La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reveló que las organizaciones no gubernamentales registraron extraordinario movimiento financiero en pleno año electoral (2023). Siderales cifras se concentran principalmente en grandes corporaciones de ONG cuyos directivos, gerentes y leales se privilegiaron con jugosos honorarios como “representantes de la sociedad civil”.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Los informes que con­tinúan llegando a la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros Deli­tos Conexos (CBI) sobre el manejo financiero de las ONG resultan asombrosos con relación a los resultados abstractos que tienen, esto principalmente en la gestión de las grandes corporaciones, vinculadas a políticos de la oposición y que operan en nombre de la sociedad civil.

Si bien los datos llegan reta­ceados, a cuentagotas los números del movimiento de dinero y ni hablar de los superhonorarios de los direc­tivos de ONG políticas, son bochornosos para la misión que vendieron histórica­mente a la ciudadanía que es velar los intereses colecti­vos. El objetivo social quedó a segundo o quizás en último plano, dinero que reciben estas grandes corporacio­nes van directamente al bol­sillo de sus dirigentes, todo en nombre de la representa­tividad que dicen tener de la sociedad civil.

La lucha contra la corrupción, el nepotismo, la discreciona­lidad, el tráfico de influen­cias solo incorporan en el discurso contra los adver­sarios, en la práctica aplican la gran repartija entre fami­liares y amigos, vale remar­car, de la plata que reciben en marco de convenios que tienen como beneficiario al Estado paraguayo. Esto con una extraña y extrema resis­tencia de esconder cómo se usaron o se usan los fondos ejecutados mediante pro­yectos con nombres grandi­locuentes.

Las grandes ONG que funcio­nan en nuestro país casi ya no han guardado las formas del manejo empresarial y el tinte político hasta si se quiere pro­selitista de sus actividades.

No hay que olvidar que la industria de ONG se hizo visible con las últimas elec­ciones generales cuando la candidata a vicepresi­denta por la Concertación Nacional, Soledad Núñez, tenía operadores que que­rían hacer de observadores en los locales de votación a través de la oenegé que creó; Alma Cívica. A par­tir de esto comenzó a salir a la luz una red de ONG de la excandidata y su esposo, el también excandidato perdidoso por la Concer­tación, Bruno Defelippe.

La CBI permitió el acceso a algunos datos, toda­vía muy escasos con rela­ción al volumen de dinero que ejecutan las grandes ONG, vale reiterar, aque­llas principalmente de carácter político. Una de las cifras divulgadas ayer y en el marco de las reu­niones de la comisión que impactó fuerte es que, en el 2023, año electoral, el movimiento financiero de las ONG fue de G. 12,6 billones, unos USD 1.700 millones al cambio de la moneda norteamericana de ese momento.

Entendidos señalan que la cifra revelada en la sesión de la CBI equivale al presu­puesto anual del Ministerio de Obras Públicas, más al de Salud Pública. Sin embargo, no se ha visto la protesta, indignación de un solo ciu­dadano que no forme parte de la logia de facturadores contra la iniciativa de trans­parencia de fondos de ONG aprobadas y en proceso de investigación por el Con­greso Nacional.

¿A quién afecta entonces la transparencia? ¿Cómo es posible que con los mul­timillonarios fondos eje­cutados en nombre de la ciudadanía, la gente no se haya inmutado siquiera con los controles que se prevén? ¿Dónde están los beneficiarios que no se han dado por enterado de los pronósticos apocalípticos que difunden sus “repre­sentantes” con jugosos honorarios?

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, testificó el miércoles a puerta cerrada ante un panel de legisladores republicanos que investigan con miras a un juicio político contra el mandatario, acusado de mentir sobre los negocios de su familia.

En año electoral, los republicanos tratan de infligir daño al presidente demócrata antes de las elecciones presidenciales en noviembre, en las que su rival más probable será Donald Trump, rodeado de escándalos y problemas judiciales.

Sin ofrecer ninguna evidencia concreta, han acusado a Biden de usar su influencia como vicepresidente durante el gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017) para ayudar a Hunter en sus negocios comerciales con China y Ucrania.

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La investigación de ‘impeachment’ -desestimada por los demócratas como una maniobra política para dañar a Biden en la carrera electoral- tiene pocas chances de producir cargos criminales reales en contra del presidente.

Al ser interrogado el miércoles sobre una serie de transacciones que los republicanos afirman implican a su padre de manera directa en irregularidades, Hunter Biden, de 54 años, negó categóricamente cualquier delito.

“No involucré a mi padre en mis negocios”, dijo Hunter en su comparecencia ante el Comité judicial y de supervisión de la Cámara. “No mientras fui un abogado en ejercicio, no en mis inversiones o en transacciones nacionales o internacionales, no como miembro de una junta directiva y no como artista. Nunca”, agregó.

Los republicanos han atacado por largo tiempo al más joven de los Biden, que dice haber superado su adicción al crack, sobre sus presuntos negocios turbios y han tratado de conectar dichas afirmaciones con el actual presidente.

Pero la investigación de ‘impeachment’ encontró dificultades este mes cuando un exinformante del FBI, Alexander Smirnov, fue arrestado y acusado de mentir e inventar acusaciones falsas de corrupción contra Hunter.

Smirnov aseguró que cada uno de los Biden recibió un soborno de 5 millones de dólares exigidos por Hunter Biden a la empresa ucraniana de energía Burisma, de cuya junta formaba parte, para protegerla de una investigación cuando su padre era vicepresidente.

