La jueza del Tribunal de Sentencia de Canindeyú, Sofía Jiménez Rolón, fijó para este miércoles 1 de diciembre, el inicio del juicio oral de las cuatro mujeres que están imputadas por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno, en relación a la Estancia Pindó. Esta causa penal data del 2014 y ha sobrellevado una serie de chicanas impuestas por la defensa, con el solo efecto de dilatar el proceso, buscando la extinción de la causa.
De acuerdo a la cédula de notificación que se envió a las partes, este tribunal de Salto del Guairá, integrado por los jueces Sofía Jiménez, Hugo Medina y Bonifacio Rojas, fijó las fechas 1, 2 y 3 de diciembre, como días para el desarrollo del juicio oral y público convocando a las acusadas, Angélica Silva, Ana María Santander de Jara, Rosana Mabel Bareiro Dávalos y Jorgelina Coronel Zala, quienes deberán presentarse con sus correspondientes abogados.
Al respecto, el fiscal acusador, Jalil Rachid, explicó que desde el inicio de la causa tuvo ciertas demoras muy llamativas, porque superadas las audiencias preliminares se debió haber remitido inmediatamente al Tribunal de Sentencia, ya que se había elevado la causa a juicio oral y público, pero esto tardó años en remitirse al Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá.
Ante este retraso provocado debido a las innumerables chicanas, el fiscal Rachid indicó que esta causa está llegando al límite del plazo y con peligro de extinción. “Todavía no está en extinción pero sí está en peligro de que se extinga la causa, debido a todas las chicanas y artillería jurídica que utilizaron los abogados de Codehupy (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay), que lo único que pretende y el único objetivo de esta gente es que se extinga esta causa”, comentó.
Mencionó que se tardó mucho en llevar este juicio oral, debido a que entre las chicanas que hicieron recusaron en dos ocasiones sucesivas a los miembros del Tribunal de Sentencia N° 1 de Salto del Guairá, integrado por Cinthya Espínola, Benito González y Gustavo Villaverde, logrando dilatar la causa por un plazo de más de dos meses, buscando de este modo obtener la extinción de la misma y la impunidad de las procesadas.
Incluso, el propio fiscal Rachid había sido recusado en su momento, pero autoridades del Ministerio Público lo volvieron a confirmar. En ese sentido, Rachid confirmó que las cuatro mujeres habían sido imputadas en el 2014, dentro de la causa caratulada “Arsenio Garay y otros, sobre el supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno”. Esto teniendo en cuenta que las mujeres formaban parte de la comisión directiva de la asociación de supuestos campesinos sin tierra.
Mencionó, además, que si el juicio oral previsto para esta semana vuelve a sufrir algún tipo de retraso, o se impone alguna nueva chicana, advirtió que el caso podría prescribir, remarcando que justamente es el principal objetivo de los abogados de Codehupy que llevan la defensa.
“Esto podría extinguirse a comienzos del año que viene, entre febrero y marzo. Esto sería lamentable, más aún teniendo en cuenta que es una causa que el Ministerio Público considera que hay elementos suficientes para llevar adelante el juicio oral. Siempre que se extingue una causa es lamentable, es una situación jurídica lamentable”, acotó.
Aclaró que todas las chicanas y retrasos no son atribuibles al Ministerio Público, sí a los artilugios de la defensa, que interpusieron los abogados. Aclaró también que el grupo que pretende apropiarse del inmueble ajeno de la Estancia Pindó perdió en todas las instancias que recurrieron a fin de apropiarse de esas tierras.
“Han perdido en todas las instancias que han recurrido sobre la discusión de la titularidad del inmueble, perdieron en el Indert, perdieron en el Congreso, con el intento de expropiar; Infona por su parte constató y confirmó la deforestación de cientos de hectáreas. El Ministerio Público también constató la deforestación. Ahora bien, en este juicio no se va discutir la titularidad del inmueble, ni los documentos. Aquí se va discutir sobre la invasión de un inmueble ajeno”, comentó.
Al respecto, aclaró que las personas imputadas en esta causa se someterán conforme a la ley anterior, teniendo en cuenta que recientemente fue promulgada la ley que aumenta las penas por invasión de la propiedad privada, elevando la categoría de delito a crimen. Por lo que las cuatro imputadas en este caso solo podrán recibir una pena máxima de hasta 5 años.
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