El excanciller Eladio Loizaga lamentó que se lleve adelante el proyecto de modificación de la Ley Nº 1.335/1999 “Del servicio diplomático y consular de la República del Paraguay”, y mencionó que aprobar esta iniciativa será “abrir una caja de pandora y puede generar problemas en el futuro”.
“Aquí, si pensamos en abrir una institución tan importante como la Cancillería, es una pena. Es una pena que lleguemos a tambor batiente a aprobar la modificación de una ley que está funcionando”, dijo el exministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, en entrevista a la 1020 AM.
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Igualmente, el embajador Loizaga indicó que espera que los parlamentarios revean esta situación, argumentando que en el Ministerio de Relaciones Exteriores nunca se dio inconvenientes con la ley vigente, y que la misma senadora Lilian Samaniego tiene conocimiento de ello.
“Ojalá puedan bajar los decibeles en el Senado. La senadora Samaniego e incluso el presidente han sido miembro de la junta de ingreso y nunca hemos tenido problemas y ellos saben. (…) La ley de la carrera diplomática debería ser única”, apuntó.
Asimismo, aseguró que en la Cancillería ningún funcionario ingresó fuera del escalafón, la única forma que se ingresa es a través del examen. “En la Cancillería te aseguro que nadie ingresó fuera del escalafón, la única forma que se ingresa es a través del examen. (…) Este año se han presentado 320 personas para concursar e ingresar. De ellos han quedado 40″, puntualizó el excanciller.
La cuestionada ley ya fue aprobada en general por el Senado la semana pasada, y este jueves figura en el orden del día de la sesión ordinaria para su tratamiento en particular. La “ley Lilian” pretende modernizar el servicio diplomático, consular, administrativo y profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Plantean debates públicos para modificar la ley de financiamiento político
El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, afirmó que el Consejo Nacional Anticorrupción será la instancia donde se sustanciarán los cambios planteados a la Ley de Financiamiento Político, cuya finalidad es evitar la irrupción del dinero sucio proveniente del crimen organizado y lavado de activos en los procesos electorales.
“Esta es la idea que tengo, que de ahí salga una iniciativa legislativa que mejore el control, yo creo que amerita. El consejo se reunirá en julio. Existen ciertos aspectos que requieren ciertos ajustes y deben ser socializados de una forma extremadamente amplia”, comentó Benítez, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
No obstante, Benítez manifestó que como previa a dicha etapa se deberá impulsar una serie de debates con los partidos políticos, sociedad civil y medios de comunicación. “La discusión me parece de suma importancia y celebro que los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral tomen esto como una prioridad y ojalá podamos hacer un calendario para el debate, que se incluya a absolutamente todos los sectores intervinientes en la política nacional”, indicó.
Detalló que las actualizaciones deben girar principalmente en torno al aporte estatal y el control sobre el origen y gastos efectuados durante las campañas electorales. “Me encantaría poder escuchar a los expertos en la materia. Es un secreto a voces el enorme financiamiento a campañas políticas que provienen no solo de la informalidad, sino del crimen organizado, este es un flagelo que debemos combatirlo, no se puede permitir”, mencionó.
Asimismo, Benítez calificó como “absurdo” el alcance de la normativa vigente promulgada en febrero del 2020. “No solo es ineficiente, llega al absurdo. Algunos partidos políticos rindieron cuentas por G. 50 millones y reciben USD 1.500.000 mil por año”, expresó.
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Senado rechaza modificaciones del Código Penal y proyecto vuelve a Diputados
La Cámara Alta rechazó el proyecto de ley que pretende modificar tres artículos del Código Procesal Penal, específicamente los que guardan relación con la inviolabilidad de la defensa, duración máxima del procedimiento y desestimación de causas. Desde la Comisión de Legislación advirtieron sobre los riesgos que correría el sistema de Justicia si estas modificaciones llegaran a ser aceptadas.
