La Cámara de Senadores tiene previsto llevar adelante una sesión extraordinaria este miércoles 28 de junio, en la cual estarán analizando un orden del día con un total de 10 puntos. La convocatoria se está realizando en la modalidad mixta (presencial y virtual) desde las 9:00, en la que los legisladores deberán ratificarse o aceptar las modificaciones planteadas al proyecto de Ley que modifica el Código Electoral, en lo que hace a los plazos para la propaganda electoral de los candidatos tanto en internas como en generales.

La proyectista, la senadora Giorgia Arrúa (PPQ), explicó en conversación con La Nación/ Nación Media que el planteamiento surgió debido a la falta de igualdad en el respeto de las leyes electorales con respecto a la propaganda electoral que lanzan mucho antes de los plazos establecidos actualmente. La legisladora sostuvo que está harta de que se violen los plazos y que no haya una sanción por parte de las autoridades.

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Indicó que el planteamiento concreto es extender los plazos electorales desde el momento de la inscripción de la candidatura, tanto en las internas como en las elecciones generales, y que arranque el plazo para llevar adelante su propaganda electoral ya sea en la vía pública como en los medios masivos de comunicación hasta 48 horas antes del día de los comicios.

“El Código Electoral establece unos plazos para la propaganda electoral que nunca se cumple, entonces, lo que planteo es que se modifiquen esos plazos. Además, hay que tener en cuenta que hacer la propaganda electoral es un derecho del candidato, como también de los electores de conocer quiénes son los postulantes y a qué cargo se postulan, así como promocionar sus programas y planes de gobierno”, comentó.

Al respecto, considera injusto que actualmente las leyes electorales prohíban la propaganda electoral en la vía pública, que nadie respeta, así también en los medios masivos de comunicación y, sin embargo, las redes sociales bombardean con propaganda electoral de los candidatos.

Indicó, además, que el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, había pasado a la Cámara de Diputados e introdujeron algunos cambios, pero solo de forma, y no así de fondo; por lo que mencionó que ella como proyectista no se opone a esas modificaciones, por lo que espera que el pleno acompañe mañana ya su sanción definitiva para que el proyecto pase al Ejecutivo. Indicó que si el proyecto es promulgado pronto, ya sería aplicado en las elecciones municipales previstas para setiembre próximo.

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Desde la Dirección de Comunicaciones del Senado informaron que los otros puntos a ser analizados se encuentran con moción de preferencia, aprobado por el pleno en sesión de fecha 22 de junio de 2023, el proyecto de ley “Que declara área silvestre protegida al cerro San José de la ciudad de Ybycui, departamento de Paraguarí, bajo dominio público municipal con la categoría de manejo y paisajes protegidos”, presentado por los senadores Eligio Daniel Villordo, Amado Florentín y Hermelinda Ortega.

Con igual condición de preferencia será considerado el proyecto de ley “Que crea la Orquesta Nacional de Música Popular –Onamp– y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023-Presidencia de la República”. Este documento fue presentado por los senadores Juan Carlos Galaverna, Hugo Richer y Silvio Ovelar.

Otro pedido de moción de preferencia hace referencia al proyecto de ley “Que crea la Universidad Jesuita del Paraguay San Ignacio de Loyola”, presentado por el senador Silvio Ovelar y los entonces senadores Adolfo Ferreiro, Arnoldo Wiens, Arnaldo Giuzzio, Miguel López Perito y Carlos Amarilla, entre otros puntos más.

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Ante el preocupante aumento de número de niños, niñas y adolescentes desaparecidos del entorno de su hogar, y la falta de datos concretos sobre cuántos de ellos volvieron con sus familias, o se dieron algún tipo de reparte, pero más preocupante aún la falta de seguimiento a ciertos casos en los que no se encontró a los menores desaparecidos, el senador liberal Lucas Aquino solicitó informes a la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador que preside la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia explicó que los datos que cuentan estas instituciones deben ser cotejados de forma sistemática.

Al respecto, el legislador señaló que no existen datos concretos de cuántos son los menores de edad desaparecidos. Indicó que, si bien existen estadísticas que hablan de los casos denunciados, y porcentajes de cuántos volvieron a su hogar, por el momento no existe un reporte en el que indique o detalle cuántos de los denunciados como desaparecidos volvieron con vida, y cuántos fueron hallados muertos.

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En ese sentido, agregó que, de acuerdo a los datos documentados a los que está accediendo, existe un brote terrible de trata de personas, y la adopción ilegal, que por de pronto se podría decir que son mitos urbanos, pero para llegar a los datos reales sobre estos hechos solicitaron informes a estas cuatro instituciones del Estado.

“La mayoría de los datos que estamos teniendo apuntan a trata de personas de niñas adolescentes y niños menores de edad. Terribles son los datos a los que estamos accediendo en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, solamente mirando hoy los datos estadísticos”, expresó.

Asimismo, mencionó que con el pedido de informe que están solicitando junto con su colega, la senadora Giorgia Arrúa, que ejerce la vicepresidencia de la comisión asesora, esperan una respuesta veraz por parte de las autoridades competentes.

