El proyecto de ley que declara el estado de emergencia en el Chaco paraguayo será analizado como prioridad en la Cámara de Diputados, así lo afirmó el diputado Rodrigo Gamarra. La iniciativa legislativa incluye a los departamentos de Presi­dente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, afectados por las lluvias.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, no terminó de ser analizado por el pleno la semana pasada por falta de quórum, por lo que el propio presidente de la República, Santiago Peña, pidió a los diputados celeridad en su tratamiento.

“Efectivamente, el proyecto de emergencia para el Chaco es una prioridad para todos, y esta semana estuvimos en contacto directo con el presidente de la República”, sostuvo el diputado Gamarra en contacto con La Nación/Nación Media.

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Explicó además que, a este proyecto serán introducidas algunas modificaciones para una mejor utilización y distribución de los recursos que serán asignados, teniendo en cuenta que el proyecto inicial amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.

“Tal como él mismo indicó, se acordó introducir modificaciones a la versión del Senado para que los recursos vayan directamente a la Secretaría de Emergencia Nacional, que es el órgano más capacitado para dar respuestas rápidas y eficaces en el territorio”, indicó.

Finalmente, afirmó que existe voluntad política y el objetivo es sancionar el proyecto en la brevedad posible. “Esa modificación está en proceso y, una vez concluida, buscaremos que el proyecto sea tratado con celeridad en el pleno. Hay voluntad política clara de avanzar, y esperamos poder sancionarlo lo antes posible”, sentenció.

• El proyecto que declara en situación de emergencia en los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay ya cuenta con media sanción del Senado.
• El presidente de la República, Santiago Peña, pidió a los diputados acelerar el tratamiento del proyecto.
• El diputado Rodrigo Gamarra adelantó que trabajarán en la inclusión de modificaciones al documento.

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El proyecto de ley de contrato de préstamo de hasta USD 101.606.009,02 para la compra, por la vía de la excepción, de seis aviones Súper Tucano, que serán utilizados por las Fuerzas Aéreas para el control del espacio aéreo paraguayo, principalmente en la lucha contra el crimen organizado y el combate contra el narcotráfico, cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y debe ser tratado en la Cámara Baja para seguir con el trámite legislativo.

Al respecto, el diputado Hugo Meza indicó que es un proyecto muy importante, teniendo en cuenta que se trata de una inversión postergada por mucho tiempo para dar las herramientas necesarias a las Fuerzas Armadas, en el marco de la protección y el control para el país.

“Hay que entender que nuestro país hace un buen tiempo no viene invirtiendo o no invierte, una nula inversión en lo que es tecnología y equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas, y muchas veces nos quejamos cuando decimos que tenemos una frontera vulnerable, o ni siquiera tenemos radares, ni aviones, ni nada”, dijo en conversación para La Nación/Nación Media.

Bajo esta argumentación, el legislador sostuvo que existe “conciencia” en sus colegas para la aprobación de este contrato de préstamo. “Es demasiado importante para combatir muchos males, el crimen organizado, el narcotráfico, la defensa misma de nuestro país, entonces yo siento que hay una conciencia de poder acompañar este proyecto del Poder Ejecutivo en esta compra”, expresó.

Desde la Secretaría de la Cámara de Diputados, confirmaron para La Nación que el proyecto ya fue remitido el martes de esta semana por la Cámara de Senadores. Con el ingreso a Diputados se deberá girar a las comisiones asesoras para el estudio y elaborar un dictamen, para que finalmente pueda ser tratado por el pleno.

En este sentido, el diputado Meza, indicó también que probablemente el propio ministro de Defensa Nacional, Óscar González, estaría realizando el lobby correspondiente para tener el apoyo de los legisladores para la sanción de este proyecto.

“Seguramente a la vuelta de Semana Santa estaría haciendo lobby en la Cámara de Diputados para que las comisiones puedan dictaminar e inmediatamente llevar al pleno para poder decidir, en nuestro caso seguramente acompañar y darle la aprobación en la Cámara de Diputados, que pase al Poder Ejecutivo y sin más trámite poder avanzar sobre esa compra tan importante, y necesaria para la Fuerza Aérea de nuestro país”, sentenció el diputado.

Se trata del proyecto “que aprueba el contrato de préstamo N° 24.2.0312.1 por un monto de hasta ciento un millones seiscientos seis mil nueve dólares con dos centavos (USD 101.606.009,02) suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de la República Federativa de Brasil”

Este contrato se firmó el 19 de noviembre de 2024 para el financiamiento del Proyecto ‘Adquisición de medios aéreos (aviones) con capacidad tecnológica “para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo’, que estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por Ley N° 7228 del 29/12/2023″, indica el documento.

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Óscar González, los aviones Súper Tucano deben llegar al país en junio de este año. Mientras tanto, se aguarda la sanción del Congreso y la promulgación del Poder Ejecutivo para concretar esta compra.

Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó que tras el exitoso encuentro con su homólogo brasileño, Davi Alcolumbre, ya se acordó el primer encuentro oficial entre ambas delegaciones, que será en mayo. La fecha exacta aún no fue confirmada, no obstante, se indicó que también se aguarda el arribo de la comitiva brasileña en nuestro país.

“Con base a la conversación que iniciamos con el presidente del Congreso Davi Alcolumbre, se va a ir ahondando, tenemos prevista una visita la última semana de mayo en Brasilia. Vamos a ir una comitiva y también el presidente de Congreso del Brasil y su comitiva, están invitados aquí en el Parlamento de Paraguay”, señaló Núñez.

En conversación con varios medios de prensa, el titular del Senado manifestó que el primer encuentro con Alcolumbre, fue bastante positivo y considera importante el acercamiento entre ambos Congresos debido a los temas de interés compartidos con Brasil, siendo uno de los más importantes, la negociación del Anexo C de la Itaipú Binacional.

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Ambos legisladores pudieron conversar en el marco de una visita técnica realizada por la Itaipú Binacional, oportunidad donde estuvieron presentes los directores de ambas márgenes, Justo Zacarías Irún por Paraguay y Enio Verri Brasil y fue en este contexto donde Alcolumbre propuse una mayor cercanía entre ambos Congresos.

“Fue una reunión importante a instancia de los directores generales de ambas márgenes con los presidentes del Congreso de ambas márgenes también y senadores de Brasil y nuestra comitiva, además del inicio de las relaciones con el Congreso de Brasil, lo que siempre es alentador, más en estos momentos que tenemos ciertas diferencias por la cuestión del espionaje del gobierno anterior que se cortó en la actual administración”, detalló.

Asimismo, ya en esta ocasión, los parlamentarios brasileños informaron que en dicho país también se conformará una comisión exclusiva para dar seguimiento a las negociaciones del Anexo C y al respecto, ya tuvieron un primer diálogo con Natalicio Chase, presidente de la comisión paraguaya. “La función de ambos Congresos es aceptar o rechazar, no se puede modificar lo que fue acordado por las altas partes, pero sí pueden estar en desacuerdo total o ir por la aprobación”, explicó.

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