“Es peligrosa, vaga, confusa y puede traer más problemas que las soluciones que dice proponer por eso solicitamos el rechazo del presente proyecto de ley”, aseveró el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, quien expuso los motivos por los cuales no consideraban viable dar visto bueno a este proyecto.
A iniciativa del diputado Derlis Rodríguez, se planteó la modificación de los artículos N° 6, 136 y 305 de la ley N° 1286/1998 Código Procesal Penal, en este sentido, Maidana indicó que por unanimidad la Comisión resolvió recomendar el rechazo a este proyecto debido a varias razones. Con relación al artículo N° 6, sostuvo que se introduce una expresión que terminará afectando directamente a los derechos a la defensa de los imputados.
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Asimismo, añadió que la redacción actual de este articulado es prácticamente una transcripción de lo que establece la Constitución en su artículo N° 17 en cuanto a los derechos del procesado y el ejercicio a su defensa. En cuanto al artículo N° 136, manifestaron que si bien todo proceso debe ajustarse a un tiempo específico, el planteamiento de este proyecto podría ocasionar consecuencias negativas en los derechos tanto de los investigados como de las víctimas.
“La propuesta cae en el mismo vicio que hoy tenemos en cuanto a planteamiento de incidente y otros, dando lugar a extinciones y prescripciones que a su vez conducirá a una profunda crisis de impunidad”, expuso Maidana, quien precisó que en una audiencia pública donde participaron representantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública, Fiscalía y Colegio de Abogados coincidieron en la misma conclusión.
“Este tipo de normativas puede hacer que muchas causas caigan en la impunidad y falta de juzgamiento a través de chicanas y otro tipo de artimañas”, aseveró. Por último, y con relación al artículo N° 305 que habla de la desestimación de las causas, señalaron que la propuesta era improcedente puesto que el denunciado podría solicitar la desestimación de la causa, sin que se le dé participación a la víctima, en un plazo de tiempo muy breve, lo cual incidiría directamente en los niveles de impunidad. Tras el rechazo del Senado, el proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados.
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Senado posterga por 8 días propuesta de uso de padrón nacional en alianzas electorales
La Cámara de Senadores postergó por 8 días el proyecto de ley que modifica y amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones. Esta propuesta figuraba como punto número dos en el Orden del Día y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Entre los planteamientos que busca incluir es la autorización del uso del padrón nacional, en el eventual caso que se lleguen a concretar las alianzas entre los partidos políticos para las elecciones internas partidarias.
Al respecto, el senador liberal Dionisio Amarilla, afirmó que hoy el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) está pagando muy caro el contrato acordado por Efraín Alegre en su momento, cuando firmó alianza con algunos partidos de la oposición. Señaló que, en lo que respecta al financiamiento, el PLRA terminó cediendo cerca del 50 % de los subsidios electorales, por lo que en gran parte les ha causado problemas económicos a la nucleación política.
Mencionó que con esta semana que se ha ganado con la postergación de 8 días, estarán trabajando mejor en la propuesta de modificación al proyecto que proviene de Diputados. Indicó que también podría ser objeto de análisis el fallo que emitió el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para que luego de su estudio, se pueda lograr un proyecto de ley que finalmente permita que la gente pueda acordar electoralmente alianzas, concertaciones.
Agregó que esto permitirá a los partidos políticos, organizaciones, sociedad civil, lograr acuerdos o alianzas, contemplando otras cuestiones como ser el reparto de los fondos provenientes de Estado Paraguayo en conceptos de subsidios y aportes partidarios.
“El PLRA ya está pagando muy caro el formato de acuerdo de contrato que en su momento aprobó el Directorio, y que fue impulsado por Efraín, donde cedían más del 50 % de los recursos obtenidos en conceptos de subsidios. Sin embargo, las bancas logradas por organizaciones que compitieron son prácticamente escazas. Por eso, el partido quedó desfinanciado. Entonces, hay aristas que nosotros notamos que no fueron precauteladas en el proyecto de Ley”, indicó.