“Es preocupante y muy alarmante la situación de los niños desaparecidos en el Paraguay, que de forma silenciosa no se hace mucho por ellos, y finalmente algunos aparecen muertos, y a otros no se les encuentra. Por eso, decididamente hemos tomado esta causa, para lograr el esclarecimiento de cada caso de desaparición de niños, niñas, y adolescentes”, remarcó.

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En cuanto a las acciones que llevarán adelante desde esta comisión asesora, dijo que lo primero que buscan lograr saber con exactitud es dónde está parado el país, cuál es la situación real. Añadió que, según el informe de la Policía Nacional, en agosto del 2021 informaron que había 1.500 menores de edad desaparecidos. Luego se informó que había un buen porcentaje de ellos que retornaba a sus hogares dentro del plazo de 48 horas.

Al respecto, aseguró que en esos datos estadísticos no existe un reporte de cuántos de ellos volvieron sanos y salvos a su hogar, tampoco hay un reporte de si fueron víctimas de trata de personas.

“Hay un sinnúmero de irregularidades que se está cometiendo con nuestros niños, niñas y adolescentes, indudablemente algo está pasando. No tengo los nombres de los menores a mano, pero hay niños, niñas que llevan desaparecidos 3 años, 4 años, otros 7 años, pero tengo los datos en la oficina y la verdad que es muy preocupante y es de terror. Por eso, con la vicepresidenta de la comisión, la senadora Arrúa, hemos decidido involucrarnos totalmente”, comentó.

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Los proyectistas Georgia Arrúa y Sergio Godoy explicaron que ante la falta de claridad en la legislación paraguaya en cuanto al bloqueo o cierre de rutas, plantean la tipificación que sanciona la obstrucción del derecho al libre tránsito. Al respecto, la senadora de Patria Querida sostuvo que la misma Convención de Viena establece que es obligación del Estado garantizar a través de sus leyes que no exista discrecionalidad en el actuar de las autoridades.

La parlamentaria opositora explicó en comunicación con La Nación/Nación Media que existen ciertos sectores que están en contra del proyecto de ley y hablan de la Convención de Viena como forma de atacar al mismo. Sin embargo, explicó que en su artículo 2 esta habla sobre la obligación que tiene el Estado.

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“Como nosotros no tenemos establecido por la ley, es que nos vemos en la necesidad de establecer con claridad y delimitar con precisión qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, a fin de que no quede a la libre interpretación de nadie”, expresó.

Igualmente, ambos legisladores explicaron que si bien la Constitución Nacional garantiza los derechos a la manifestación ciudadana, igualmente garantiza el libre tránsito de las personas; en tanto, enfatizaron que en ningún punto de la normativa ni del Código Penal especifican la restricción al bloqueo de rutas, o la obstrucción al libre tránsito. Los proyectistas señalan que el Código Penal no tipifica el hecho punible, por lo que consideran necesario hacer la modificación del artículo 216 de la Ley Nº 1160/1997 del Código Penal.

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“Si bien hay fiscales que imputan por coacción, la obstrucción al libre tránsito, que de hecho es una coacción, hay otros fiscales que no se sienten respaldados por el tipo penal como para hacer una imputación. Por lo que si bien hay denuncias, terminan sin imputación y todo queda en la nebulosa. Por eso, es responsabilidad del Estado clarificar cuestiones como estas de tal manera que no quede ligado a la discrecionalidad”, explicó.

A su turno, el senador Sergio Godoy, también en comunicación con La Nación, insistió en que la Constitución Nacional no faculta en ninguno de sus artículos al cierre de rutas y calles, o cualquier tipo de obstrucción a la libre circulación de personas y bienes.

“Claro que con esta propuesta no se busca prohibir la manifestación, eso está claramente garantizado en la Constitución Nacional, pero en ningún lugar se faculta ni se posibilita ni ampara que esa manifestación sea en detrimento de los ciudadanos que quieren circular”, enfatizó.

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En tanto, la senadora Arrúa lamentó que existan sectores que buscan tergiversar la iniciativa parlamentaria, de la misma forma que en el pasado se buscó tergiversar la propuesta de tipificar como crimen la invasión de tierras. Al respecto, sostuvo que luchar por la tenencia de tierra no significa invadir las tierras, que es un hecho punible.

“Luchar por la tierra se debe hacer a través de los órganos del Estado, buscar los medios para que cada persona tenga su propia tierra, pero no por medios ilícitos. De la misma manera, acá una cosa es protestar, organizar manifestaciones, que es un derecho libre en Paraguay, pero cerrar las rutas, impedir el tránsito de terceros está mal, no es correcto, y mucho más si se utiliza eso como medio para crear caos y utilizar como un elementos extorsivo”, sostuvo.

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Asimismo, Arrúa señaló que no le sorprende las acusaciones de su colega Sixto Pereira, quien acusó de “terroristas” a los que firmaron el proyecto de ley. En ese sentido, dijo que tanto Pereira y su sector son especialistas en tergiversar los hechos y en atacar con falacias.

“Para comenzar ellos no hablan de que se busca garantizar el libre tránsito, ellos hablan de que se busca prohibir o eliminar las protestas y manifestaciones, y el proyecto de ley no dice que se cancela la protesta. En ningún momento se busca prohibir la manifestación, porque la misma está garantizada en la Constitución. Cerrar las rutas no es la única forma de protestar y cerrar rutas viola otra garantía constitucional que es el libre tránsito”, concluyó.

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