La Cámara de Senadores deberá pagar la suma de G. 300 millones al exfuncionario César Sánchez, quien fue desvinculado del cargo de director de Recursos Humanos del estamento presuntamente por un pacto político realizado por el senador Fernando Lugo, del Frente Guasu (FG) y el incumplimiento por parte del colorado Óscar “Cachito” Salomón, de una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sánchez fue desvinculado del cargo bajo el mandato de Lugo, al frente del Congreso Nacional violando presumiblemente un concurso público y designando como directora a la funcionaria Norma Cardozo, respondiendo a acuerdos políticos.
Ante el conflicto, Sánchez apeló la decisión del parlamentario del FG, ante la Justicia, que ordenó mediante y un acuerdo y sentencia Nº 25 emitida ya desde el 20 de marzo del año 2019, su reposición al cargo de director o en otro de igual categoría y remuneración.
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El documento está firmado tanto por Rodrigo Escobar, miembro del Tribunal de Cuentas; primera sala, María Celeste Jara; miembro del Tribunal de Cuentas, segunda sala y Martín Ávalos, miembro del Tribunal de Cuentas, primera sala.
Sin embargo, la sentencia judicial no fue cumplida también por sucesivos titulares del Legislativo como por ejemplo los senadores Silvio “Beto” Ovelar, del Partido Colorado y Blas Llano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).