Todos los años cuando arranca el periodo de receso legislativo se reclama la duración del mismo. Ante este contexto, el diputado colorado Walter Harms aprovechó sus redes sociales para responder a uno de los que cuestionó el sistema que está vigente. El legislador habló de la posibilidad de que exista una reforma constituyente para que pueda modificarse este tipo normativas establecidas en la Carta Magna y que la ciudadanía considera excesiva.

El receso parlamentario dura más de dos meses y hace que el Congreso Nacional esté prácticamente parado durante todo este tiempo porque solo están los miembros de la Comisión Permanente. Todos los años hay gente que reprocha el tiempo en que los legisladores no desempeñan sus labores. Sin embargo, varios desconocen que esta medida está establecida en la Constitución Nacional.

En el artículo 184 de la CN se refiere a las sesiones del Congreso y específica que el período de receso será desde el veinte y uno de diciembre de cada año hasta el primero de marzo. Esta disposición sigue generando reclamos de los ciudadanos y en esta oportunidad se exige que los parlamentarios no reciban la dieta durante ese tiempo.

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Ante uno de los pedidos que se le hizo llegar al diputado Harms, a través de las redes sociales, surgió la idea de que los senadores y diputados no cobren salarios diciembre, enero y febrero, para que tengan acciones pagadas solo 12 días como el resto de la ciudadanía. Esta fue la propuesta de Eduardo González. El legislador la consideró una propuesta populista por eso consideró oportuno hablar de una reforma constitucional para modificar el artículo 184°.

“No me gustan las propuestas populistas. Deberíamos cambiar la Constitución Nacional y acortar el periodo de receso parlamentario en todo caso”, expresó el legislador en su respuesta. Recordando también que era un mandato constitucional que se estableció.

Otra idea que se expuso fue la de recortar el periodo de receso y la cantidad de parlamentarios en un 50%, a lo que también respondió el legislador con la idea de una reforma constitucional. El debate gira en entorno a los beneficios que se diferencian del resto de los ciudadanos y trabajadores que se rigen con normativas laborales precarias.

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