El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción que encabezó el allanamiento en la Gobernación de Caazapá, administrada por el gobernador Pedro Alejandro “Pipo” Díaz Verón, buscará indicios de malversación de fondos. La investigación pretende resolver denuncias de irregularidades en la utilización de los fondos de emergencia por el COVID-19.
“Vamos a analizar todos los gastos y determinar si hubo malversación”, sostuvo el fiscal en contacto con la 780 AM. La denuncia contra el gobernador sería por una licitación de G. 465 millones de los fondos sanitarios para remodelar la antigua estación ferroviaria en Moisés Bertoni, a cargo de la ONG Asociación de Desarrollo Interdistrital de Caazapá, en febrero del 2021, para obras que no se ejecutaron por falta de autorización.
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Los fondos que se habrían utilizado son un sobrante de lo que se había solicitado como préstamo para fortalecer el sistema hospitalario, indicó Legal. “Lo que se hizo fue crear una ley que buscaba la reactivación económica. Se repartieron a las gobernaciones, en Caazapá US$ 2 millones”, explicó.
Ante esta situación, el representante del Ministerio Público explicó que deben ver si se realizaron o no estas obras. Además de corroborar si las empresas que eran las encargadas tienen la capacidad para realizarlas.
En el 2020, los concejales departamentales habían presentado una denuncia penal al Ministerio Público contra Díaz Verón y ordenadores de Caazapá por posible hecho punible de lesión de confianza. Verificaron que se pagaron G. 643 millones por adelanto de un contrato de reparación de camiones y máquinas pesadas a la empresa MGE, pero nunca se realizó el servicio.