El diputado Carlos Enrique Silva Rivas, del Partido Liberal Radical Auténtico, impulsa un proyecto de ley que busca lograr la transferencia a favor de la Policía Nacional de un inmueble perteneciente a la Municipalidad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú.
Se trata del proyecto de ley “que declara de interés social y desafecta a título gratuito, a favor de la Policía Nacional, un inmueble individualizado como finca Nº 9.483, ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Pilar”. La propuesta legislativa fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El proyectista fundamentó que “la ciudad de Pilar, y el departamento del Ñeembucú, por su condición, no tienen un centro de reclusión, y dicha dependencia policial, en su proyecto de edificación, prevé un centro reclusorio, condición que no se puede hacer hasta tanto se desafecte el inmueble que es propiedad de la Municipalidad de Pilar, y que, por el alto costo que representa la erogación que debe hacer la Policía, no se puede realizar porque no cuentan con recursos”.
El legislador liberal recordó que la propiedad en cuestión durante varios años funcionó como Colegio de Policía para la admisión de aspirantes de agentes del orden público. “En la actualidad, los aspirantes deben cursar los exámenes de admisión en la capital del país. En un futuro cercano se desea rehabilitar dicho predio para que se realicen allí las pruebas físicas y psicotécnicas”, mencionó.
El parlamentario resaltó que la Policía Nacional tiene proyectado invertir en la modernización y ampliación de la infraestructura edilicia para la Jefatura de Policía de Ñeembucú. Explicó que el pedido de desafectación por causa de utilidad pública debe ser calificado por ley, y “que el instituto de la desafectación es el medio jurídico para lograr armonizar intereses públicos y privados”.
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Como contexto, mencionó que el municipio de Pilar, en el año 2017, con autorización de la Junta Municipal, había dispuesto la venta de un inmueble que forma parte de la actual sede de la Dirección de la Policía Nacional, en la calle Palma y barranco del río Paraguay, de Pilar. Esa dependencia es sede administrativa y judicial de la Policía, además de lugar de reclusión de personas privada de su libertad, siendo ocupantes precarios desde hace décadas, conforme expresó.
“La utilidad pública está en la esencia de la desafectación, es su razón de ser, su justificación. La facultad de desafectar es esencialmente política y ha sido depositada en el Poder Legislativo, atento a que, no pudiéndose reducir el concepto de utilidad pública a una fórmula cerrada, su determinación debe estar en manos de quien está en contacto más inmediato con el pueblo, y puede apreciar mejor sus necesidades”, finalizó.