El expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy, mediante una nota remitida hoy a la entidad Itaipú, presidida por el director paraguayo Manuel María Cáceres, instó a la binacional a expedirse respecto al informe emitido por la Contraloría con respecto a la denominada “deuda espuria”, que guarda relación con la entrega de energía eléctrica a menor costo a Brasil, lo que generó una deuda de más de 4.000 millones de dólares para Paraguay. Al respecto, Wasmosy mencionó que se siente personalmente afectado de manera “injusta” debido a que el examen especial a la deuda de la entidad también salpicó a su gobierno.
El documento presentado por el exjefe de Estado menciona que “lastimosamente, hasta el momento las autoridades paraguayas de la binacional no han manifestado públicamente su desacuerdo con el informe de la CGR, ni lo han cuestionado o rechazado. El hecho de que no se haya puesto a consideración previa a la entidad auditada el referido informe no libera a la misma de la obligación de expedirse sobre tal cuestionado documento”.
Entre los puntos que solicita Wasmosy a la entidad se centra específicamente en que la Itaipú se manifieste y conteste públicamente sobre el informe de la CGR, de julio del 2021, rechazando los diversos puntos contenidos en el mismo y sus conclusiones con amplia difusión pública y con copias a la Fiscalía General del Estado (FGE).
A la vez que desde la binacional se confirmen o desmientan las informaciones que circulan sobre la existencia de un informe elaborado por la Itaipú que contiene una respuesta técnica al informe de la Contraloría. Por otra parte, en caso de haberse constatado fehacientemente algún acto lesivo para los intereses de la entidad, relacionado con el informe de la Contraloría, sea hecha la denuncia ante los estamentos judiciales del Paraguay para su investigación y juzgamiento, conforme a lo dispuesto en el art. XXI del Tratado de Itaipú.
“Estoy orgulloso de los resultados de las negociaciones sobre la deuda de Itaipú realizadas durante mi gobierno y que culminaron exitosamente en el año 1997, estableciéndose definitivamente el equilibrio económico-financiero que hoy se disfruta y garantizándose la cancelación de la deuda en el año 2023, que nadie creía, con lo cual Paraguay y Brasil dispondrán de un patrimonio estimado en más de 60.000 millones de dólares totalmente amortizado en igualdad de derechos y condiciones”, refiere el documento.
Informe cuestionado por prestigiosos técnicos
Por otra parte, Wasmosy cuestionó el actuar de la Contraloría, argumentando que dicho informe fue publicado sin haberse corrido traslado a la entidad y sin que la binacional hiciese sus descargos correspondientes como establecen las normas administrativas y específicamente en su caso, el de la propia CGR.
“Lejos de aclarar el tema de la deuda, ha creado confusiones sobre el particular afectando a varias personas, a la Itaipú, al gobierno nacional y al Paraguay. El informe es cuestionado por prestigiosos técnicos del sector eléctrico nacional e internacional, al considerarlo incompleto, incorrecto y apoyado en premisas falsas por la cual sus conclusiones sobre las tarifas aplicadas en el pasado y sobre la deuda de Itaipú son equivocadas”, puntualizó.
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Agrega además que la denominada “deuda espuria”, mencionada en el informe de la CGR, “supuestamente originada en el periodo 1985-1990 como consecuencia de menores tarifas aplicadas” que arrojaron una reducción de ingresos de Itaipú para cumplir con sus compromisos de entonces, fue extinguida con la “primera gran renegociación de la deuda de Itaipú con la Eletrobrás” realizada en el año 1990, conforme a registros obrantes en la Dirección Financiera de la entidad. “Por lo tanto es incorrecto afirmar que la misma se arrastró y siguió creciendo hasta 1996, hasta convertirse alegadamente en una deuda vencida de 4.193 millones con Eletrobrás”, indica.
Deuda pagada y cancelada
En el documento, Wasmosy señala que la deuda fue originada por otros factores, conforme a los registros obrantes en la Dirección Financiera de la binacional, y ya fue pagada y cancelada en el periodo 1997-2001 mayoritariamente por Eletrobrás (Furnas/Electrosul), como resultado de las negociaciones del año 1997. “Así, no corresponde asociar la denominada deuda espuria con la deuda vencida registrada en los asientos contables de Itaipú, ni decir que fue reconocida o convalidada por los negociados paraguayos”, sostiene.
El exjefe de Estado comentó también que el mismo parecer sobre el informe de la CGR comparten tanto Cáceres, consejeros, directores y los asesores conforme a lo que manifestó en una ocasión el director paraguayo mediante una reunión junto con prestigiosos conocedores de Itaipú.
“Nos convocó para elaborar una respuesta para el descargo. Según informaciones, la versión final está lista hace meses, en un extenso documento elaborado por la Dirección Financiera y que habría sido compartida en el Directorio, en el cual se estaría rechazando con argumentos técnicos el informe”, refiere.
En ese sentido, expresa que el propio director financiero de la binacional ante políticos, el canciller, representantes de la Ande, Itaipú, en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el 16 de noviembre pasado, manifestó su desacuerdo con el informe de la CGR.
“Yo hice esta nota viendo que Itaipú, no sé si tiene órdenes de arriba o de abajo para no contestar las falsedades que envió en su declaración la Contraloría, que si quiere intervenir o auditar alguna empresa, primero tiene que enviar una nota o visitar para ver toda la documentación y registros contables y si encuentra algo donde hay una discrepancia ahí puede lanzar y enviar al Ministerio Público. Este señor no pasó, ni visitó. Le hicieron este informe que por razones políticas para conseguir su reelección como contralor, lo lanzó”, indicó el exmandatario en comunicación con el diario La Nación.
Wasmosy apuntó contra el “Tribunal Popular”
Mediante la carta, Wasmosy señaló que un grupo de políticos realizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra varios expresidentes, cancilleres, presidentes de la Ande e integrantes del Directorio Ejecutivo y del Consejo de Administración de Itaipú, lado paraguayo.
“Como grupo ha conformado un Tribunal popular o especial, prohibido en la CN en sus artículos 9, 2da. parte, 16, 2da. Parte, 17, apartado 3, y concordantes con el nombre de Plataforma Ética Ciudadana para dictaminar “sobre la deuda espuria de Itaipú y sobre la responsabilidad ética de los funcionarios involucrados”, integrado por la organización denominada Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional y el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia”, indicó.
En ese sentido, menciona que esa “Plataforma Ética Ciudadana”, por medio de supuestos “peritos acusadores” realizó “análisis de la deuda espuria de Itaipú y de la deuda con comunidades indígenas”, con resultados también equivocados contenidos en su informe, que abarca desde el gobierno que impulsó y firmó el tratado hasta el gobierno actual, con profundas críticas sobre los presidentes de Paraguay en todo ese periodo, con algunas excepciones.
Falta de autorización por motivos electorales
El expresidente agregó por otra parte que es evidente la intención del mencionado Tribunal Popular de “hacer un juzgamiento en forma indebida e injusta, en un proceso irregular e inconstitucional, con veredicto anticipado, a personas que prestaron servicios meritorios a nuestro país”.
“Señor director, todos los hechos mencionados están causando muchos daños a la imagen de la entidad, como al nombre y la honorabilidad de un centenar de personas que no tienen la oportunidad ni los elementos para defenderse porque la dueña de la verdad por los documentos y registros contables, Itaipú, no responde ni desmiente públicamente el informe de la Contraloría. Se desconocen los motivos, aunque circulan rumores de falta de autorización superior para el efecto por motivos electorales”, sentenció.