La directora de Recursos Humanos de la Cámara Alta, Norma Cardozo Vázquez, a través de un comunicado defendió su designación y permanencia en el cargo bajo el argumento de que se trata de un puesto de confianza en virtud de la norma Nº 1.626/2000 de la Función Pública.

En ese sentido, la funcionaria detalla que accedió al cargo durante la presidencia del senador Fernando Lugo, del Frente Guasu (FG), quien terminó por honrar los resultados del concurso público del cual participó en el 2016, compitiendo contra el señor Rolando Ozuna y César Sánchez, este último reclama actualmente el cargo tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a su favor y haber denunciado que la mujer accedió al cargo mediante un acuerdo político.

Al respecto, Cardozo Vázquez indicó que en el concurso logró obtener el puntaje mayor alcanzando el 83,50%, mientras que Ozuna, con un total de 76,01%, se había quedado con el segundo lugar y que finalmente Sánchez, con 75,71%, obtuvo el tercer lugar de la lista de puntuaciones, ocupando igualmente la dirección por un periodo de un año.

El documento emitido por la funcionaria detalla que “el señor Sánchez recurre a la medida administrativa en lo contencioso-administrativo logrando una sentencia que ordenó la reposición en el cargo u otro de igual categoría, motivo por el cual el entonces presidente del Senado, Silvio Ovelar, le propuso un ascenso y de percibir un salario mensual de G. 8.000.000 pasaría a ganar G. 12.200.000, más la designación como asesor con una bonificación de G. 3.660.000, totalizando así la suma mensual de 15.860.000, propuesta que fue aceptada por el funcionario”.

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Agregó que Sánchez terminó por firmar un “acta de manifestación de voluntades” con Ovelar, con lo cual se oficializó el acuerdo entre ambas partes el 30 de mayo del 2019, de conformidad al Código Civil en su art. 715.

“Cabe destacar que el Senado cumplió a cabalidad el acuerdo, no así Sánchez, quien en fecha 27 de julio de 2020 vuelve a solicitar al presidente del Senado, Óscar Salomón, el cumplimiento de la sentencia de reposición, pasando por alto que su caso es un tema concluido; es más, el acta de manifestación de voluntades fue comunicado al juzgado y se encuentra pendiente de homologación, por lo que no existe ningún desacato ni pena pecuniaria contra el Senado”, refiere.

Finalmente, indica en el comunicado que su capacidad es cuestionada por el hecho de ser mujer. “En honor a mi carrera administrativa, en mi lucha como mujer, ya que pareciera ser que cuando se trata de un hombre, aunque salga en tercer lugar, igual se merece un cargo relevante; mientras que por ser mujer, aunque gané el concurso, se cuestiona mi capacidad”, puntualizó.

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