Los fiscales federales afirman que las declaraciones de Smirnov fueron fabricadas.

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De la investigación contra Hunter no ha resultado nada que dé base a las afirmaciones de los republicanos contra su familia. Sin embargo, resultó en cargos criminales contra Hunter por evasión fiscal y por mentir sobre su uso de drogas cuando solicitó un permiso de portación de armas.

Fuente: AFP

Al cierre del año 2023, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) celebró una audiencia pública encabezada por el presidente Jorge Enrique Bogarín González y el ministro Jaime Bestard, oportunidad que remarcó que el evento no solo marcó el fin de un año electoral, sino también celebró los logros y avances significativos alcanzados este año.

El periodo de mandato del ministro Bogarín como presidente de la máxima autoridad electoral está llegando a su fin, por lo que aprovechó para agradecer a todos los funcionarios y directores de la Justicia Electoral por su compromiso y trabajo conjunto. Destacó que el éxito del presidente, sea quien fuere, es el éxito de la institución y del país. Además, resaltó el crecimiento y consolidación de la Justicia Electoral tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho.

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El cierre administrativo de la presidencia del ministro Bogarín se celebró con resultados satisfactorios, marcando un hito en la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales llevados a cabo bajo su liderazgo, según manifestaron.

A su turno, el ministro Jaime Bestard destacó la importancia de contar con organizaciones sólidas y transparentes como observadores electorales durante las elecciones nacionales de abril de 2023, lo que contribuyó a la credibilidad del sistema.

Asimismo, resaltó la participación de Paraguay en la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, donde se discutió el proceso electoral paraguayo y la implementación de nuevas tecnologías, así como el control del financiamiento político. Anunció que Paraguay se enorgullece de ser la sede de la XVII Reunión, prevista para el 2024.

Bestard elogió la columna vertebral de la institución, compuesta por funcionarios altamente capacitados, y expresó su satisfacción por la gestión del Dr. Jorge Bogarín durante su presidencia en un año electoral desafiante.

Las autoridades electorales presentaron un video informativo, en el que se destacaron las actividades realizadas durante el año 2023, haciendo hincapié en la innovación tecnológica en los procesos electorales y la promoción activa de la participación ciudadana.

Con estos logros, el TSJE se prepara para el próximo capítulo bajo la presidencia del Dr. Cesar Rossel, con proyectos planificados para seguir posicionando a la Justicia Electoral a la vanguardia de los organismos electorales.

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El presidente de la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones (Copaco), Sante Vallese, admitió este jueves lo que una publicación de La Nación- Nación Media había alertado, con relación a la concesión del espectro de la empresa estatal a la firma estadounidense Rivada Networks Inc por una suma ínfima de US$ 10 millones que no compensa siquiera el pago de deuda a proveedores.

En comunicación con la radio 650 AM, el titular de la institución se excusó fundamentando que el acuerdo ya previsto con la compañía extranjera se trababa de un borrador, el cual será socializado y debatido como proyecto y pasará por el Congreso, para lo cual ya cambiarán algunos artículos que son controvertidos.

El diputado Sebastián García se refirió al proyecto de ley para otorgar un crédito de US$ 240 millones al IPS para el pago a proveedores y que finalmente no fue tratado en la sesión de la Cámara Baja por falta de quorum. Sostuvo que este tipo de proyectos llama la atención porque tras cuatro años de que la previsional adeudaba a ciertos prestadores de servicios, justo ahora los legisladores vienen a darse cuenta y quieren utilizar los fondos de los jubilados para el pago de esas cuentas.

“Es una vergüenza que se presten a este juego del oficialismo de pretender dar un manotazo a los fondos de los trabajadores; realmente es sorprendente que se pongan a discursear encima a favor de un proyecto, es uno de los proyectos que le sentencia al IPS, realmente sorprende que se presten a endeudar a un fondo de salud ya deficitario”, lamentó.

La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ha anunciado su dimisión, que ya ha notificado al rey Carlos III, aunque permanecerá al frente del Gobierno hasta que se elija a un sustituto. “Es la mejor decisión para mantener a Reino Unido en una condición económica estable”, ha dicho en una declaración ante Downing Street.

Truss ha vivido una última jornada “difícil”, como han admitido fuentes de Downing Street a los principales medios. Al menos 17 diputados han pedido que dimita por el caos político de estas semanas, marcado por el desmantelamiento prácticamente total del programa fiscal que anunció el Ejecutivo en septiembre, según el recuento de Sky News.

Desde el Sindicato de Petropar anuncian el cierre de las plantas de Villa Elisa y Troche, en protesta contra el rechazo de la Cámara de Diputados a la ampliación presupuestaria de US$ 267 millones. Advierten que el país podría quedar tres meses sin combustible.

“Decidimos hacer una asamblea y la mayoría coincide en cerrar las plantas de Villa Elisa y Troche, para que sepan lo peligroso que es dejar sin combustible a Petropar”, afirmó el sindicalista de Petropar, Gerardo Parodi.

Este jueves se realiza una marcha en contra el proyecto de Transformación Educativa en el microcentro de Asunción. Varias organizaciones rechazan dicha iniciativa que apunta a las políticas educativas y el modelo de gestión del sistema educativo en Paraguay, y se movilizan en la Plaza de la Democracia por la defensa de los niños y la familia, según su lema.