La directora de Migraciones, María de los Ángeles Arriola, instó al diputado del movimiento Colorado Añetete Colym Soroka a presentar una denuncia formal respecto a sus acusaciones sobre un sistema de “aprietes” en la institución. A la vez, la funcionaria de Estado defendió su gestión y la de sus funcionarios.
“Lo que dijo el diputado en realidad me sorprendió en la manera, la forma. En realidad mucho no quiero entrar en esto, pero creo que los resultados están a la vista, él habló de un apriete, por parte de funcionarios. Si el diputado habla de un apriete, se tiene que hacer de manera formal, todos están en su derecho de pedir el cargo o la cabeza”, indicó.
Tranquila con el trabajo realizado
Soroka había mencionado en un acto político del segundo del Poder Ejecutivo y aspirante a presidente, Hugo Velázquez, realizado en Itapúa, que le llegaron “quejas de pedido de dinero y eso no me agrada”, solicitando de esta manera destituir a Arriola.
“Yo estoy tranquila con el trabajo que estoy realizando, que estamos realizando todos los compañeros dentro de Migraciones. Esta institución debería ser más grande, con mayor poder, ya que en esta pandemia del COVID-19 demostró que tiene responsabilidad, no de una dirección general, sino de una nacional”, dijo Arriola durante una entrevista en el canal C9N.
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Continúa la toma del colegio Carmen de Peña de Capiatá, piden destitución de la directora
Alumnos y padres de familia de un colegio de la ciudad de Capiatá, tomaron la institución educativa solicitando la pronta intervención del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), además de la destitución de su actual directora.
Con varios carteles de por medio en los que manifiestan su indignación, los jóvenes, apostados en el Colegio Carmen de Peña, situado en la Ruta PY 01 de la mencionada ciudad, piden que la docente Viviana Noemí Maidana Báez, actual directora de la institución dé un paso al costado.
Ellos alegan un mal manejo en la administración del ente, por lo que piden además la presencia de las autoridades del MEC para llevar a cabo la intervención y de esa manera, detectar si existen o no las irregularidades, tal como ellos sospechan.
En entrevista con C9N, uno de los alumnos manifestó que, además de la mala administración, Maidana Báez, quien también imparte clases, por lo general no entra en el horario correspondiente dejando su horario vacío y haciendo perder horas muy valiosas a los jóvenes quienes aguardan por las lecciones del día.
También mencionó que por medio de un comunicado, aparentemente desde la dirección del Colegio Carmen de Peña hicieron creer que la toma del colegio fue levantada, sin embargo tal situación no sucedió, atendiendo a que todavía no llegaron a ningún acuerdo.
Ellos piden poder conversar con las autoridades para finalmente resolver esta situación, ya que, según manifiestan, incluso varios docentes sufrieron descuentos en sus salarios por estar de acuerdo con la medida y por apoyar la petición planteada por padres de familia y los propios alumnos.
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Diputado plantea transferir subsidio a las tarjetas de los pasajeros
El diputado Adrián “Billy” Vaesken presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar el servicio del sistema del transporte público en Asunción y el área metropolitana planteando la transferencia del subsidio estatal de forma directa a los pasajeros mediante desembolsos en sus tarjetas de billetaje.
En la exposición de motivos, el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) afirma que el usuario tendrá empoderamiento en el uso de la plata pública, además obligará a los empresarios a mejorar su servicio, terminando con las reguladas y los buses chatarras. Al mismo tiempo garantiza que el transportista reciba el pago puntual por el servicio que brinda, evitando así su endeudamiento.
La iniciativa sostiene que el Estado, a través del Viceministerio del Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a partir de ahora se lo menciona como “la autoridad competente”, establecerá un sistema de tarjetas de transporte público único e intransferible para los usuarios del transporte público en el territorio nacional.
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El documento agrega que cada usuario tendrá derecho a registrarse y adquirir una sola tarjeta de transporte público, que será habilitada con la fotocopia de cédula y según los criterios de elegibilidad, cuyo número de cédula podrá registrar solo una tarjeta de transporte público.
Otro punto del proyecto de ley indica que la tarjeta podrá ser anulada en caso de extravío u otra situación fortuita y posteriormente ser habilitada una nueva tarjeta con la fotocopia de cédula de identidad del usuario, transfiriendo el saldo de la tarjeta anulada a la nueva habilitada.
Asimismo, refiere que las denuncias de extravío podrán ser realizadas en los locales comerciales habilitados para su comercialización. Agrega que el Estado a través de la autoridad competente organizará y se encargará de las mismas, será responsable del control y serán protegidas contra su duplicación y usos no autorizados.
