El procurador general de la República, Marco Aurelio González, informó que la Cámara de Apelaciones confirmó la medida cautelar de embargo sobre los ocupantes de la Finca 916, conocida como Jardines de Remansito. En cuanto a la devolución de los inmuebles, manifestó que aún se llevan adelante litigios contra 27 personas.

“Esto en razón de que el juez había decretado ese embargo sobre sus bienes y ahora la Cámara lo confirma. Esto es sobre un monto, para asegurar que la recuperación de las tierras sea realizada en el estadio en el cual se encontraba antes de la ocupación, para garantizar la destrucción de todo lo edificado”, indicó a la 1020 AM.

El alto funcionario agregó que este caso representa un precedente, para demostrar el compromiso de la defensa asumida por el Estado paraguayo sobre el atropello a sus propiedades. “Hay personas que ya entregaron la posesión y no tenemos ninguna demanda contra ellas, ni tampoco algo referente a un embargo. Se entregaron ocho inmuebles, que representan casi el 50 % de las dimensiones, eran los más amplios”, explicó.

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En relación a los bienes edificados, González manifestó ratificó que el Estado se mantiene en su postura de regresar los inmuebles a su estado natural, es decir, sin las viviendas, con la finalidad de permitir al Ministerio de Defensa dar el uso más apropiado a los espacios. Al principio se había comentado la posibilidad de brindar un destino turístico al lugar, no obstante, el procurador reconoció que la decisión final sobre los inmuebles no se ha resuelto del todo.

“Esto porque el Ministerio de Defensa es el propietario y quien puede definir el destino de las tierras”, afirmó. En torno a los ocupantes que aún permanecen en el territorio de la Finca 916, González señaló que apelan a todo tipo de chicanas para retrasar los procesos sobre los mismos. “No tienen ninguna documentación que pueda desvirtuar la titularidad del Estado paraguayo”, puntualizó.

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El director franco-polaco Roman Polanski, que huyó de Estados Unidos hace décadas tras admitir haber violado a una menor de 13 años, ya no se enfrentará a juicio por una supuesta agresión a otra adolescente en los años 70 después de llegar a un acuerdo, informó su abogado. La última acusación contra el director de “El pianista”, que se refería a una presunta violación en 1973, debía presentarse ante un tribunal civil de Los Ángeles en agosto próximo, pero ha sido retirada, aseguró a la AFP el abogado de Polanski en Estados Unidos.

El caso fue “resuelto en el verano (boreal) a satisfacción mutua de las partes y ahora ha sido formalmente desestimado”, precisó Alexander Rufus-Isaacs en un correo electrónico. En la demanda, presentada el año pasado, se afirmaba que Polanski había llevado a cenar a un restaurante de Los Ángeles en 1973 a una adolescente, a la que se nombraba confidencialmente como Jane Doe.

Supuestamente le dio tequila y, cuando la menor empezó a sentirse mareada, la llevó a su casa, donde la forzó. “Ella le dijo: ‘Por favor, no hagas esto’”, aseguró a la prensa en marzo la abogada de la demandante, Gloria Allred. “Ella alega que él ignoró sus súplicas. También alega que el acusado Polanski le quitó la ropa a la demandante y procedió a agredirla sexualmente, causándole un tremendo dolor y sufrimiento físico y emocional”, completó.

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La demanda civil, en la que se solicitaban indemnizaciones no especificadas, se presentó en junio de 2023, justo antes de que expirara una ley de California que permitía ampliar el plazo para presentar acciones legales contra los presuntos autores de delitos sexuales.

Los documentos judiciales presentados en California en julio decían que se había llegado a un acuerdo “condicional”. El abogado de la demandante no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP. El oscarizado Polanski, de 91 años, es una figura controvertida: algunos en el mundo del cine alaban su genio creativo, mientras que otros insisten en que siempre fue un depredador sexual.

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Polanski admitió en 1977 haber violado a Samantha Geimer, de 13 años, en un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio por cargos más graves. Pero huyó a Francia al año siguiente, tras pasar 42 días en la cárcel, cuando parecía que un juez reconsideraría su puesta en libertad.

Geimer ha defendido posteriormente a Polanski, y el año pasado se fotografió con él. En mayo, un tribunal francés absolvió a Polanski de difamar a la actriz británica Charlotte Lewis, después de que esta lo acusara de haberla violado cuando era adolescente. El director siempre ha negado haber cometido algún delito.

Fuente: AFP.

De cara a la temporada alta o de verano en la ciudad de San Bernardino, se prepara una gran iniciativa laboral para los lugareños y localidades vecinas, con el objetivo de generar una mayor oportunidad, a más de facilitar la inserción laboral en una época de alta demanda de mano de obra calificada en la zona.

Se trata del “Plan de Empleo Verano San Bernardino 2024″, que busca además de generar fuente de trabajo, que la experiencia de los visitantes sea cada vez mejor, convirtiendo a la ciudad en un destino veraniego sostenible, pero a la vez en una cita estratégica durante todo el año.

