Miguel “Kencho” Rodríguez, senador del Partido Frente Guasu, advirtió que se está a las puertas de un estallido social cuyo origen serían los sectores campesinos e indígenas, si no se deroga la ley que impone penas más altas a las invasiones de propiedades privadas, que fuera sancionada semanas atrás.

“Con estupor y con indignación hemos asistido a la utilización de la nueva Ley 6830/21, impulsada por partidos de la ultraderecha como Patria Querida, que antepone la supuesta propiedad privada a la vida misma”, expresó el senador del Frente Guasu.

Kencho Rodríguez calificó a la ley que protege de las invasiones a las propiedades privadas como “inconstitucional” y recordó que nuestro país ya fue condenado por “trato indigno” a los pueblos originarios y anunció la presentación de un proyecto para derogar la mencionada ley.

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“Estamos presentando la derogación de esta Ley 6.830, totalmente inconstitucional y vamos a hablar también de las comunidades campesinas, ya que sus cultivos son totalmente destruidos”, indicó Rodríguez, mencionando una situación ajena a lo que menciona la ley que castiga con penas de cárcel a las personas que invadan propiedades privadas.

En tono amenazante, el senador del Frente Guasu dijo ante el pleno del Senado: “El que avisa no traiciona y hemos avisado señor presidente. El vaso se ha colmado y vamos a tener estallidos sociales si no derogamos esta Ley 6.830, porque no se puede privilegiar la tierra a la vida misma”, dijo Rodríguez durante su exposición.

Posteriormente, añadió que “la propiedad privada o como quieran llamarla, no está por encima de la vida y esto va a ocasionar grandes problemas”. Pidió que la derogación de la ley sea tratada con celeridad.

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La modificación de la ley planteada y aprobada en el Senado, en octubre pasado, posibilitará dictar penas carcelarias a las personas que realizan invasiones de propiedades privadas en todo el territorio de la República y recibió el apoyo de grupos como la Unión Industrial Paraguaya, que afirmaron que la modificación de la ley aportaría mayor seguridad jurídica para las inversiones.

También grupos de comunidades indígenas del departamento de Caazapá aplaudieron la promulgación de la mencionada ley, cuestionada por sectores de la izquierda fuertemente vinculados a diversas invasiones de propiedades privadas.

“Son los campesinos y gente de izquierda los que andan preocupados y comienzan a manipular a nuestros hermanos indígenas para poder utilizarnos y colocarnos en primera línea de las manifestaciones, ya que ellos carecen de respaldo”, expresó Sabio Tapari, representante de la Asociación de Comunidades Indígenas Tekoha Joaju, del departamento de Caazapá.

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