El senador Antonio Barrios advirtió que podría existir un plan en ejecución de escuchas telefónicas ilegales en contra de adversarios políticos y periodistas, realizado con los recursos electrónicos que estarían a cargo de Arnaldo Giuzzio, tanto en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) como también en el Ministerio del Interior.
El “súper ministro” del Partido Democrático Progresista (PDP) maneja ambos ministerios desde que designó como titular de la Senad a su anterior asistente, Zully Rolón, mientras él pasaba a ocupar la cartera de Interior, hace un año, en enero de 2021.
Lea también: Giuzzio debe justificar su millonaria compra de inmuebles en pandemia
“Giuzzio es uno de varios opositores que la administración de Abdo Benítez lamentablemente utiliza para perseguir a sus correligionarios”, mencionó el senador Barrios. “La relación de Arnaldo Giuzzio con formas torcidas de obtención de información no es algo nuevo y existen denuncias incluso, de dirigentes de la oposición al respecto”, aseguró.
El legislador colorado precisó que “si hizo lo que hizo hace pocos días, refritando datos y rompiendo todos los protocolos, podemos esperar cualquier cosa de él y mínimamente sospechamos que está espiando a favor de la campaña de Velázquez en este momento”, afirmó, en relación al proselitismo que encabeza el vicepresidente Hugo Velázquez.
Lea también: Arnaldo Giuzzio, el ministro mediático que no gestiona la seguridad
Denuncia internacional
El senador Barios advirtió que esta situación podría derivar en denuncias, más allá de la justicia paraguaya. “Advertimos que vamos a hacer una denuncia internacional de persecución a la libertad política si las sospechas pasan a tener evidencias”, dijo el senador.
Tanto el Ministerio del Interior como la Senad tendrían equipos de escucha telefónica. Existen versiones sostenidas sobre el uso ilegal de tales recursos para escuchar a políticos y periodistas que no son del agrado de las autoridades.
El ministro encargado de la seguridad interna del país se encuentra actualmente en el “ojo de la tormenta” tras no poder justificar algunos importantes bienes adquiridos en tiempos de pandemia, hecho que se suma a su aplazo ante la opinión pública como ministro del interior y permanece “atornillado” en el cargo a pesar de haber superado el tiempo de 90 días dado por Abdo Benítez, en octubre pasado, para lograr resultados satisfactorios en materia de seguridad.