El diputado Ángel Paniagua anunció que en la última sesión del año, antes del inicio del receso legislativo, la Cámara de Diputados estudiará el pedido de intervención a la Gobernación de Central, remitido por el Poder Ejecutivo. La comisión especial escuchó esta mañana el alegato del gobernador Hugo Javier González sobre las acusaciones de supuestas obras fantasmas que habrían sido avaladas desde su gestión.

“Hoy lo escuchamos al gobernador, a sus asesores y posteriormente vamos a entrar nosotros a estudiar en la comisión especial la intervención. Vamos a estudiar todo esto y vamos a sacar los dictámenes correspondientes para que el miércoles se pueda resolver todo esto”, comentó a los periodistas encargados de la cobertura legislativa.

Afirmó que la idea es definir este miércoles 15 la situación del gobernador. “Nosotros hasta el miércoles tenemos la posibilidad para que se estudie este año porque posteriormente ya vamos a receso parlamentario. Pero considero que están todos los papeles, los trabajos, los trámites correspondientes para que el miércoles podamos analizar”, concluyó.

Te puede interesar: Bolsonaro plantó a Abdo en Carmelo Peralta y reagendará visita para enero

Esta mañana, González realizó su descargo ante los miembros de la comisión especial de Diputados, que tiene a su cargo dar trámite o rechazar el pedido de intervención a la gobernación. El jefe departamental defendió en todo momento su inocencia de los hechos en los que lo involucran. En un breve diálogo con periodistas, aseguró contar con los documentos que avalan su versión y descartó la existencia de irregularidades tales como doble pago y obras fantasmas, acusación sostenida por la mayoría de la Junta Departamental que por esta razón solicitó su dimisión.

Recordemos que la imputación fiscal de Hugo Javier González desencadenó que el juez José Agustín Delmás, del fuero de Delitos Económicos, ordenara la inhibición general de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles del gobernador y de los otros 14 imputados por las supuestas irregularidades en el uso de recursos de la institución. Las imputaciones fueron por presuntos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Leé también: Itaipú: “Estamos con bastante orfandad de políticas energéticas”, cuestiona la UIP