Una revisión en detalle de lo que implica el Anexo C desde la mirada técnica, política y diplomática de expertos permitirá a la ciudadanía comprender la importancia de jugar con nuestras mejores cartas ante Brasil. Las negociaciones ya se iniciaron y se encaminan a agosto del 2023, cuando finalmente se cancelará la deuda que Itaipú mantiene con Eletrobrás.
La soberanía del país está en juego con la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y es crucial que nuestras autoridades y representantes jueguen sus mejores cartas durante las negociaciones llevadas a cabo en la Itaipú Binacional con la margen izquierda, Brasil, para lograr un trato justo para ambas naciones y principalmente para Paraguay.
La Nación, consciente de la importancia de Itaipú para el país, presenta una serie de publicaciones sobre las visiones de expertos en el tema, desde una mirada técnica, política y diplomática, pero con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para toda la ciudadanía. Para nosotros, como medio de comunicación, es crucial exponer las claves de Itaipú a todos nuestros lectores.
Arrancamos la serie con el ingeniero Ángel María Recalde, extitular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), exmiembro del Consejo de Administración de Itaipú y exdirector paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), quien realiza un breve resumen sobre el tratado y los anexos para adentrarse en el Anexo C y explicar qué implica.
Recalde inicia la conversación contando que en el mes de abril del año 1973, luego de largas negociaciones, representantes de Paraguay y de Brasil suscriben el Tratado de Itaipú, que está compuesto de un cuerpo principal y tres anexos (A, B y C). El primero, en sus 25 artículos, define las líneas generales del emprendimiento y los anexos, la forma de realizarlo.
“El Anexo A es el estatuto de la Entidad Binacional Itaipú; el Anexo B contiene la descripción general de las instalaciones a ser construidas y el Anexo C sienta las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la Itaipú”, detalla el ingeniero electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
La revisión del Anexo C es la que está en discusión y, por tanto, concentra toda la atención actualmente. Detalla que en el Anexo C se puede observar que el emprendimiento opera “al costo”, o dicho de otra manera, no busca ningún beneficio económico como tampoco contempla la existencia de pérdidas. “De ahí que el costo del servicio de electricidad (CSE) debe ser cubierto con los ingresos provenientes por la contratación de potencia de parte de las entidades compradoras (Ande, de Paraguay, y Eletrobrás, de Brasil)”, precisa.
Para clarificarlo aún más, se citan los 7 conceptos que contiene el CSE:
1. El monto necesario para el pago a las partes que constituyen la Itaipú de utilidades del doce por ciento anual sobre su participación en el capital integrado;
2. El monto necesario para el pago de las cargas financieras de los préstamos recibidos;
3. El monto necesario para el pago de la amortización de los préstamos recibidos;
4. El monto necesario para el pago de los royalties a las altas partes contratantes;
5. El monto necesario para el pago a la Ande y a la Eletrobrás, en partes iguales, a título de resarcimiento de las cargas de administración y supervisión relacionadas con la Itaipú;
6. El monto necesario para cubrir los gastos de explotación;
7. El monto del saldo, positivo o negativo, de la cuenta de explotación del ejercicio anterior.
“Alquila” potencia
Explica que es bueno comentar que Itaipú no comercializa energía, sino que “alquila” la potencia que pone a disposición de los compradores. Para explicar la diferencia entre vender potencia y no energía, el ingeniero recurre a un ejemplo práctico: “Supongamos que un productor tiene que transportar, en forma permanente, cargas de un punto a otro; para poder hacerlo tiene dos opciones, alquilar camiones o contratar el flete para el transporte. La potencia eléctrica es comparable a la capacidad de carga de cada camión alquilado y la energía sería comparable al transporte realizado a una determinada distancia”.
La diferencia importante que existe entre ambos conceptos, desde el punto de vista económico, es que si se alquilan camiones se debe abonar independientemente a si se los utiliza o no; mientras que si se contratan fletes, solamente se paga si el traslado se realiza.
