

Por otra parte, también analizan la propuesta que tiene que ver con las inscripciones que se hacen al Registro Cívico Permanente (RCP); que actualmente se hace cada 31 de diciembre.

Explicó como las internas de la ANR, posiblemente sean en junio del 2026, y para esas elecciones se usará el corte del 31 de diciembre del 2024 y no se podrán incluir las afiliaciones de este año. Mientras que las elecciones municipales que serán en octubre del año que viene, ya se usarán el padrón con corte 2025.

“Hay un desfasaje importante ahí, que crea inconveniente, inclusive con las candidaturas. A nivel municipal, una persona pudo haberse mudado de distrito y eso puede crear un tipo de inconveniente. Por lo cual, solicitamos que eso sea modificado, para que los años antes de las elecciones, se permita que el corte administrativo del RCP sea próximamente entre junio y julio”, explicó.

El apoderado de la ANR también se refirió a la unificación del horario que rige en el país para las votaciones, que el Código Electoral establece horario diferenciado para el invierno y el verano. Por lo que ahora proponen que se rija al horario vigente en Paraguay y que sean las elecciones de 7 a 16 horas.

“Esto va a permitir también que, en el momento más álgido de las elecciones, que suele ser el escrutinio, se pueda realizar en lo posible, habiendo todavía luz solar. Por cuestión de seguridad”, explicó.

Finalmente, señaló que también están planteando excluir como sujeto obligado de la ley de financiamiento a las autoridades partidarias.

“Porque directamente el presidente, los miembros seccionales no reciben salario del Estado, no manejan fondos públicos, entonces no tiene sentido que sean sujetos obligados. Esto hace que mucha gente no quiera participar como candidato. Por tanto, eso está afectando también a la política, y lo que queremos es que eso también sea corregido de esta manera”, concluyó.

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Aunque era un secreto a voces que la oposi­ción siempre actuó en complacencia con Mario Abdo Benítez, cuando era pre­sidente y ahora que ya no lo es, sorprende la poca vergüenza con la que senadores que pre­sumen de ser opositores reco­nozcan públicamente que no permitirán su desafuero, algo necesario para la Justicia a fin de acusarlo en el caso filtración de Seprelad.

Senadores de la oposición han confirmado que no acompa­ñarán el desafuero del expre­sidente Mario Abdo Benítez, pese a que él mismo ha solici­tado a la Cámara Alta que se dé tratamiento y aprobación al pedido. Tanto Celeste Amari­lla como Rafael Filizzola ase­guraron que no van a acom­pañar, argumentando que se trata de una supuesta perse­cución en una “causa selec­tiva”.

En el programa de Mina Feli­ciangeli, el senador Filizzola defendió los argumentos por los cuales considera que no hay méritos para aprobar el desafuero del senador vitali­cio Mario Abdo Benítez. En tanto, su colega Celeste Ama­rilla anunció que ni siquiera votará cuando se trate el tema. Dijo, tajantemente, que no quiere que se la meta en “jue­guitos entre colorados”. Ade­más, consideró que la ANR merece ir a la llanura.

Ninguno de los dos supo expli­car cómo tienen esta actitud cuando que el propio Abdo pidió su desafuero, por lo que queda palpable que lo que publicó en sus redes el expre­sidente era puro show puesto que ya sabía que sus seguido­res lo blindarían.

De igual manera, días pasados, la senadora Lilian Samaniego, del movimiento Ambulancia Republicana, dijo que también votará en contra del pedido de desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez. Incluso asegura que el caso judicial que involucra al exmandatario en una filtración de datos con­fidenciales del expresidente Horacio Cartes a través de la Secretaría Nacional de Pre­vención de Lavado (Seprelad) es montado entre abogados y fiscales. “No se puede hacer una sesión selectiva, se hace la convocatoria a los cuarenta y cinco. Y ahí vamos a estar para dejar sentada nuestra posi­ción”, señaló Samaniego ante la versión de que el oficialismo colorado, por falta de votos, podría convocar a una sesión extraordinaria y aprovechar la ausencia de algunos legislado­res para aprobar el pedido de desafuero de Marito.

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez anunció a mediados del mes de marzo que soli­citará a la Cámara de Senadores su desafuero tras verse acorralado ante supuestos hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio ocurridos durante su gobierno.

A través de sus redes sociales oficiales, el líder del movimiento Fuerza Republicana expresó sentirse indignado y arremetió contra el Ministerio Público calificándolo como una institución “sometida a un grupo de poder”.

“La lucha contra el crimen requiere que todos los paraguayos estemos unidos y con valentía por eso quiero anunciar que enviaré una nota al presidente del Congreso solicitando mi desafuero, a efectos de que el Senado retire la inmunidad que me corresponde como senador vitalicio”, dijo.