El diputado Basilio “Bachi” Núñez manifestó la existencia material de las obras de la Gobernación de Central, que fueron denunciadas como “fantasmas” por un grupo de concejales departamentales. Dijo también que las facturas falsificadas existen en varias administraciones, mencionando al municipio de Ciudad del Este, a cargo de Miguel Prieto, de cuya incipiente gestión se han reportado 19 denuncias de irregularidades, sin que haya sido objeto de investigación.
“Facturas falsificadas tenemos desde Ciudad del Este hasta Fuerte Olimpo, podemos hacer un pase por Cordillera, donde está el gobernador y el presidente del PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico), con facturas falsificadas”, sostuvo hoy miércoles, en conferencia de prensa. Comentó que la Contraloría General de la República (CGR) en su recomendación puso a conocimiento “la falta de presentación de las rendiciones de cuentas por el importe señalado en la conclusión”.
Explicó que el ente contralor sugirió implementar “controles estrictos a los fondos otorgados en concepto de transferencias”. “Por qué no hace la denuncia al Ministerio Público, porque la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación) ya lo hizo”, sentenció. El legislador colorado insistió en que la propia Dirección de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República afirma que “las obras no faltan”.
Dos dictámenes
La comisión especial de la Cámara de Diputados tuvo a su cargo investigar las denuncias contra el gobernador Hugo Javier González antes de que el pleno tratara el pedido de intervención a su gestión. Dentro de las disposiciones internas de este estamento legislativo se procedió a verificar las obras encaradas con recursos de la Gobernación de Central.
Así también, se recibió a los denunciantes y al propio jefe departamental. Este último, en su alegato dijo ser inocente de las acusaciones vertidas sobre supuestas obras fantasmas. Ante la disparidad de criterios en el interior de la comisión asesora, se emitieron dos dictámenes, uno a favor y otro en contra de la intervención, pero el pleno tiene la última palabra.
Paralelamente a este trámite constitucional, el gobernador afronta un proceso judicial tras se imputado por los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por “obras fantasmas”.
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