El intendente liberal Jorge Centurión anunció que el informe sobre la administración del exjefe comunal será remitido a la Fiscalía y Contraloría. Foto: Archivo.
Horqueta: gestión de exintendente de Añetete deja deuda de casi G. 9.000 millones
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El intendente de la ciudad de Horqueta, Jorge Centurión, denunció una deuda de casi G. 9.000 millones generada durante la gestión del exjefe comunal Jorge Urbieta, perteneciente al movimiento Colorado Añetete.
Detalló que la deuda de específicamente G. 8.970.635.563 corresponde a los recursos provenientes de los fondos genuinos, royalties y Fonacide que fueron utilizados supuestamente en obras que no fueron ejecutadas.
“Nosotros estamos recibiendo muchas notificaciones sobre las deudas, pero acá la idea principal es conversar, ver las alternativas de solución. Me pasaron un informe desde la parte administrativa quienes verificaron de manera presencial la existencia o no de obras, y detectaron obras fantasmas y daños patrimoniales”, dijo el intendente perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Deudas con otras instituciones y empresas
Por otra parte, Centurión mencionó que una gran cantidad de maquinarias de la municipalidad no se encuentra en funcionamiento a la par de existir deudas con la Administración Nacional de Electricidad (Ande), con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), la caja de jubilaciones y estaciones de servicios.
“No encontraron ninguna construcción, de aulas, baños y empedrados. De manera estimativa serían casi 30 construcciones. Nosotros estamos empezando de cero y esa es la realidad. Estamos haciendo reestructuraciones”, expresó el jefe comunal.
Informe será remitido a la Fiscalía y Contraloría
Finalmente, el intendente liberal manifestó que ya realizaron la denuncia en torno al faltante y que remitirán todos los documentos del informe a la Contraloría General de la República (CGR) para un seguimiento.
“Nuestro deber como autoridad es informar a la ciudadanía, ahora la información fue derivada hasta la asesoría jurídica de la municipalidad para entregar tanto a la Fiscalía como a la Contraloría, como corresponde”, indicó.
Fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo realizaron ayer una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del Departamento Judicial del IPS, en “Dos en la ciudad” de canal GEN/Nación Media.Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló. Afirmó que hoy jueves los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso.
IPS aguarda ejecución de sentencia para que consorcio hotelero salde millonaria deuda
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Este jueves, fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Trabajo realizaron una intervención de un consorcio hotelero en Asunción,para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del departamento Judicial del IPS, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló.
Afirmó que hoy jueves, los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso. “Nos llevamos la sorpresa de la acción presentada y que es meramente dilatoria. La deuda total con la previsional asciende a G. 31.900 millones”, puntualizó.
El profesional indicó que han tenido conversaciones con los representantes de la empresa y que tenían las intenciones de poder saldar la deuda, pero no avanzaron. “Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de ingreso al IPS, ni formalmente donde ellas han reconocido que tienen una deuda con el instituto”, refirió.
Leales a Prieto, con millonarios contratos en Municipalidad del Este
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Varias personas del entorno del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, están ligadas de forma directa o indirecta a una discoteca convertida en constructora que recibió contratos por USD 1,5 millones de la comuna esteña.
Por Juan Carlos Lezcano
Una funcionaria, un director de la comuna esteña y varias personas que se muestran cercanas al intendente Miguel Prieto aparecen vinculadas de forma directa o indirecta a la firma SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió contratos por más de USD 1,5 millones por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Este vínculo cercano fue el que motivó la denuncia penal presentada la semana pasada contra Prieto y varias personas más.
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, este no era el nombre original con el que se creó la firma, de acuerdo con los documentos que los propios representantes tuvieron que entregar ante la DNCP para la consecución del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
Apenas unos días después de la apertura del bar, el 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del Directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.
Fue así que Golden Rouge SA pasó a convertirse en SCDE Sociedad Anónima. Y de club nocturno se transformó en una firma cuya actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles.
FUNCIONARIA Y SU MARIDO
De acuerdo con el acta de cambio de denominación, como accionistas aparecen Lilian Graciela Benítez con G. 680 millones, y Lumma Silva Battochi, con G. 320 millones.
Silva Battochi es funcionaria de la comuna esteña y gana G. 3 millones mensuales como auxiliar en la Secretaría de la Vivienda. La empleada pública no declaró sus acciones ante la Contraloría y llamativamente en los papeles figura que aportó el equivalente a cien meses de su remuneración en la comuna.
La funcionaria ingresó como contratada en la comuna en 2021, misma época en la que comenzó a aparecer como accionista de Golden Rouge y después SCDE SA.
Silva Battochi es esposa de Juan Esteban Quiroga Cañete, quien ingresó en 2022 como funcionario contratado de la Municipalidad de Ciudad del Este. En ese entonces percibía G. 4.200.000.
Para 2023, Quiroga Cañete ya estaba percibiendo G. 12 millones mensuales y se convirtió en director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
Juan Quiroga, marido de la funcionaria de la disco – constructora, abrazado a Miguel Prieto.
HERMANASTRA ACCIONISTA
Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez, hermanastra de la primera.
Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la funcionaria comunal.
TODOS CERCANOS A PRIETO
Quiroga Cañete y Aguirre Benítez demuestran su gran cercanía con Prieto a través de publicaciones en redes sociales.
Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que aparece en cumpleaños infantiles compartiendo junto al intendente Prieto y a la concejala Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.
Quiroga Cañete también tiene numerosas fotografías publicadas en actos oficiales con Prieto.
MILLONARIOS CONTRATOS
SCDE recibió 8 contratos con instituciones públicas, siete de los cuales fueron firmados con la comuna esteña. En total, la administración de Prieto entregó contratos por más de G. 10.706 millones a esta firma en menos de dos años.
Luque: allanan municipio tras muerte de dos mujeres arrastradas por raudal
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En el marco de la investigación por la muerte de dos mujeres el miércoles pasado en la ciudad de Luque durante un fuerte temporal, este lunes el fiscal Jorge Escobar encabezó un allanamiento en el municipio de la mencionada ciudad con el objetivo de recabar más información sobre el caso.
El trabajo se inició en las oficinas de la Dirección de Obras, donde en presencia del titular de dicho departamento, el arquitecto Adrián González, y el asesor jurídico de la intendencia, Raúl Salinas, fueron incautados varios documentos que tendrían que ver con las obras a realizarse en la zona del siniestro, Mariscal López casi Curupayty.
En ese contexto hay que señalar que el jueves pasado el fiscal afirmó que había elevado un pedido de informe de manera urgente a la Municipalidad de Luque, para corroborar los trabajos que se habían realizado en la zona del percance y los que estaban proyectados, ya que según el intendente de Luque, Carlos Echeverría, estaban previstas obras de acondicionamiento en las calles donde el vehículo en el que viajaban madre e hija fue arrastrado por el raudal.
Posterior al hecho, un equipo de peritos de la Fiscalía evaluó la calle que desembocaba en el cauce donde terminó cayendo el automóvil en el que se desplazaban las víctimas junto a agentes del Grupo Lince, quienes debían asistir esa mañana al acto de graduación.
El objetivo de esta tarea en particular era determinar las condiciones en las que habría estado la zona en el momento de la tormenta y si se podría hablar de la incursión en una falta grave de seguridad por parte del municipio.
Hasta el momento se maneja que existen dos líneas de investigación que apuntan a buscar el grado de responsabilidad del conductor del vehículo, por un lado, y por el otro el del municipio, en su carácter de encargado de velar por la seguridad vial de todos los habitantes de la ciudad.