El presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Diego Torales, manifestó su apoyo al respeto de la propiedad privada. Como gremio abogan que la Justicia establezca una condena ejemplar contra las cuatro acusadas por invasión de la estancia Pindó. Asimismo, señaló que esperan que los miembros del Tribunal de Sentencia tengan lucidez plena para poder condenar y castigar a las imputadas.
En comunicación con La Nación Torales señaló que desde la ARP han seguido muy de cerca el emblemático caso. Recordó que históricamente han mantenido la postura en defensa de la propiedad privada acompañando de cerca a los propietarios de la agronaganadera desde que su propiedad fue invadida en el 2012. Recordó también que le acompañaron en los lobbies en el Senado cuando se estuvo estudiando el proyecto de expropiación.
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Igualmente, indicó que acompañaron en los cientos de “reuniones improducentes” con las autoridades del Ministerio del Interior y la Comandancia para que se lleve a cabo el desalojo. Ahora, con el inicio del juicio oral, con más razón están acompañando y ratificando su postura en condenar la invasión de la propiedad privada, y es por ello que espera que los condenados reciban una sentencia ejemplar.
“Para nosotros es importantísimo que todos los procesados reciban una condena ejemplar por el grado de violencia que hubo en la estancia Pindó. Recordemos que ahí se asaltó y se quemó el casco de la estancia, se disparó contra vehículos, se cometió abigeo, se le golpeó brutalmente a los empleados y cuidadores de la estancia. Pocas veces se vio el grado de violencia como se dio en este caso, por eso, para nosotros como gremio es muy importante que se demuestre que habrá seguridad jurídica para las personas que quieran dedicarse al rubro”, comentó Torales.
Asimismo, señaló que no solo se debe brindar garantías jurídicas a futuros inversores sino también a los que ya están trabajando en la producción agroganadera. Por eso, aquellas personas que son imputadas por cometer algún tipo de delitos contra la propiedad privada, deforestación o atetado contra la producción, deberían someterse a la Justicia y recibir un castigo ejemplificador.
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Torales mencionó además que el respaldo desde la ARP no solo es para las víctimas, sino también al Ministerio Público y a la Policía Nacional que trabajó en la investigación, y en ese marco, también abogan para que el poder jurisdiccional, en este caso los jueces del Tribunal de Sentencia, tengan la lucidez plena para condenar en este caso a las invasoras.
“Está en poder de este Tribunal el dejar impune o castigar los hechos punibles de invasión. Porque en vano va hacer todo el trabajo el Ministerio Público, en vano va ser todo el trabajo de la Policía Nacional si finalmente los jueces de sentencia terminan por absolver a esta clase de delincuentes. Todo este trabajo podría quedar en agua de borraja”, expresó, aclarando que desde el gremio respetan el orden jerárquico de las instituciones de la Justicia.
Cuatro acusadas
En estos años que lleva el proceso judicial contra los invasores que se apropiaron de las tierras de la estancia Pindó y han realizado una grave deforestación del bosque nativo que tenía, el Ministerio Público ha logrado identificar e imputar a 4 mujeres que formaban parte de la asociación de supuestos campesinos sin tierra. Ellas son: Angélica Silva, Ana María Santander de Jara, Rosana Mabel Bareiro Dávalos y Jorgelina Coronel Zala.
Cabe destacar que el caso está a cargo del fiscal del Ambiente, Jalil Rachid, mientras que el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá está conformado por los magistrados, Sofía Jiménez, Hugo Medina y Bonifacio Rojas. De acuerdo al cronograma establecido por la presidenta del Tribunal, la jueza Jiménez, el juicio debe proseguir hasta el viernes 03 de diciembre.
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