La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu (FG), instó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, encabezado por Julio Borba, a investigar a los sanatorios privados que obligan a los internados por COVID-19, a renunciar de los beneficios del Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados por la enfermedad, el cual fue establecido por ley.
“Recibí una denuncia sobre una supuesta declaración de ingreso que obliga a firmar a quienes deben ser internados por COVID-19. Ninguna empresa puede obligar a un ciudadano a renunciar a sus derechos. El Ministerio de Salud Pública debe investigar esta posible práctica abusiva y corregir la situación”, indicó.
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El documento expuesto por la legisladora a través de sus redes sociales refiere que cuando aún se haya explicado e indicado el procedimiento del alcance de la ley a los pacientes por la letal enfermedad, los mismos accederán de forma voluntaria y libre a no acogerse a los beneficios de dichas normas y asumir la responsabilidad ante los centros privados, con relación a los costos que implican la internación y los servicios prestados.
“Tratamientos, medicamentos, materiales descartables, estudios de diagnósticos o cualquier otro que resulte durante el tiempo de internación y que no son cubiertos por el sistema de medicina prepaga/seguro médico”, señala el documento.
La nota que deben firmar los pacientes contagiados e internados por el virus refiere también que todos los gastos deberán ser cancelados al momento del alta sanatorial conforme estado de cuenta que sea presentada.