Elegibilidad
Por otra parte, manifiesta que el Estado asignará los subsidios directamente a las tarjetas de los usuarios en función de elegibilidad establecidos por la ley. Señala además que los criterios de elegibilidad para recibir subsidios podrán incluir los ingresos; aquellas personas cuyas entradas económicas no superen los cuatro salarios mínimos establecidos por ley.
Ciudadanos con discapacidades demostrada con una certificación del Instituto de Salud Pública, personas de la tercera edad, estudiantes o cualquier otro criterio que se considere apropiado para asegurar que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan.
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Urge que granjas mineras cuenten con un marco regulatorio
El senador Colym Soroka, manifestó que es urgente que se sancione una ley la cual regule el negocio de las criptomonedas en nuestro país, dado que actualmente no se cuenta con una normativa que castigue a los que están operando en la ilegalidad. El excesivo consumo de energía de las granjas mineras sin control alguno, representa un perjuicio para la ciudadanía, advirtió.
“Lo que buscamos es un marco regulatorio con relación a la granjas mineras en Paraguay, no se busca perjudicar a nadie, a los que están legal todo bien, pero se está armando un formato de cómo va a ser la utilización de la energía para las granjas. El marco regulatorio de lo que va a ser las granjas mineras en Paraguay, va a establecer hasta cuántos megas, en dónde y cómo y qué zona va a estar habilitada”, explicó.
Soroka ratificó que la intención no es perjudicar las inversiones que ya se hicieron en este sector, pero tampoco se puede exponer a la ciudadanía a cortes prolongados de energía eléctrica, ya que muchas granjas operan en la clandestinidad y obligan a ciudades enteras a estar a oscuras por 24 e incluso 36 horas.
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“Comenzamos a hacer unos estudios junto con ingenieros respecto a los cortes de luz masivos que había, nosotros tenemos varias granjas de criptomonedas, que son granjas mineras que absorben energía, y las ilegales ocasionaron un daño tremendo con relación a algunos distritos donde se instalaron de forma clandestina y absorbían toda la energía”, relató el Soroka a la 1080 AM.
De acuerdo a la información con que cuenta el legislador, en el país existen cerca de 116 granjas mineras pero solo 42 están registradas en la Administración Nacional de Electricidad (Ande), por lo que urge establecer un marco regulatorio de forma a sancionar a los que operan en la ilegalidad, puesto que actualmente esto no está tipificado y el Ministerio Público no puede actuar.
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Ciudadanos de Jesús de Tavarangüe toman municipio exigiendo respuesta de las autoridades
Ciudadanos del distrito de Jesús de Tavarangüe, en el departamento de Itapúa, decidieron acampar frente a la municipalidad de la mencionada ciudad, exigiendo que el intendente Víctor Garay sea procesado y destituido de su cargo.
El pedido obedece a que el jefe comunal fue imputado por el fiscal Luis Alberto Albertini por producción de documentos no auténticos y lesión de confianza.
En conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media Diana Monzón una de las líderes de la manifestación aseguró que se encuentran desesperados por la situación por la cual atraviesa el municipio.
Desde que se inició el proceso en contra del intendente, todas las actividades de mantenimiento y mejoramiento de la ciudad se han visto paradas.
“Vamos a estar acá hasta que el intendente vaya a la cárcel, las actividades pararon completamente, no se hace nada. Las escuelas se cerraron en las compañías porque supuestamente no hay suficientes alumnos y no es así. Hacen figurar trabajos de empedrados y no se hace nada, habilitaron una sala de informática y no hay ni una computadora, pero figura que se compraron”, indicó Monzón.
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La misma aseguró que bajo la administración del intendente Garay la calidad de vida de los habitantes ha empeorado, ya que no se realizaron las obras en materia de saneamiento ni construcción de caminos que estaban planteadas.
Es por eso que ahora solo quedan caminos intransitables y cientos de familias no logran acceder a una necesidad tan básica como es el agua potable debido a que no tienen sistema de agua distribución.
Argumentó además que la mayoría de las licitaciones las hicieron empresas que no existen y jamás se iniciaron los trabajos, ni se dieron continuidad a servicios, como, por ejemplo, la recolección y el tratamiento de los residuos.
Estos desechos ahora ahora están siendo depositados en un vertedero improvisado, el cual no cumple con las normas sanitarias necesarias.
Según las investigaciones preliminares, la malversación de fondos significaría un perjuicio para el municipio de 800.000.000 guaraníes, y la causa pasaría a un juzgado de la capital, atendiendo que dos jueces de la zona se declararon no aptos para tomar la causa.
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