El Ministerio Público imputó a Roberto Almirón y Ángel Zaracho por coacción a órganos constitucionales, perturbación de la paz pública e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre al liderar el bloqueo por parte de los camioneros en los meses de julio y agosto pasado. Ambos se atienen a una pena máxima de 15 años de prisión.

El día de ayer, en la casa del cuestionado diputado Miguel Cuevas, el imputado Roberto Almirón, sobre el que pesa un pedido de arresto domiciliario, brindó su apoyo político incondicional al aspirante presidencial Hugo Velázquez.

Tanto el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, como el secretario de Mario Abdo, Mauricio Espínola, orgullosos divulgaron fotos en las que se observa que recibieron el apoyo de los camioneros imputados que en su momento ahogaron la economía y pusieron en zozobra a la ciudadanía. Pareciera ser que se olvidan de la coacción que soportaron su gobierno y el Senado.

El Código Penal tipifica como hecho punible contra órganos constitucionales al que mediante el uso de la fuerza o la amenaza coaccionara, en este caso, al Congreso Nacional. En esa línea, Fiscalía solicitó arresto domiciliario para Almirón y Zaracho, y este martes 16 de noviembre tienen la audiencia de imposición de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Garantías Nº 9 de Asunción.

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El abogado Ricardo Preda, en contacto con La Nación, explicó que en representación de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Federación de Cooperativas de Producción Limitada (Fecoprod) y la Cámara de Procesadores de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) denunciaron tanto a Roberto Almirón y Ángel Zaracho por coacción a órganos constitucionales.

“Nosotros siempre indicábamos que no estábamos en contra de la protesta, sino que estábamos en desacuerdo con los actos de violencia que no justifican absolutamente ninguna protesta y que representan hechos punibles de acción penal pública”, expresó Preda.

Indicó que ellos en su momento indicaron que marcharían “sin piedad” sobre Asunción si es que no se aprobaba la ley. Señaló que eso constituye en sí mismo una coacción a los órganos constitucionales, en este caso al Congreso Nacional, al condicionarles a que aprueben una ley.

Aclaró que el paro es un derecho constitucional, pero no el bloqueo y la coacción a los que no se adhirieran. El Ministerio Público los imputa no por el paro, sino por las amenazas a los órganos constitucionales y a las personas que circulaban por las rutas y por generar obstáculos en el tránsito.

Consultado sobre cuál órgano fue coaccionado, señaló que ”el Senado fue el primer órgano constitucional que atendió un proyecto en el cual ellos querían fijar precios, algo que debería fijarse por la oferta y la demanda”. Puntualizó que un indicador claro de que hubo una coacción es que en la primera vuelta, luego de los hechos de violencia, tuvieron más de 30 votos.

Posteriormente, cuando la gente empezó a protestar contra los bloqueos de los camioneros, los senadores se dieron cuenta que no era necesario trabajar bajo la presión de estos gremios y consiguieron solo 8 votos para tratar en la segunda vuelta, explicó Preda. “Esto demuestra que inicialmente tuvo un efecto coactivo contra el Senado”, aseveró el abogado respecto a la acusación por coacción a órganos constitucionales.

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