La mesa de trabajo instalada en el Congreso Nacional con representantes de diferentes sectores públicos y privados es para avanzar en una ley que permita aumentar sanciones contra el contrabando. La Comisión Permanente estudia la posibilidad de que se presente la propuesta legislativa y estudiarla con los técnicos.
La senadora Lilian Samaniego, presidenta de la comisión, explicó que todos los representantes presentes en la reunión mostraron predisposición para avanzar en el proyecto de ley, incluso ya presentaron propuestas.
Con la ley se busca atrapar a los peces grandes o financistas que con mucho dinero mantienen el contrabando, y puedan ser castigados con una pena dura y severa, indicó la legisladora.
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Los cuestionamientos que se dieron fue que se liberaba a quienes eran los responsables y no caían presos o no eran clausurados los locales con mercadería de contrabando. A partir de ahora se apunta a la sanción o penalización.
La senadora destacó que en corto tiempo se haya logrado consensuar entre todos, además que las autoridades de Seprelad, la Unidad de Anticontrabando, Armada Paraguaya, Aduanas, la Unión Industrial Paraguaya, ya trajeron propuestas para que se puedan encaminar e incluir como normativa.
Los productores y empresarios están esperanzados en que funcione esta normativa y se pueda dar una lucha al contrabando, que causa flagelo a la economía y a la producción nacional.
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Titular del Congreso condena racismo contra delegación de Cerro Porteño en Brasil
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez, emitió este viernes un comunicado expresando su solidaridad hacia la delegación y simpatizantes del club Cerro Porteño tras las agresiones xenófobas y racistas que recibieron por parte de los aficionados del club Palmeiras, en el marco de un partido de la Copa Libertadores en Brasil.
A través de una nota oficial difundida por la Cámara de Senadores, Núñez “eleva su reclamo ante las autoridades del país vecino, instándolas a adoptar medidas que prevengan este tipo de aptitudes, denunciadas por nuestros compatriotas. Estas conductas deben ser abordadas como un problema que exige una nueva cultura basada en la tolerancia y el respeto”.
El comunicado refiere también que “Paraguay es un país que aprendió a resistir desde la tolerancia. Fuimos víctimas de atropellos, exterminio y saqueos en una etapa de nuestra historia que transformamos en fortaleza para nuestro espíritu nacional. No pedimos respeto, lo exigimos, como base indispensable para una relación fraterna y genuina entre pueblos”.
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Asimismo manifiesta que “el uso estridente y desproporcionado de un incidente anterior por parte de la presidencia del Club Palmeiras constituye una lección sobre lo que no debe ocurrir, ya que solo profundiza la discriminación al intentar justificarla con más discriminación”.
Vídeos difundidos mediante las redes sociales evidenciaron los actos racistas y xenófobos, de los fanáticos del Palmeiras contra sus pares de Cerro Porteño. Se puede observar la arremetida de los brasileños, que realizaron gestos de monos contra los paraguayos en San Pablo.
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Víctimas de la mafia de pagarés recurrieron al Congreso: “Esta es una causa nacional”
Desgarradores testimonios fueron esgrimidos por las víctimas de la mafia de los pagarés mediante una audiencia pública realizada este jueves en el Congreso Nacional. Durante la ocasión expusieron fotografías de los estafadores y repudiaron que el esquema sea apañado por autoridades del Poder Judicial.
Una de las víctimas es la enfermera jubilada del Hospital de Clínicas, Luciana Bernavet, quien indicó que desde el año 2023 viene padeciendo un descuento sideral de su salario por una deuda inexistente. “Yo tengo 65 años, soy enferma de reumatología. Del total de mi salario solo me queda la suma de un millón seiscientos mil guaraníes, con esto debo pagar los servicios de luz, agua y alimentos”, dijo en una entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Bernavet, entre lágrimas, siguió sosteniendo que el embargo de su salario empezó sin previo aviso. “En total me sacan la suma de millón cuatrocientos cincuenta mil guaraníes, de una cuenta que ya pagué todo, tengo documentos que indican que incluso ya no debo nada”.
La mujer estuvo acompañada por Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), quien repudió el posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al rechazar anular los embargos de las víctimas de la mafia de pagarés.
“Es una pena, una incertidumbre terrible y genera una impotencia el comunicado paupérrimo de la Corte Suprema de Justicia, en donde deja a todas estas personas víctimas de la mafia de los pagarés al libre albedrío. La señora Luciana no ejerció el derecho a la defensa, fue notificada en el Hospital de Clínicas, cuando ya estaba jubilada”, indicó.
Gallardo acotó: “Cómo Luciana iba a ejercer el derecho a la defensa si no se dio por enterada. Tomó conocimiento de que está embargada cuando dejó de percibir su salario. Esta es una causa nacional, no podemos permanecer indiferentes y que sigan robando a nuestras compañeras jubiladas y activas por deudas que no han contraído, por pagarés falsos o deudas cobradas por dos o tres veces”.
Detalló que un total de 40 enfermeras se encuentran siendo víctimas del esquema. “Acá se tiene a un montón de gente que se está aprovechando, lucrando y enriqueciendo. Instamos a las autoridades del Ministerio de la Defensoría Pública que acompañen y ayuden a resolver esta grave situación”, comentó.
Senadores que impulsaron la audiencia pública, evalúan impulsar una normativa que paralice el descuento compulsivo de los casos judicializados y en donde los presuntos estafadores ya se encuentran siendo investigados.
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Opaci considera justa las modificaciones a la ley de patentes vehiculares
El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.
“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.
Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.
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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.
El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.
“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.
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Bachi pone en duda espionaje y habla sobre la connivencia de Marito con Bolsonaro
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que no se puede descartar que la operación de espionaje impulsada por el Brasil contra Paraguay, en el marco de la negociación de la tarifa de Itaipú, haya tenido la complacencia del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Núñez manifestó que la administración abdista actuó siempre en detrimento a los interés del Paraguay. Para sustentar sus afirmaciones, recordó el fallido acuerdo secreto sobre Itaipú, que guardaba relación con la adquisición de energía eléctrica.
“En el 2019 hubo un conato de traición a la patria, donde supuestos emisarios por poco no vendieron nuestra soberanía energética. Con este antecedente siempre hay que pensar lo peor, pudo haber hasta cierta connivencia con el gobierno anterior y no un espionaje a ciencia cierta”, sostuvo a los medios de comunicación.
El nefasto acontecimiento generó una profunda crisis política y social, surgiendo incluso la primera amenaza de juicio político contra Abdo y su entonces vicepresidente de la República, Hugo Velazquez, cuando apenas llegaban a su primer año de gobierno.
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De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación de hackeo fue ejecutado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
“Hay mucha tela que cortar y se debe investigar. Se debe pedir mediante el ministerio de Relaciones Exteriores, informes, explicaciones al Brasil para saber que sucedió, pero yo no descarto que haya existido una connivencia del gobierno anterior”, remarcó Núñez.