La campaña legislativa del Frente Guasu sigue enfocada en las invasiones de propiedad privada, buscando las herramientas legales para defender a invasores que cometen abusos. Los senadores de esta bancada presionan con apoyo del sector campesino que exige la regularización de las tierras. Este jueves figura nuevamente un pedido de expropiación.

El Senado estudiará en la sesión del jueves un proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo un inmueble ubicado en el lugar denominado Ycua Caranday, en Luque. Los senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez piden su transferencia a favor de los actuales ocupantes, unas 26 familias.

La semana pasada, también había presionado para que se logre la expropiación del inmueble que corresponde a la estancia Pindó, pero por amplia mayoría de 22 votos contra 11 a favor, el plenario rechazó la propuesta de ley presentada por el Frente Guasu ya en el 2014. Los legisladores siguen insistiendo en la recuperación de las tierras malhabidas, producto de una transacción fraudulenta durante la dictadura.

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A su vez, desde la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) convocaron hoy a una manifestación sobre el puente Tebicuary, en Tavaí-Caazapá, donde exigieron tomar medidas por los desalojos que se están dando en el país para dar cumplimiento a la ley que penaliza las invasiones. Este tipo de organizaciones tienen estrecha relación con los senadores del Frente Guasu para lograr la presión política y popular de estos actos ilegales.

“Ante las olas de desalojos forzosos, violentos e ilegales por la defensa de las comunidades campesinas e indígenas del distrito de Tavaí, departamento de Caazapá, se convoca a movilización ciudadana desde mañana sobre el puente Tebicuary”, decía el anuncio que dio a conocer el sindicato.

De esta forma, siguen advirtiendo en sus redes sociales que, que ante los desalojos en Tavaí y en otras comunidades, los campesinos de varios asentamientos se encuentran organizando intervenciones ante cualquier intento de ser desalojados. La medida se da luego del desalojo realizado el jueves pasado por la fiscala Sandra Ledesma en el asentamiento María La Esperanza, en Tavaí, donde viven 10 familias.

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