La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, salió al paso de las declaraciones del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien minimizó estos 20 años de constantes plagios, extorsiones y amenazas que ejerce el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al decir que a su criterio no existe la industria del secuestro. Al respecto, la titular del Ministerio Público indicó que desconoce en qué se basa el ministro y señaló que respeta su opinión, pero que en absoluto la comparte.

En comunicación con Universo 970 AM, la representante del Ministerio Público destacó que se ratifica en afirmar que en Paraguay se instaló la industria del secuestro basándose en los 20 años de trabajo que lleva en la lucha contra este delito.

“No sé en qué se basará el ministro, puede tener estadísticas, respeto su opinión, pero yo me baso en 20 años de lucha contra el secuestro, él solo pasó por un periodo momentáneo por alguna causa, no perteneció a la Unidad Especializada de Antisecuestro, pero respeto su opinión”, enfatizó la fiscala general.

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Quiñónez recordó que el ministro Giuzzio fue en su momento colega suyo en la Fiscalía y que intervino en algunos casos, participó parcialmente en el caso de Cecilia Cubas, pero remarcó que Giuzzio nunca fue miembro de la Unidad Especializada de Antisecuestro. “Yo respeto su opinión, porque no quiero entrar en ninguna polémica innecesaria”, acotó.

Asimismo, lamentó que al momento de la comunicación con Universo 970 AM no disponía a mano de cifras exactas sobre los recursos que mueve la industria del secuestro en el país, pero sí señaló que el Ministerio Público realizó un análisis cuantificado sobre cuánto se pagó por cada secuestro, sobre la recuperación de esos recursos, citó por ejemplo que en el caso de María Edith Bordón de Debernardi se logró recuperar U$S 50.000; otros U$S 28.000 del secuestro de Luis Lindstron, así como pequeñas sumas de entre mil a tres mil dólares en otros secuestros.

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“En realidad muy poco dinero se recuperó de los fondos que pagaron las víctimas. Se pagaron por varios secuestros sumas importantes. Así como se pagó por varias extorsiones y varios pagos por impuesto revolucionario. Tenemos varios de esos casos, de gente que sí quiere colaborar y otra gente que prefiere pagar el impuesto revolucionario y ni siquiera avisa a las autoridades”, precisó.

Lamentó la falta de sensibilidad de su colega, quien no midió el impacto de sus expresiones. Quiñónez remarcó que para ella es un asunto sumamente delicado, ya que le tocó vivir de cerca con las víctimas de los secuestros y sus familiares y lo sigue viviendo y sobre todo doliendo que no puedan dar con el paradero de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y el exvicepresidente Óscar Denis, que llevan años desaparecidos.

“Yo en ese aspecto, a parte de ser fiscal, siempre fui muy sensible con las víctimas del secuestro y con sus familiares. Porque ellos viven lo que es la muerte suspendida en el secuestro. No es fácil, a mí me tocó y te hablo de hace 20 años cuando secuestraron a María Edith Bordón de Debernardi, recuerdo bien hasta ahora que los hijos de María Edith eran pequeños y estaban desesperados y de rodillas rezaban por su mamá. Recuerdo, nunca voy a olvidar, cuando Enzo, su hijo pequeño, agarra un mapa de Paraguay y me pregunta dónde estará su mamá. La tristeza de ese niño entonces es imborrable”, concluyó la fiscal general.

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