El director financiero de Itaipú, Fabián Domínguez, sostuvo que la entidad binacional no está ajena a abrir las puertas al control del uso de los fondos sociales, pero que la verificación debe darse de manera conjunta entre las contralorías de Paraguay y Brasil. Las declaraciones de Domínguez surgieron al ser consultado sobre el emplazamiento judicial para entregar datos a la entidad contralora.
“Para nosotros, la verificación tiene que ser junto con ambas contralorías. No nos negamos al control. Itaipú es controlada permanentemente por diferentes estamentos”, dijo a la 780 AM.
Aclaró que los fondos socioambientales tienen que ser analizados y fiscalizados por una comisión binacional de cuentas. “Yo me fui a pedir en el Ministerio de Relaciones Exteriores que queremos ser controlados por las contralorías de Paraguay y Brasil”, aseguró, al ratificar que el ente no se niega a la fiscalización.
Te puede interesar: Exoficialista cuestiona figura de Velázquez y habla de apoyo a Peña
“Estamos aguardando las instrucciones correspondientes para proceder. Lo que yo comenté es simplemente el criterio plasmado en todos los documentos jurídicos de Itaipú”, señaló. Afirmó además que la contabilidad de Itaipú es una sola “y no es nacional, sino binacional”.
“Lo que más queremos nosotros es tratar de ser muy cuidadosos con el cumplimiento del marco legal respectivo. Nos debemos a nuestra gestión, nuestra primera función es cumplir y hacer cumplir el tratado”, aseguró.
Domínguez ratificó que “no existen cuentas nacionales en Itaipú, esa es la razón por la que existe una cuestión de criterio, de interpretación en ese marco”. “Estamos haciendo las consultas con el área correspondiente”, comentó.
El director financiero de Itaipú en todo momento defendió que “desde un inicio estuvimos conversando este tema”, al avalar la predisposición a la auditoría. “Nosotros tratamos de colaborar en cuanto nos fue posible con la Contraloría”, enfatizó.
Emplazamiento judicial
Recordemos que los directivos de Itaipú fueron emplazados judicialmente por 72 horas para entregar los documentos requeridos por la Contraloría sobre el uso de los fondos socioambientales.
De acuerdo con lo expresado por el director jurídico de la Contraloría General de la República, Darío Ortega, de persistir la falta de entrega de los documentos señalados, una vez cumplido el plazo, se puede proceder al allanamiento de las oficinas de la entidad a fin de acceder a dichos informes.