La abogada Vilma Días Oliveira, representante legal del matrimonio Yolanda Acosta de Miguelín y Lorivan Miguelin, desmintió que sus clientes estén incitando a la invasión de una propiedad privada, como había denunciado el abogado Paolo Castiñeira, representante de la Agroganadera Santo Domingo S.R.L. días atrás.
Indicó que, muy por el contrario, sus defendidos han sido víctimas de una mala actuación fiscal-policial y terminaron siendo procesados por el Ministerio Público e incluso desalojados de su propio inmueble, que está ubicado en el distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa.
En comunicación con La Nación, la abogada Días manifestó que este fue un caso sumamente grave de atropello policial y fiscal, del que que no pensó ser testigo. En ese sentido, señaló que el atropello fue perpetrado el pasado 11 de noviembre, cuando ingresaron a la propiedad de sus clientes los fiscales Sandra Ledezma Espinoza, titular de la Unidad Penal N°4, zona de Luque, y el fiscal adjunto Augusto Ledesma Blasser, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, también con asiento en la Fiscalía zonal de Luque, ambos del departamento Central.
La abogada relató que estos dos fiscales, que tenían una orden de allanamiento y procedimiento dictado por el Ministerio Público para realizar una intervención acompañados por un destacamento de la Policía Nacional del departamento de Caazapá, con una causa abierta de supuesta invasión de inmueble, denunciado por una empresa que al parecer sería fantasma, según indicó la abogada Días con relación a la agroganadera Santo Domingo S.R.L. porque nunca encontraron ni siquiera para correr traslado y cuando fueron al domicilio que figura en los registros encontraron una metalúrgica.
“Mi cliente, la señora Miguelín, se entera que una comitiva fiscal-policial importante se encontraba en una parte de su propiedad y se va a verificar de qué se trataba, hablar con los fiscales, y ellos les dicen que estaban para hacer cese de hecho punible, que es un procedimiento fiscal. Porque supuestamente ese lugar era propiedad de una empresa que se llama Agroganadera S.R.L. y que ellos eran los invasores. Mi cliente le señala que se trata de una propiedad privada en Itapúa y ellos no estaban en el departamento de Caazapá”, mencionó.
Asimismo, la abogada Días indicó que de acuerdo a los documentos de procedimiento que presentaron los fiscales de Luque, ellos debían realizar el procedimiento en el distrito de Tava’i, departamento de Caazapá, y sin embargo la comitiva se encontraba a una distancia de 7 kilómetros de la línea divisoria entre los departamentos de Caazapá e Itapúa, ya en el distrito de San Rafael del Paraná, que si bien son colindantes con el distrito de Tava’i, la propiedad de su cliente no se encuentra en la línea colindante que divide a los departamentos y, por tanto, separa a los distritos mencionados. Por lo que indicó que se trataba de una propiedad de una tercera persona.
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Relató además que cuando la fiscal le exige a su cliente abandonar la propiedad y la mujer se defiende señalando que ellos están viendo soja, no existe ninguna invasión, no existe casa precaria. Así también, resalta que son propietarios legítimos y que la comitiva se encontraba en otro departamento. Incluso le presenta los documentos de título de propiedad, la mensura y aun así ordena su arresto. Le alzan a la patrullera y le traen hasta la ciudad de Luque y le liberan al día siguiente.
“Le sacaron de su posesión, eso en derecho civil se llama despojo, le despojan de la posesión de la propiedad a mi cliente y le pone en posesión a un abogado de nombre Paolo Castiñeira como supuesto representante de esa empresa. Los fiscales no tenían orden judicial, hicieron una resolución fiscal por sí y ante sí. La única diligencia in situ fue esta única constitución que le arrestaron a mi cliente”, explicó.
En ese sentido, insistió en que los fiscales invadieron la propiedad de su cliente con una resolución administrativa fiscal diciendo que están en el departamento de Caazapá, cuando estaban en el departamento de Itapúa, a pesar de que se les aclaró y señaló su error, indicó que no quisieron escuchar y aun así arrestaron a la propietaria del inmueble.
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Igualmente, indicó que una semana después, su cliente obtuvo una medida cautelar de prohibición de innovar de la jueza de María Auxiliadora, del departamento de Itapúa, jurisdicción competente del lugar, con el fin de proteger la plantación de soja en vista de que estaban haciendo alambradas y destruyendo la plantación de soja.
“En ese momento, los fiscales ordenaron la detención del marido, el hijo y el cuñado de la señora Yolanda Acosta de Miguelín. Por lo que no quedó de otra que salir a denunciarles penalmente a los fiscales. Denunciamos ante la inspectoría de la Fiscalía General del Estado y denunciamos también ante el Jurado de Enjuiciamiento y, por último, estamos solicitando las réplicas correspondientes porque este abogado no tuvo mejor idea que manipular la información con el diario”, precisó.