El expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Luis Villasanti salió al paso de las afirmaciones del monseñor Ricardo Valenzuela, quien, a través de una carta abierta durante la festividad de Caacupé, planteó derogar la ley promulgada recientemente que aumenta las penas para los casos de invasión de propiedad privada. Dijo que es una maniobra que incita a las ocupaciones con tinte político.
“A mí me parece que la ley debe respetarse. Si no respetamos la ley, para qué queremos una ley dura”, declaró a la radio 1000 AM, al rechazar la derogación de la normativa. Dijo que la propiedad privada está garantizada por la propia Constitución Nacional. “Lamentablemente se invade por cuestiones más que nada políticas y también por gente que saca provecho”, sentenció.
El expresidente del gremio de ganaderos sostuvo que en Paraguay las invasiones a la propiedad privada no se materializan por necesidad, sino más bien “por cuestión política y para crear zozobra e intranquilidad”.
“Estoy convencido de que la propiedad privada hay que respetar. Si vos no querés ir a la cárcel no vayas a robar, si robás tenés que tener un castigo. Y yo no sé por qué se toman contra la propiedad privada”, añadió, insistiendo en el respeto a la ley.
“A mí me parece un poco desacertada esa parte porque no estoy de acuerdo en que se ataque tanto a la propiedad y que se nos culpe a nosotros de la pobreza o de la falta de tierras. Tierras hay, hay muchísimas tierras, se les entrega, pero después se desocupa y se invade otra”, concluyó.
Derogación de la ley
Luego de concluir la homilía en la misa central de Caacupé, este miércoles pasado, el monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis, en una extensa carta leída a la feligresía paraguaya, abordó varios temas sociales, entre ellos, abogó por la derogación de la ley que eleva las penas a las personas que invaden propiedades.
“Tenemos ante nuestros ojos desalojos forzosos y amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinos de diversas zonas del país. Es de considerarse importante que se evalúe la necesidad de derogar la reciente modificación hecha al Código Penal o que se la revise con mecanismo de control y diálogo”, sostuvo el prelado.
El Poder Ejecutivo promulgó, el pasado 30 de setiembre, la ley que eleva las penas por invasiones de tierras. La Ley Nº 6.830 contempla penas de entre 6 a 10 años para las personas que ingresen de manera individual o colectiva a propiedades ajenas. La pena máxima se aplicaría en caso de constatarse agravantes.