La iniciativa, lanzada este lunes por la mañana en el municipio de la ciudad veraniega, es encarada por El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y la Municipalidad de San Bernardino, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).

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Para este fin planean desarrollar una serie de acciones formativas, intermediación laboral, certificación de competencias y apoyo a los emprendedores. También una Expo Empleo de Verano para el 25 de octubre en la Municipalidad de San Bernardino, para conectar a los buscadores de trabajo con un centenar de oportunidades laborales de la época.

“Estamos viendo un gran crecimiento del comercio y del turismo en San Bernardino, que mueve unas 500.000 personas en temporada alta, y es necesario acompañar con formación de capacidad humana este gran desarrollo urbanístico”, expresó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

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A la vez, se prevén nuevos cursos de verano a ser impartidos por el SNPP. El 21 de octubre comenzará uno de mantenimiento de piscinas y posteriormente los de jardinería, ayudante electricista, barman, cocina internacional, mozo de salón, manipulación de alimentos, entre otros.

Mientras que a través del Sinafocal ya se viene impulsando una serie de acciones para certificar competencias de trabajadores dedicados a atención de mesas, guías turísticos y otras especialidades muy demandadas en la zona.

El presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, mediante la dirección de asesoría jurídica presentó otra denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se abra una auditoría sobre el caso de préstamo hipotecario que lleva varios años sin llegar a su ejecución. Además solicitan que el caso sea resuelto, teniendo en cuenta que la demanda ya data del 2002.

El 3 de octubre pasado, el ente previsional había pedido también a la CSJ que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002.

El director de la asesoría jurídica del IPS, Dr. José González, explicó en comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, que la denuncia presentada ahora tiene que ver con la demanda de una ejecución hipotecaria por valor G. 6.657.504.067 iniciada en el año 2002 contra OMSA S.A (Administración e Inversiones S.A) sobre ejecución hipotecaria y prendaria expediente N° 689 AÑO 2002, que obra en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del Duodécimo Turno, Secretaria N° 23.

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“Esta deuda es originada de una cesión de créditos hipotecarios de varias empresas, realizada por el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) a favor del IPS, según escritura pública nº 98 de fecha 11 de Agosto de 1997, pasada ante la escribana Gladis Esquivel de Cocco, cesión que fue debidamente notificada a los deudores cedidos en cumplimiento a lo establecido por la ley. Asimismo, los deudores por nota dirigida al IPS en fecha 21 de febrero de 2000 reconocen la suma reclamada en el presente juicio”, explicó.

Mencionó que durante el juicio se presentaron una serie de excepciones, así como también incidentes de caducidad, y desde el año 2014 se encuentra firme la providencia de “autos para resolver”, pendiente de resolución de las excepciones presentadas que fueron debidamente contestadas.

Indicó que el objeto de la demanda es cobrar la suma superior a G. 6.657 millones, caso contrario ejecutar la hipoteca, que está garantizada con varios inmuebles que se encuentran en la zona del Chaco y en zona de Ypané. Aún no tiene sentencia de remate, por lo que todavía no se procedió al remate de los bienes hipotecados y embargados en juicio, ante la desidia y mora judicial.

El asesor jurídico, explicó que este retraso en la ejecución hipotecaria motivó a solicitar la auditoría a la Superintendencia de la CSJ, a fin de deslindar responsabilidades, ante la eventual desidia de las anteriores autoridades del IPS, y que el resultado de esta auditoría se remita al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“El expediente se encuentra pendiente de resolución de las excepciones de nulidad, inhabilidad de título y prescripción, planteadas por la firma OMSA S.A. desde el 22 de setiembre 2004, quedando pendiente de resolución desde el 9 de marzo de 2007, con la providencia de autos para resolver”, explicó.

Mencionó que desde entonces no se ha dictado sentencia. Sin embargo, señaló que en una verificación puntual realizada por el Departamento Judicial, notaron dos hechos relevantes que ameritan una investigación a los efectos de analizar la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e inclusive de los abogados de la Dirección Jurídica”, explicó.

Agregó que de acuerdo con la Nota N° 3004/19 de fecha 3 de junio de 2019, el director del Archivo General de los Tribunales remitió el expediente de vuelta al Juzgado, sin existir ninguna constancia o razón por la cual el expediente se remitió a archivo, y cuándo se remitió.

“Esto causó un gravamen en vista a que el expediente se encontraba en estado procesal: pendiente de resolución - de las excepciones presentadas desde el 2007, pero el expediente fue archivado por el Juzgado. No existen explicaciones legales, procesales ni administrativas para este acto de irresponsabilidad, que mantuvo en estado de suspenso los derechos de la institución. El notable retraso para la resolución del expediente es un tema, además, gravísimo y pasible de investigación, pretendiendo dilucidar quiénes son los responsables de este retraso que causa un importante perjuicio al IPS”, comentó.

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