La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).

Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.

La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.

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Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.

El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.

A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.

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Durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, los miembros aprobaron por unanimidad la aplicación de una Plataforma de Afiliación Digital, respetando todas las consideraciones técnicas que permitan la correcta identificación de los interesados. Además, el pleno acompañó la modificación del Código de Ética partidaria para que se ajusten a las legislaciones vigentes sobre el financiamiento político.

En tal efecto, la apoderada general Magnolia Mendoza pasó a detallar el dictamen emitido por la Comisión de Apoderados, conforme a la propuesta planteada por la Comisión de Afiliaciones. Señaló que la propuesta es viable y no sustituye a las afiliaciones tradicionales previstas en el estatuto partidario. No obstante, remarcó que se deberá prestar especial atención a la no vulnerabilidad del sistema a través de la plena identificación del usuario que accede al mismo.

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“Por lo tanto, es nuestro parecer que, si se cumplen con todas las especificaciones técnicas contenidas en este documento, es jurídicamente viable la implementación de la Campaña Permanente de Afiliación en Línea”, expresó la apoderada sobre la conclusión del dictamen.

Asimismo, el apoderado general Wildo Almirón se refirió al dictamen emitido por la Comisión de Apoderados que aconsejó al pleno la aprobación del proyecto que Incorpora nuevos artículos al Código de Ética partidario, que fue elaborado por el Tribunal de Conducta de la ANR.

Al respecto, señaló que la propuesta del Tribunal de Conducta es incorporar bajo la denominación de: “Título VI del Código de Ética de la A.N.R.. Art. 12°: El afiliado candidato por el Partido que trasgreda las disposiciones establecidas en la legislación nacional sobre el Financiamiento Político, la Prevención de Lavado de Activos, y la Financiación del Terrorismo, será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del Partido”, explicó.

Agregó, que en caso de que el afiliado que sea candidato a un cargo electivo, vuelva a ser reincidente, conforme al artículo 12° incorporado; será suspendido en sus derechos de afiliado. “El afiliado candidato del Partido que incumpliere la resolución emanada del por el Tribunal de Conducta, así como la reiteración de trasgresión de los arts. 12 y 13, de este Código, será pasible de expulsión de los registros del Partido”, preciso.

Almirón añadió que la recomendación del Consejo de apoderados es que “en el futuro, se debería diseñar un nuevo Código de Ética que incluya la vigente y estas modificaciones, volviéndolo moderno, organizado y con una redacción más ordenada”, acotó.

Los miembros de la Junta de Gobierno, que fueron convocados por su presidente Horacio Cartes, mantuvieron su reunión ordinaria en la sede partidaria donde entre otros puntos aceptaron la renuncia del miembro titular de la Junta de Gobierno, Luis Viedma Vigo, quien argumentó motivos de salud y laborales. Acto seguido convocaron a su suplente Álvaro Lorenzo Scappini, que pasó a ocupar la vacancia y conformar el quórum de la sesión del día.

Posteriormente, el pleno acompañó la aprobación de 14.525 nuevas afiliaciones, así como la solicitud de 260 reincorporaciones de los que han cumplido el pase a retiro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios judiciales.

Otro punto analizado por el pleno partidario fue la propuesta de la Comisión de Organización Partidaria, a través de la cual aconsejó la nominación de tres seccionales coloradas. La primera fue la Seccional N° 462 de Puerto Adela de Canindeyú, con el nombre de “Don Amancio Ramiro Mendoza Romero”; la otra es la Seccional N° 232 de San Miguel, Misiones con el nombre de “Don Fredy Cardozo Ramírez”; y la Seccional N° 187 de Itakyry, de Alto Paraná con el nombre de “Ing. Carlos Alberto Aguilera Paniagua”.

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La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.

“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.

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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.

Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.

“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.

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