La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

“Si no se quiere trabajar entonces vamos a constituir la Comisión de Entidades Binacionales que es una unicameral”, manifestó el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez ante la puja desatada entre parlamentarios de ambas cámaras por la titularidad de la Comisión Nacional de Itaipú, que analizará y dará acompañamiento a las negociaciones encaradas por Paraguay ante Brasil en el marco de la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

El impasse en el Poder Legislativo persiste, pese a los diálogos iniciados entre Núñez y el presidente de Diputados, Raúl Latorre. “La ciudadanía quiere que se conforme la comisión nacional para que en el Congreso controlemos lo que el Gobierno negociará. Desde luego que vamos a tratar de conciliar los intereses de ambas cámaras”, indicó a los medios de comunicación.

No obstante, Núñez dejó entrever que el Senado demostró mayor interés por integrar el citado bloque, ya que designó a sus integrantes hace 4 o 5 meses. Sin embargo, la Cámara Baja tomó la iniciativa recién el pasado 15 de octubre.

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Asimismo, el legislador detalló que no se encuentra especificado en la normativa que crea la citada comisión si la presidencia será ejercida de manera alternada. “La ley no dice que un periodo tenga que encabezar un diputado y en el otro periodo un senador. Si es por esto el Parlatino ya se encuentra presidido por los diputados hace dos periodos”, refirió.

Núñez afirmó también que ante la problemática, aún no estableció una nueva fecha para instalar la comisión. “Yo creo que tenemos la capacidad de hablar para no pasar malos momentos, en el sentido de no tener quorum, tenemos muchas actividades por hacer, proyectos de leyes por tratar”, dijo.

La disputa por la presidencia de la Comisión Nacional de Itaipú se da principalmente entre el senador Arnaldo Samaniego y el diputado Hugo Meza. “Los diputados estamos en condiciones de presidir, es más, en nuestra cámara, hay gente con más votos que en el Senado, donde existen personas que entraron con 6.000 votos e incluso hay suplentes. Tengo la confianza de la mayoría de mis compañeros, pero esto no se trata solo de una persona, se trata de la institución como Cámara de Diputados”, comentó Meza.

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En el Congreso Nacional se desató una disputa en torno a la presidencia de la Comisión Nacional de Itaipú, que analizará y dará acompañamiento a las negociaciones encaradas por Paraguay ante Brasil en el marco de la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú. La titularidad del órgano es reclamada por los parlamentarios de ambas cámaras.

De acuerdo a fuentes del Poder Legislativo, los aspirantes al cargo son Arnaldo Samaniego y el diputado Hugo Meza. Este lunes, debió concretarse la instalación de la comisión, sin embargo, por falta de quórum el proceso quedó postergado.

“Esta es la realidad. Deben estar presentes para debatir y llegar a un acuerdo. Se realizará una nueva convocatoria de acuerdo a nuestra agenda”, sostuvo el titular del Legislativo Basilio “Bachi” Núñez a los medios de comunicación.

Del total de los 16 congresistas que conforman el bloque, solo se presentaron las senadoras Celeste Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional.

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Fueron designados en la Cámara de Diputados como miembros titulares Rocío Abed, Christian Brunaga, Avelino Dávalos, Hugo Meza, Mau­ricio Espínola, Jorge Áva­los Mariño, Carlos Pereira y Raúl Benítez. Mientras que en el Senado fueron elegidos Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías, Hernán David Rivas, Óscar Salomón, Colym Soroka, Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla. Mientras que como representantes titulares del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), fueron electas las senadoras Yolanda Paredes y Noelia Cabrera.

El tratado de la Itaipú fue el instrumento jurídico-diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.

El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentran definidas la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.

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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

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“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.