El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, manifestó que no se descarta la posibilidad de que los montos señalados en el nuevo caso denominado “Esquema Ponzi” puedan incrementarse, ya que hasta la fecha la presunción es que dicho esquema de inversiones fraudulentas movió unos G. 9 billones en 7 años.
“Los datos fueron compartidos por la Seprelad al Ministerio Público, pero no se descarta que puedan variar esos montos en relación a la profundización que se está haciendo en esa investigación y obviamente ver las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema”, manifestó.
Señaló que se debe revisar la tarea que realizaron tanto de prevención en los diferentes sujetos obligados que son los bancos, financieras, casas de cambio, inmobiliarias, casas de autos, al igual que los proveedores de servicios virtuales o los que tienen relación con cripactivos y remesadoras. “Hay una amplia gama de personas que tienen su cuota de responsabilidad,” expresó.
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Arregui explicó y aclaró que cada una de las entidades financieras define las operaciones de riesgo. “Seprelad no tiene injerencia. Es la Superintendencia de Bancos la que establecerá acciones contra las entidades que tuvieron cuota de responsabilidad y un déficit en las operaciones antilavado”, detalló.
Agregó: “Seprelad no tiene ningún tipo de incidencia, como por ejemplo en un banco existen unas normativas y estándares internacionales, pero son cada una de las entidades financieras las que establecen su propia gestión de riesgo y sus perfiles transaccionales”, aseguró.
Añadió que dichas entidades son las que establecen el nivel de riesgo que puede representar un cliente y que se trata de una tarea exclusiva de ellas. “Seprelad no puede injerir en dichas políticas, ellos son los que ponen su control de riesgo, nosotros pasamos las regulaciones y el órgano supervisor natural de las entidades financieras es la Superintendencia de Bancos, quien va a establecer sumarios para esas personas que pudieron haber tenido alguna cuota de responsabilidad en la deficiencia en el control antilavado”, reiteró Arregui.
Informó que las personas que aparecen en la lista que se filtró y que serían los que operaban dentro del esquema Ponzi, liderado por Luis Arza, tienen un grado de responsabilidad penal, que será investigado por la Fiscalía.
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“Hay diferentes grados de comisión de un hecho punible, hay muchas personas que aparecen en ese listado que hasta el momento, al menos formalmente, no están pudiendo justificar el origen de ese dinero y eso será determinante a la hora de establecer los diferentes grados de participación”, refirió.
En la mencionada lista, que recorrió a través de redes sociales, existen al menos siete entidades bancarias y financieras, cuyos montos de operación variaban entre US$ 12.500.000 y US$ 670.000.