El agente fiscal Luis Said se refirió a la condena de 8 años de cárcel al exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas que se dio el día jueves. El fiscal mencionó están a la espera de otros juicios en contra del ya condenado para el mes de febrero del próximo año.

“Estamos a la expectativa de realizar otros juicios más en el mes de febrero del año que viene. Son distintos casos, lógicamente, distintas conductas”, señaló Said en una entrevista para 780 AM. Agregó que este es el cuarto juicio que fue elevado en la causa del exintendente y otras personas que hacían parte de un esquema en la administración municipal.

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“Se ha logrado el día de ayer, el tribunal entendió resolver la condena para esta persona, que tuvo una condena privativa de libertad de ocho años, justificando su conducta en el Código Penal por lesión de confianza”, detalló.

En este contexto, explicó se llegó a estas instancias gracias a un extenso trabajo que se llevó adelante en contra de las administraciones municipales de Lambaré. “Es un trabajo que deviene desde hace 6 años de proceso, bastante extenso y dilatado, y este es el cuarto juicio oral y público que se ha elevado la causa al señor Roberto Cárdenas, exintendente de la ciudad de Lambaré, y tres personas que son allegadas suyas que eran de la alta gerencia de la municipalidad en aquel entonces”, indicó.

Igualmente, explicó que en las causas anteriores también se han logrado condenas, pero estas no llenaron las expectativas punitivas del Ministerio Público, lo que los llevó a recurrir todas ellas y que actualmente se encuentran en instancias alzadas a la espera de que se logre rever y reenviar las causas en algunos casos. “Para debatir nuevamente especialmente en cuanto a la calificación de las conductas de estas personas y en consecuencia aplicar la sanción que el Ministerio Público en su oportunidad ha traducido en sus alegatos finales”, indicó.

Por último, el agente fiscal expresó que no solo se trata de un daño patrimonial, sino por las consecuencias que tuvieron las acciones en la sociedad. “Por un lado pasa por el perjuicio patrimonial probado en juicio, pero lo más grave acá es la manera como se manejó este esquema y las consecuencias derivadas, es decir, tenemos el caso concreto que es el colapso de un aula en horas de clase, donde gracias a Dios no pasó a mayores”, apuntó.

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