La Cancillería Nacional envió esta semana una nota dirigida a la presidencia de la Cámara Alta, apelando a que la propuesta legislativa de la senadora Lilian Samaniego –que pretende crear un mecanismo para dar rango diplomático a funcionarios con padrinazgos– sea postergada para una mejor consideración.
La propuesta de Samaniego es un proyecto de ley que “moderniza” el Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores creando un mecanismo para nominar, a través de la Dirección de Recursos Humanos, a políticos como futuros diplomáticos sin necesidad de aprobar un examen de ingreso.
El canciller nacional, Euclides Acevedo, cuestionó la forma galopante en la que se pretende llevar el tratamiento de un proyecto de ley muy importante. Indicó que lo único que se confirma con esto es que existe una premura por el copamiento político de una institución que en esencia debe mantenerse neutral a los avatares políticos.
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“Yo no sé por qué tanto apuro para tratar este proyecto, es precisamente con un afán innecesario de copamiento de la Cancillería. Si alguna institución del Estado debe mantener neutralidad y estabilidad, es la Cancillería Nacional. Lo que yo creo es que debemos legislar para que la forma de ingreso sea cada vez más rigurosa y cada vez más neutral, y no contaminar de pretensiones políticas”, expresó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores en comunicación con la 780 AM.
A través de su nota al Senado presentada el miércoles 24 de noviembre, dirigida al presidente de la Cámara Alta, Óscar Salomón, y que tuvo entrada oficial ayer en la sesión ordinaria, el canciller Acevedo solicitó la postergación del estudio del proyecto de ley, que en la ordinaria de la víspera fue aprobado en forma general y se postergó por 8 días su estudio en particular.
Argumentos
En la misiva, el canciller nacional expone sus argumentos de la postura institucional, por la cual considera incluso inconstitucional algunos artículos del cuestionado proyecto legislativo. Señala que la Constitución Nacional, en su artículo 101, dispone el rango constitucional de la carrera diplomática y consular, al igual que el de la carrera judicial, docente, investigación científica tecnológica, entre otros.
Mientras que el proyecto de ley en cuestión “vulnera este principio al englobar esta carrera de rango constitucional con otras como la administrativa, la civil con funciones y responsabilidades diametralmente distintas, generando un caos a lo largo de todo el articulado del proyecto”, expresa parte de la nota.
Continúa señalando que igualmente es inconstitucional contraponiéndose al artículo 102 de la Constitución, que establece el régimen uniforme de la función pública, por lo que consideran inadmisible el establecimiento de disposiciones especiales para funcionarios públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de manera de equipararlos a diplomáticos en detrimento de funcionarios de otros estamentos ministeriales.
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Asimismo, desde la Cancillería Nacional señalan que la propuesta legislativa es inviable presupuestariamente, atendiendo a que es imperativo el involucramiento del Ministerio de Hacienda, así como de la Comisión Bicameral de Presupuesto, a fin de cuantificar el impacto que tendría en el presupuesto el masivo ingreso de funcionarios de una sola vez, a categorías presupuestarias superiores, sin ningún tipo de planificación y más aún sin el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales mencionadas anteriormente.
Aumento presupuestario de G. 35.627 millones
En ese sentido, informan que de acuerdo a estimaciones del área administrativa del ministerio de RREE, ocasionaría un aumento del presupuesto actual, de aproximadamente G. 35.627 millones, solo para el pago de salarios y beneficios en el servicio local.
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Finalmente, desde la cartera diplomática señalan que con el proyecto de ley se pone en riesgo la igualdad en el acceso a los cargos y, por ende, la idoneidad. Recordando que la Constitución consagra la igualdad para el acceso a la funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad.
“Estos preceptos constitucionales son vulnerados en todo el texto del proyecto estableciéndose diferencias de acceso, de ascensos y de cargos para ciertos funcionarios en detrimento directo de los derechos de otros, y en particular de los derechos de la ciudadanía en general”, expone.
Por estas consideraciones, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores abogan por un estudio más acabado de la iniciativa legislativa, para lo cual es necesario continuar con reuniones de trabajo de la mesa intersectorial, ya instalada desde el pasado 13 de setiembre.