Desde la Comisión Permanente del Congreso Nacional anuncian que requerirán la postura del ministro de Salud, Julio Borba, sobre el controvertido proyecto de ley impulsado por el diputado colorado Hugo Ramírez, que busca implementar el pase sanitario como medida para contener la expansión del COVID-19.
Así lo anunció este viernes la titular de la Comisión, Lilian Samaniego, quien adelantó que, antes de ser tratado en plenaria, el tema será objeto de un amplio debate. Así también, se dará la oportunidad al proyectista para que defienda sus argumentos ante sus colegas. A título personal, la legisladora considera que ningún tipo de discriminación es buena.
“Necesitamos tener el criterio del Ministerio de Salud Pública, que es el ente responsable del protocolo sanitario. No voy a dar una opinión, lo que voy a hacer es enviar la nota para que, en el momento del debate, tengamos todos los elementos”, dijo Samaniego en contacto telefónico con la 780 AM.
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El diputado colorado Hugo Ramírez presentó un proyecto de ley que prevé exigir el pase sanitario tanto para ingresar al país como para actividades diversas. La iniciativa contempla la aplicación de fuertes multas para los infractores.
Se trata del proyecto de ley “Que requiere la presentación del certificado sanitario para la asistencia a eventos masivos, tramitar el ingreso al país y demás actividades que establezca el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”. El documento tuvo entrada vía Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El proyectista explicó que el objetivo apunta a que vía legislación se implemente el requerimiento de la presentación del certificado sanitario para la participación en eventos masivos, ya sean públicos o privados; tramitar el ingreso al país; así como las demás actividades que sean consideradas de importancia por las autoridades sanitarias.
En su artículo 4°, el proyecto de ley alude a las sanciones para quienes incumplan las disposiciones. Menciona que los propietarios, gerentes, encargados de establecimientos u organizadores de eventos serán los responsables de cumplir y hacer cumplir la normativa, y que, de ser necesario, se podrá solicitar la intervención de la Policía Nacional.
Específicamente sobre las multas, se detalla que “los propietarios o responsables de locales, así como los organizadores de eventos que incumplan lo establecido en el artículo 2°, serán sancionados con multas de hasta 500 jornales mínimos diarios”.
Por último, se aclara que todo lo recaudado en tal concepto será destinado al Ministerio de Salud a fin de ser utilizado en el tratamiento de personas afectadas por el mortal virus.
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