Un hecho particular ocurrió en el año 1973, cuando se decidió vender (alquilar en forma mensual) potencia y no energía y Recalde revela el porqué: “Tiene su explicación en asegurar los ingresos necesarios para poder construir, operar, mantener y cumplir con los compromisos financieros derivados de la construcción, en forma independiente a la energía que se pueda producir”.
Tarifa de Itaipú
El extitular de la Ande cuenta que una vez obtenido el costo del servicio de electricidad (CSE) para un determinado año, se define cuál es la potencia disponible para contratación. “Esta se obtiene restando a la potencia total instalada (14.000 MW), la potencia de 2 unidades que deben permanecer disponibles para mantenimiento (1.400 MW), luego se resta la potencia requerida para consumo propio y para la reserva de potencia y se dispone así de la potencia que mes a mes la Itaipú pondrá a disposición de las entidades compradoras. El valor de la potencia a “alquilar” mensualmente es de 12.136 MW (12.136.000 kW)”, expone.
El CSE para el año se divide por la potencia disponible para contratación en los doce meses del año y se obtiene el costo unitario del servicio de electricidad (CUSE), más conocido como tarifa de Itaipú. El valor mensual de la tarifa está expresado en US$/kW, o más comúnmente en US$/kW-mes.
“Así, cuando se habla de una tarifa de 22,60 US$/kW-mes, estamos diciendo que el ‘alquiler mensual’ de 1 kW de potencia cuesta 22,60 dólares. Luego, si multiplicamos por la potencia disponible expresada en kW y por 12 meses, se obtiene la friolera de US$ 3.291.000.000 al año. Este monto es el requerido para cubrir los 7 conceptos contenidos en el CSE”, detalla.
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Fuerte descenso del CSE
En las condiciones de abastecimiento del Anexo C, se prevé que “cada entidad en el ejercicio de su derecho a la utilización de la potencia instalada contratará con la Itaipú, por periodos de veinte años, fracciones de la potencia instalada en la central eléctrica, en función de un cronograma de utilización que abarcará este período e indicará, para cada año, la potencia a ser utilizada”. Sin embargo, el extitular de la EBY revela que los veinte años previstos originalmente, por medio de una nota reversal, fueron divididos en dos períodos de diez años, pero en la práctica se ha venido haciendo la contratación en forma anual.
Recalde añade que, en su parte final, el Anexo C prevé que “las disposiciones del presente anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del tratado”. Por tanto, habiendo entrado en vigor el tratado el 13 de agosto de 1973, se vuelve exigible para las partes revisar el Anexo C a partir del 13 de agosto de 2023.
“Ahora bien, el año 2023 es cuando se va a cancelar la deuda que la Itaipú mantiene con la Eletrobrás y eso de por sí traerá un fuerte descenso en el costo del servicio de electricidad, ya que el pago de los intereses más la amortización (servicio de la deuda) representan actualmente el 63% del CSE, lo que supondría una disminución de la tarifa en ese mismo orden”, explica.
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Agrega que, en la práctica, ya este 2022 se producirá una disminución de más de 600 millones de dólares en concepto de servicio de la deuda, lo que ya presentará en este año una tendencia de disminución del CSE, que solo podrá mantenerse en caso de aumentarse en ese mismo monto en los otros gastos previstos en el Anexo C.
Seguimos sin acuerdo
Brasil y Paraguay inician el año sin haber logrado un acuerdo sobre el precio de la tarifa de Itaipú. Sin embargo, los representantes paraguayos creen que habrá un entendimiento entre las partes, incluso antes de que el consejo de la entidad binacional vuelva a reunirse el próximo 23 de febrero. Cabe aclarar que los brasileños insisten con la aplicación directa del Anexo C, la reducción de la tarifa; mientras que Paraguay se mantiene en la posición de que la tarifa siga en 22,60 US$/ kW-mes.
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