El subcontralor general de la República, Augusto Paiva, manifestó que desde la Contraloría General de la República (CGR) se ratifican sobre el informe emitido con relación a la existencia de diversas irregularidades en la compra de un total de 25.000 kits de ali­mentos en plena crisis sanitaria y económica por el COVID-19, durante la anterior gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

“La decisión final de auditar tiene el contralor general de la República, Camilo Benítez. Totalmente nosotros nos ratificamos, eso está en la página web de la institución, es de público conocimiento el informe emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas de la Contraloría. Desde la institución vamos a esperar igualmente la resolución de la Comisión Permanente y con base en eso estaremos estudiando y ya el contralor seguro estará dando directrices”, indicó.

Las declaraciones del subcontralor surgen tras el pedido realizado en la fecha por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el cual solicitan tanto al Poder Ejecutivo como a la Contraloría una auditoría integral a la gestión de Prieto. Uno de los puntos cuestionados por los parlamentarios se centra específicamente en torno a la compra de los kits de alimentos, entre otras cuestiones.

El pasado año el organismo de control constató que el llamado para compra de kits de alimentos en Ciudad del Este estuvo viciado de irregularidades y que se impulsó el negocio para los “amigos” con el agravante de que se comprometió una millonaria suma del municipio con un kiosco sin capacidad financiera.

“Ahora hay una causa abierta en el Ministerio Público, ellos cuentan con todas las documentaciones. Lo que ya dictaminamos sería una especie de redundancia, pero se puede ampliar eso a otros ejercicios anteriores, de otros años, pero eso por disposición de los parlamentarios”, detalló Paiva en contacto con el diario La Nación.

Por otra parte, manifestó que una vez recibido el pedido de los parlamentarios se activará inmediatamente el proceso de auditoría resaltando que la institución tiene la capacidad de actuar de oficio ante las denuncias.

“Nosotros nos ceñimos en la solicitud de los legisladores, de eso no nos podemos apartar. Tendremos que ver si se realiza una fiscalización especial inmediata sobre un contrato determinado o si es una auditoría de gestión de ese municipio. Acá el contralor tiene la potestad de actuar de oficio ante una denuncia periodística o en la Dirección de Integridad y Anticorrupción, en donde también se suelen realizar denuncias contra varios municipios y de otros entes”, comentó.

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El caso guarda relación con la famosa compra de 25.000 kits de ali­mentos a la despensa Tía Chela, realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la admi­nistración del dirigente opositor.

El dictamen es contundente y confirma lo que ya estaba a la vista, el amaño en la licita­ción para favorecer al pequeño autoservice que no contaba con capacidad financiera para proveer dichos insumos; razón por la cual, el informe fue remitido al Ministerio Público para que forme parte de la investi­gación que está en manos del fiscal Juan Ledezma.

La Municipalidad de Ciu­dad del Este no pudo justificar dicha licitación y mucho menos pudo explicar el motivo por el que se invitó a firmas sin experiencia como Tía Chela y Danielito, que per­tenecen a un mismo núcleo familiar, específicamente a padre e hijo. El negocio de esta manera se encontraba armado para el amigo, a quien –dicho por la misma madre del dueño de Tía Chela– Prieto le aseguró la licitación.

El informe de la Contraloría señala que en la adjudicación hubo inconsistencias entre los criterios de evaluación esta­blecidos en el pliego de bases y condiciones (PBC) y entre lo que finalmente fue tenido en cuenta por el comité de evalua­ción. Es decir, la municipalidad exigió ciertos ítems, pero a la hora de la verdad lo acomodó a la medida de Tía Chela.

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