La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado paraguayo la apertura del caso 14.786 Rubén Villalba y otros, presentado en el 2014. El jueves, la CIDH confirmó la aprobación del informe de admisibilidad, de esta forma prosigue el caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó la petición de referencia y aprobó sobre admisibilidad (...), de conformidad con el artículo 46 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”, reza parte de la nota remitida al Estado paraguayo.

La CIDH fijó un plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que se presenten sus observaciones adicionales de fondo. Esto forma parte del procedimiento establecido en la Convención de DDHH adoptada por Paraguay.

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El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tiene un sistema de peticiones y casos. Cuando una petición es admisible, la Comisión analizará los alegatos de las partes y las pruebas presentadas. En esta etapa, la Comisión puede pedir mayor información, pruebas y documentos al Estado y a la parte peticionaria, y, de ser necesario, puede convocar una audiencia o reunión de trabajo.

Asimismo, se contempla una solución amistosa que depende de la voluntad de las partes, y consiste en negociaciones destinadas a resolver el asunto sin la necesidad de completar el proceso contradictorio, y que se da bajo la supervisión de la Comisión. De no ser posible llegar a una solución amistosa, la Comisión continuará analizando los alegatos de las partes y decidirá sobre el caso, determinando si el Estado es o no responsable por las violaciones alegadas.

En el caso de ser responsabilizado, la CIDH emitirá un informe sobre el fondo que incluirá recomendaciones al Estado que pueden estar dirigidas a: hacer cesar los actos violatorios de los derechos humanos; esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación oficial y sanción; reparar los daños ocasionados; introducir cambios al ordenamiento legal y/o requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales.

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