La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderada por Horacio Cartes, dio curso favorable al proyecto de modificación de artículos de su Código de Ética con el fin de castigar a sus candidatos a cargos públicos que transgredan las disposiciones establecidas en la legislación nacional referente al financiamiento político, la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los cambios fueron planteados por el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional ya con miras a las elecciones municipales previstas para el 2026 y las presidenciales en el 2028. Las nuevas sanciones serán aplicadas únicamente por el citado órgano y sus resoluciones serán apelables ante una convención ordinaria.

Indica que las sanciones solo serán impuestas con la observancia de las garantías del debido proceso. Las modificaciones se centran específicamente en el artículo 12 en donde se establece que el afiliado candidato en internas o en representación del partido será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del partido.

El articulado señala además que la multa será calculada en base a las normas reglamentarias emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Otra de las modificaciones aprobadas por los miembros de la junta se centra en el artículo 13 del Código de Ética donde se sostiene que el afiliado sancionado que reincidiere en la trasgresión prevista en el artículo anterior será suspendido en sus derechos de afiliado por un plazo de hasta 5 años, previo procedimiento sumario ante el Tribunal de Conducta.

También fue modificado y aprobado el artículo 14 el cual indica que el afiliado candidato que reitere la conducta prevista en los artículos 12° y 13° de este código será pasible de expulsión de los registros del partido. La misma pena será impuesta al afiliado que incumpliere la resolución emanada del Tribunal de Conducta, proveniente de los dos artículos citados. En ambos casos para la imposición de la sanción se deberá seguir el procedimiento sumario.

“A partir de la aprobación y la firma del acta que ocurriría en días sucesivos, ya entra en vigencia plena dentro del Partido Colorado como régimen disciplinario”, manifestó el abogado y apoderado de la nucleación política, Wildo Almirón.

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La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica la Ley n.º 4457/12, “Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes). Esta iniciativa presentada por varios senadores plantea la modificación de 43 artículos.

Durante su estudio, las comi­siones de Legislación, Econo­mía, Industria y Comercio, así como Ciencias y Tecno­logía recomendaron la apro­bación con modificaciones; y luego de su tratamiento el pleno aprobó por mayoría. El documento pasa a Diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill, uno de los pro­yectistas, explicó que lo que se busca es la formalización de las mipymes, el acceso a créditos favorables, la flexi­bilización laboral y un régi­men especial en el IPS para la cobertura de salud. Res­pecto a la formalización, señaló que se busca simplifi­car los trámites e idealmente eliminar costos. Además, la modificación de la legislación incluirá otros beneficios para las mipymes.

“Realmente estamos ante una ley que va a beneficiar a muchísimos compatriotas, ya existe la ley que es de 2012, pero realmente tiene mucha carga y mucha burocracia”, explicó.

La Cámara de Senado­res sancionó el pro­yecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexua­les a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cam­bios introducidos por los dipu­tados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada ayer con el voto positivo de 36 legisladores y con esto se remite al Poder Ejecutivo para su pro­mulgación o veto. Las diferen­tes comisiones recomendaron acompañar los cambios rea­lizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contem­pla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de liber­tad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

“El texto de Diputados intro­dujo mejoras de forma que ameritan ser aceptadas. Pro­pone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y, además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el sena­dor Luis Pettengill, presi­dente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Liza­rella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, cele­bró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejem­plares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudada­nos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo. En la misma línea opinó su colega Rubén Veláz­quez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Para­guay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son nece­sarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abu­sos infantiles vamos a necesi­tar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

Durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, los miembros aprobaron por unanimidad la aplicación de una Plataforma de Afiliación Digital, respetando todas las consideraciones técnicas que permitan la correcta identificación de los interesados. Además, el pleno acompañó la modificación del Código de Ética partidaria para que se ajusten a las legislaciones vigentes sobre el financiamiento político.

En tal efecto, la apoderada general Magnolia Mendoza pasó a detallar el dictamen emitido por la Comisión de Apoderados, conforme a la propuesta planteada por la Comisión de Afiliaciones. Señaló que la propuesta es viable y no sustituye a las afiliaciones tradicionales previstas en el estatuto partidario. No obstante, remarcó que se deberá prestar especial atención a la no vulnerabilidad del sistema a través de la plena identificación del usuario que accede al mismo.

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“Por lo tanto, es nuestro parecer que, si se cumplen con todas las especificaciones técnicas contenidas en este documento, es jurídicamente viable la implementación de la Campaña Permanente de Afiliación en Línea”, expresó la apoderada sobre la conclusión del dictamen.

Asimismo, el apoderado general Wildo Almirón se refirió al dictamen emitido por la Comisión de Apoderados que aconsejó al pleno la aprobación del proyecto que Incorpora nuevos artículos al Código de Ética partidario, que fue elaborado por el Tribunal de Conducta de la ANR.

Al respecto, señaló que la propuesta del Tribunal de Conducta es incorporar bajo la denominación de: “Título VI del Código de Ética de la A.N.R.. Art. 12°: El afiliado candidato por el Partido que trasgreda las disposiciones establecidas en la legislación nacional sobre el Financiamiento Político, la Prevención de Lavado de Activos, y la Financiación del Terrorismo, será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del Partido”, explicó.

Agregó, que en caso de que el afiliado que sea candidato a un cargo electivo, vuelva a ser reincidente, conforme al artículo 12° incorporado; será suspendido en sus derechos de afiliado. “El afiliado candidato del Partido que incumpliere la resolución emanada del por el Tribunal de Conducta, así como la reiteración de trasgresión de los arts. 12 y 13, de este Código, será pasible de expulsión de los registros del Partido”, preciso.

Almirón añadió que la recomendación del Consejo de apoderados es que “en el futuro, se debería diseñar un nuevo Código de Ética que incluya la vigente y estas modificaciones, volviéndolo moderno, organizado y con una redacción más ordenada”, acotó.

Los miembros de la Junta de Gobierno, que fueron convocados por su presidente Horacio Cartes, mantuvieron su reunión ordinaria en la sede partidaria donde entre otros puntos aceptaron la renuncia del miembro titular de la Junta de Gobierno, Luis Viedma Vigo, quien argumentó motivos de salud y laborales. Acto seguido convocaron a su suplente Álvaro Lorenzo Scappini, que pasó a ocupar la vacancia y conformar el quórum de la sesión del día.

Posteriormente, el pleno acompañó la aprobación de 14.525 nuevas afiliaciones, así como la solicitud de 260 reincorporaciones de los que han cumplido el pase a retiro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios judiciales.

Otro punto analizado por el pleno partidario fue la propuesta de la Comisión de Organización Partidaria, a través de la cual aconsejó la nominación de tres seccionales coloradas. La primera fue la Seccional N° 462 de Puerto Adela de Canindeyú, con el nombre de “Don Amancio Ramiro Mendoza Romero”; la otra es la Seccional N° 232 de San Miguel, Misiones con el nombre de “Don Fredy Cardozo Ramírez”; y la Seccional N° 187 de Itakyry, de Alto Paraná con el nombre de “Ing. Carlos Alberto Aguilera Paniagua”.

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