En el primer punto del orden del día de la última sesión del año, la Cámara de Diputados tratará el pedido de intervención de la Gobernación de Central solicitado por el Poder Ejecutivo por las denuncias de supuesto uso irregular de los US$ 1 millón para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19.
El pedido cuenta con dos dictámenes de la comisión especial que realizó el trabajo de análisis y estudio de todas las denuncias y el descargo del gobernador Hugo Javier González.
En este sentido, el diputado Ángel Paniagua, presidente de la comisión especial, señaló que el dictamen en mayoría es por el rechazo y el dictamen por aceptar la intervención es en minoría. “Con base en la investigación que hemos hecho, consideramos que no amerita la intervención”, indicó en entrevista para el canal GEN.
Paniagua destacó además que la mesa de trabajo logró terminar el estudio del pedido de intervención pese a las dudas que se dieron sobre si se trataba o no esta iniciativa antes del inicio del receso parlamentario, que será a partir del próximo 20 de diciembre.
“Desde un primer momento que asumí la presidencia de esta comisión, electo por los colegas, ha manifestado la gente que no se iba a tratar este año, de que esto se iba a prolongar para el año que viene. Yo manifesté que sí o sí esta comisión iba a tratar antes del receso parlamentario y lo estamos haciendo”, manifestó el parlamentario.
Por otra parte, la diputada Rocío Vallejo, integrante de la comisión especial, mencionó que la investigación se dio porque no fueron especificados en qué fueron utilizados los fondos transferidos a la gobernación. “El motivo por el cual se le transfiere tanto dinero a esa gobernación ya en el 2021, en los proyectos no figura qué es lo que van a hacer, dice nomás pavimentación del departamento Central. No existe una especificación”, indicó.
Agregó que la utilización del millón de dólares en el marco de la pandemia para la reactivación económica, la Fiscalía establece las sospechas en que las autoridades de la Gobernación de Central junto con personas del sector privado, han justificado la derogación de dinero de la gobernación diciendo que hicieron una determinada obra, pero la sospecha es que esa obra ya estaba antes.
“A los concejales les pregunté, ¿qué pasó en el 2020? Me dijeron que también solicitaron una auditoría y que hay unos 13.000 millones de guaraníes que están en duda”, sostuvo la legisladora.