La Cámara de Diputados, en una sesión extraordinaria, analizará el proyecto que declara emergencia sanitaria hasta el próximo 30 de junio, propuesto por el Poder Ejecutivo y modificado por el Senado. El llamado está fijado para las 10:00.

El documento establece la compra de vacunas, el convenio con los hospitales privados para la cobertura de pacientes con COVID-19 hospitalizados, así como el pago del Instituto de Previsión Social (IPS) por aislamiento.

Por otra parte, la propuesta autoriza al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al Instituto de Previsión Social, al Hospital de Clínicas, al Hospital Militar y al Hospital Rigoberto Caballero de la Policía Nacional a realizar contrataciones para reemplazo en caso de renuncia, muerte o jubilación del personal de salud, de los distintos servicios de salud, hasta el 31 de marzo del presente año.

“Los contratos temporales, en el marco de la presente ley, deberán constar explícitamente redactados en el documento la información que indique el nombre, cargo y funciones de la persona, reemplazo y la vigencia de su contrato, que estará publicada en la página web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, dice el documento.

Señala también que los profesionales en medicina podrán tener hasta cuatro vínculos o cargos en una misma institución, o hasta cuatro vínculos o cargos en instituciones distintas, siempre que sus horarios no se superpongan.

Otro artículo de la propuesta refiere que la Contraloría, en coordinación con la Secretaría Nacional Anticorrupción y otros órganos de control, establecerá los lineamientos en materia de transparencia y control en la administración de los recursos previstos y para la prevención de hechos de corrupción, “fomentando la participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas”.

Por otra parte, establece que deberán existir mecanismos para recepción de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción vinculados a la ejecución de proyectos y programas enmarcados en la ley; además de procedimientos de indagación para el esclarecimiento de los hechos, a fin de derivarlos a las autoridades competentes.

En el artículo 8º se determina que quienes ejecuten los fondos previstos deberán presentar, cada 60 días, sus rendiciones de cuentas, con un informe al Congreso y a la CGR con toda la documentación de respaldo.

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Otro punto resaltante del documento es que durante su vigencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación tendrá que facilitar un portal que permita acceder a toda información relevante, en formato de datos abiertos, sobre la ejecución presupuestaria, sin restricciones de ningún tipo.

Por otra parte, el artículo 9º de la propuesta faculta al Instituto de Previsión Social hasta el 30 de junio del presente año al pago de compensaciones económicas por un monto de hasta US$ 20.000.000, a los trabajadores formales suspendidos, en aislamiento preventivo, en situación de riesgo y reposos de salud, a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus.

El diputado Sebastián García, del Partido Patria Querida (PPQ), anunció que la bancada acompañará la propuesta de extensión sanitaria, sosteniendo que se tomará con “pinzas” desde el bloque cada uno de los artículos de la propuesta, teniendo en cuenta las críticas que surgieron desde la Cámara Alta.

Al respecto, agregó que tendrán cuidado que el proyecto no represente una “canilla libre” y que sus recursos sean utilizados en la campaña política del oficialismo colorado. Finalmente, consideró importante contar con los recursos para la adquisición de vacunas y reforzar el sistema sanitario en caso de que la situación lo requiera.

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