La nueva propuesta de Ley del Servicio Diplomático y Consular fue aprobada ayer en general por el Senado, pese a los reclamos del gremio de diplomáticos. La senadora Georgia Arrúa cuestionó el procedimiento apresurado para su estudio. Para la legisladora de Patria Querida sus colegas “aceleraron y atropellaron”, para agilizar el trámite que lejos está de ser transparente. Lamentó la falta de diálogo con todas las partes para fortalecer esta normativa, por la extensión exigía un análisis detallado, según expresó.
“Es una ley muy importante, el proyecto tiene 140 artículos, modifican de forma amplia y general la ley actual”, sostuvo. Los proyectistas alegan que tiene por objeto constituir y regular el servicio diplomático, consular, administrativo y profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
La iniciativa legislativa de la mano de la senadora Lilian Samaniego habilita el ingreso de políticos en los cargos diplomáticos y consulares, dejando de lado los exámenes de ingreso vigentes en la Ley Nº 1.335. Durante el estudio del proyecto anterior para modificar la ley vigente, se realizaron audiencias masivas, en ese entonces solo se modificaban algunos artículos.
“Este (la nueva propuesta) modifica más artículos y no tuvo un tratamiento transparente”, aseveró Arrúa. Los técnicos de la Comisión de Relaciones Internacionales y los asesores del Senado tuvieron un solo encuentro con la Cancillería, que “obviamente no te permite abordar la problemática que podría traer estos cambios”, añadió.
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Diplomáticos podrán participar de actos partidarios
La senadora reafirma la necesidad de que hoy los consulados estén en manos de personas de carrera, sin embargo, existen consulados con nombramientos políticos. Esa realidad “es una irregularidad que existe y con este proyecto de ley se piensa normalizar, violando acuerdos y el manejo de los consulados en general a nivel internacional”, sentenció.
Por otra parte, cuestionó que esta normativa permita también a los funcionarios diplomáticos realizar actividades partidarias, fuera de horario de oficina. “Se pretende legalizar esa actividad, es un enfoque errado y va en contra de los intereses del país”, recalcó.