El fiscal del Medio Ambiente Jalil Rachid indicó que sigue pendiente el pedido de desalojo, que hace más de un mes solicitó como Ministerio Público a la Policía Nacional, con notas enviadas a la Comandancia y al Ministerio del Interior, así como la detención de personas desconocidas que se rehúsen a abandonar las tierras de la estancia Pindó, propiedad de la Agroganadera Pindó S.A., ubicada en Curuguaty, departamento de Canindeyú.
En comunicación con La Nación, el agente fiscal señaló que sigue aguardando alguna respuesta de parte de las autoridades policiales. “Todavía está pendiente, yo hace más de un mes que pedí el desalojo del lugar y hasta hoy en día no tengo respuesta de la Policía Nacional. No tengo ninguna respuesta, nadie se comunicó conmigo, nadie me avisó nada de nada”, expresó.
Cabe señalar que actualmente está en curso el juicio oral y público contra 4 mujeres acusadas de liderar la invasión de la propiedad privada. Al respecto, Rachid aclaró que el pedido de desalojo lo realizó independientemente al proceso judicial en curso, y que no depende del fallo del tribunal para que la Policía Nacional intervenga y actúe desalojando a los ocupantes ilegales.
“Esto es independiente al juicio oral. Como fiscal encargado del tema a mi cargo está hacer el pedido de aprehensión de personas extrañas al inmueble. Ahora la parte operativa ya es exclusiva competencia de la Policía Nacional, que hasta la fecha no tengo retorno respecto a este caso”, precisó.
Le puede interesar: Ministro Giuzzio limpia el parque Caballero mientras delincuentes copan calles
Juicio sigue esta semana
En lo que respecta al juicio oral y público, el fiscal indicó que se está desarrollando con normalidad, y que la misma tendrá continuidad esta semana, con la etapa de testificales. Este juicio se inició el miércoles 1 de diciembre; la defensa presentó todos los incidentes, buscando anular el proceso, pero luego que el tribunal analizó cada caso, los rechazó y siguió con la diligencia.
Igualmente, señaló que el viernes 3 de diciembre se presentaron dos testigos por parte del Ministerio Público, que identificaron y confirmaron que las cuatro acusadas no solamente estaban ocupando las tierras de manera ilegal y que instaban a los grupos invasores a mantenerse en el lugar, sino que también fueron identificadas como dirigentes durante las movilizaciones y cierre de rutas fuera del predio de la estancia Pindó.
Lea más: “No soy una persona improvisada para entrar en la política”, afirma Zuni Castiñeira
Este proceso penal data del 2014 y sobrellevó una serie de chicanas por parte de la defensa. Cabe señalar que el Ministerio Público logró identificar a los principales líderes del grupo de supuestos campesinos, entre los que fueron imputadas Angélica Silva, Ana María Santander de Jara, Rosana Mabel Bareiro Dávalos y Jorgelina Coronel Zala en la causa caratulada “Arsenio Garay y otros, sobre el supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno”.
Desde entonces, sus abogados, que forman parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), impulsaron una serie de chicanas buscando dilatar la causa a fin de que llegue a su extinción.
Esto puede interesarle: Santiago Peña recibió el respaldo de la Central de Mujeres Coloradas