El senador del Partido Colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna dijo que se debe concretar la intervención a la administración del gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, con el fin de que pueda demostrar su gestión.
“Yo creo que corresponde otorgar la intervención, será la oportunidad para poder corregir cosas y si no hay nada que corregir será la oportunidad para Hugo Javier de demostrar la corrección de su administración. No hay que tenerle miedo a la intervención, para mí es muy probable que se resuelva eso”, dijo en comunicación con la radio 1020 AM.
González fue imputado por el fiscal Rodrigo Estigarribia por los presuntos delitos de producción de documentos no auténticos, lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal.
El proceso de investigación se centra en torno a la transferencia de 800.000 dólares que supuestamente realizó el jefe departamental a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la ejecución de obras viales y de mejoramiento de los espacios públicos.
Por su parte, su colega Silvio “Beto” Ovelar, expresó que “todo funcionario público debe someterse a los controles y sí hay méritos creo que los legisladores debemos actuar en consecuencia. En esa instancia deberá demostrar su inocencia”.
La comisión especial que analizará en Diputados el pedido de intervención de la Gobernación de Central tendrá su primera reunión el martes 30 de noviembre a las 9:00. Mientras que para el viernes de la siguiente semana se estará convocando a la parte denunciante para la presentación de pruebas.
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Posteriormente, la comisión debe convocar al denunciado para que el mismo haga su descargo sobre todos los puntos presentados por la parte denunciante. La mesa de trabajo tiene un periodo de 15 días hábiles para emitir un dictamen de todo lo recabado durante el proceso y posteriormente debe ser sometido al pleno de la Cámara de Diputados.
Los Diputados deberán definir si se impulsará o no la intervención. En el caso de que sea aprobada, el Ejecutivo designará a un interventor que deberá realizar en un plazo no mayor de 3 meses el proceso de control y de acuerdo a los resultados serán finalmente los legisladores de la Cámara Baja quienes tomen la posición de destituir o no al colorado del cargo.
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