Mencionó que este tema ya está siendo analizado con la Comisión de Legislación, con su colega el senador Derlis Maidana que preside esta mesa asesora, y que incluso si es necesario analizarlo con apoderados de otros partidos políticos con representación en el Senado, a fin de lograr un proyecto de ley que logre el mayor consenso.
Precautelar los acuerdos
En otro momento, señaló que se tiene que precautelar los acuerdos que se lleguen y de los que sean electos por la concertación o las alianzas, teniendo en cuenta que muchas veces cuesta llegar a ciertos acuerdos que favorezcan a los que tienen mayor caudal de votos.
Al respecto, recordó la última alianza electoral 2023 que aglutinó a los partidos de la oposición encabezada por el PLRA. Afirmó que en esa alianza el PLRA tuvo que ceder 21 cupos en las listas parlamentarias con aprobación del Directorio.
Señaló que esto hizo que se priorizaran a gente de otros partidos, con menos caudal electoral, en detrimento de candidaturas liberales que tenían importante número de votos, en favor de los candidatos de los otros partidos de la oposición, afectando por ejemplo la candidatura de la liberal Ramonita Mendoza con importante caudal electoral, así como otros liberales.
“Por ejemplo le trajimos a Rafael Filizzola en la lista, que aportó un bolsoncito de votos, que a todas luces la sumatoria de los que ya dejaron de competir y que afectó la lista de senadores del PLRA produjo que ingresen no solamente 11 liberales, y que probablemente gente que hubiera aportado más votos que Rafael (Filizzola) o (Tonny) Apuril ya no hayan estado en el proceso electoral para las generales”, indicó.
Finalmente, señaló que es necesario hacer un estudio muy fino de la propuesta, así como un estudio del derecho comparado. Por ejemplo, hay una propuesta que deberá ser analizada, que habla de que la Concertación se integre con padrones de los que deciden concertar y analizar el segmento vinculado a los independientes, dándoles tiempo a los independientes a acercar sus padrones, que podrían provenir de gremios o asociaciones.
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Proponen cambios para el cálculo de la patente vehicular
Con el propósito de cambiar la ley vigente de patente vehicular en los municipios del país, se planteó una nueva propuesta en la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es el de establecer un régimen tributario aplicable para la habilitación vehicular. Este proyecto propone la modificación del artículo 22 de la Ley n.° 620/1976, con la intención de establecer un cálculo uniforme en base a un porcentaje del valor imponible del vehículo.
De acuerdo al documento, la nueva normativa establecerá que el impuesto será del 0,3 % del valor imponible, con una reducción progresiva del 5 % anual hasta completar 10 años de antigüedad del rodado.
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Igualmente, se establece límites mínimos y máximos para el pago de patentes, señalando que el monto no podrá ser inferior a 0,4 jornales diarios ni superior a un salario mínimo legal vigente. También se establece que este valor será actualizado anualmente por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).
Otra de las propuestas incluidas en este documento es la creación del Registro Único de Habilitación de Rodados (RUHR), que será administrado por la ANTSV, que será el encargado de centralizar la información sobre los valores imponibles de los vehículos, como también garantizar la aplicación homogénea de los impuestos a nivel nacional.
Adhesión obligatoria
La adhesión de todos los municipios al sistema de cálculo determinado por la ANTSV será de carácter obligatorio, y también establece sanciones para las municipalidades e intendentes que no cumplan con esta disposición.
“En caso de que una municipalidad otorgue habilitaciones vehiculares fuera de las disposiciones establecidas en la ley, el intendente será sancionado con una multa equivalente a un jornal mínimo por cada habilitación irregular emitida”, indica parte del proyecto.
El proyecto de ley contempla la derogación de la Ley n.° 5817/2017, la cual sustituyó los artículos 25, 26 y 27 de la Ley n.° 881/1981 sobre el régimen tributario de la Municipalidad de Asunción; impulsado por los diputados Hugo Meza, Néstor Castellano, Daniel Centurión, Mauricio Espínola y Marcelo Salinas.