El Frente Guasu tuvo la intención de instalar un aumento impositivo al tabaco de 24% durante el estudio del Presupuesto General de la Nación en el Senado, para incluirlo como un articulado y lograr incrementar los ingresos fiscales. Pero el pleno de la Cámara Alta rechazó esta idea porque no correspondía la técnica legislativa en el proyecto del PGN 2022, por ignorar una ley impositiva vigente.
La votación arrojó 23 por el rechazo, 14 votos por la aprobación, 3 abstenciones y 5 ausentes. El senador Juan Carlos Galaverna sostuvo que no se podía establecer un aumento impositivo a través de esta ley financiera y que correspondía que se aplique como modificación a las leyes impositivas.
Para la senadora Zulma Gómez no se puede presionar a las industrias en pandemia, pidió que se le deje al Ministerio de Hacienda la tarea de reasignar las tasas impositivas adecuadas de acuerdo a sus estudios técnicos.
Por su parte, el senador Sergio Godoy añadió que el procedimiento no es la técnica legislativa adecuada teniendo en cuenta que la industria nacional también es víctima del sistema que se tiene por la informalidad y los altos costos que implica estar en un país mediterráneo. Aseguró que “este tipo de aumentos lo que hace es que se aumenten los gastos rígidos. No reditúa en un Estado eficiente, porque cualquier impuesto trae mayor gasto público y perjudica al empleo”.
Mientras los senadores estaban votando, el senador Fidel Zavala expresó unas palabras y se refirió al planteamiento de la bancada del Frente Guasu como un show en torno a más impuestos. Por su parte, el senador Sixto Pereira le advirtió que se preparen por las repercusiones que traería, sosteniendo el fin mediático que tenía la idea.
Fue la senadora Esperanza Martínez quien pidió incrementar el impuesto al tabaco al 24%, que sería la tasa máxima que hoy se establece en la ley. “Lo que hace Hacienda por decreto, lo haremos por la ley transitoria para que entre en vigencia en el 2022″, dijo. Alegó como fin principal la recaudación de US$ 15 millones para financiar la ley para agricultura, la salud, que ya está establecida en la ley.
También sugirió la no devolución del IVA al exportador de soja, que sería US$ 140 millones recaudado. Pero su idea de generar mayor presión tributaria al sector productor no está acorde a la crisis sanitaria y económica que se vive por la pandemia del COVID-19.
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